Por Luis María Serroels, especial para ANALISIS DIGITAL

Nuestra columna política no se aparta de su costumbre semanal al abordar esta cuestión, porque nos compete a todos los argentinos observar detenidamente los hechos recientes. En 1992 y 1994, sentimos el dolor provocado por la sinrazón y el odio de personas, armadas por personas y contra personas. Fue mucho antes de los atentados que derrumbaron las torres y la tristeza, desazón e impotencia permanecen hoy intactas.

La Casa Blanca ha tenido buenos y poderosos motivos para atacar a quien causara tantas víctimas en 2001. Pero los bombardeos a Irak, buscando armas nucleares de destrucción masiva a sabiendas de que eran inexistentes -era el petróleo irakí lo que en definitiva se pretendía- no diferenciaron sexo, edades, sitios ni circunstancias. No identificaron aliados ni enemigos de Saddam Hussein a la hora de lanzar bombas y misiles en un país cuya reconstrucción posterior fue encomendada a empresas estadounidenses vinculadas con miembros del Pentágono (el periodista Jorge Lanata exhibió entonces por TV en riguroso detalle el nombre de empresarios y su relación con funcionarios que los favorecieron con millonarios contratos). Estas cosas conturban el ánimo cuando se originan en un país que se cree campeón de la democracia y gendarme del orbe, pero que tiene sus pecados que expiar.

“George Bush proclamó la legitimidad de la mentira”, sostuvo Stephan Erik Bronner, profesor de Ciencias Políticas de la Rutgers University de New Brunswick (EE.UU.) cuando se invadió Irak. “Hasta ahora el ministro de relaciones Exteriores Colin Powell, no ha dado ninguna prueba cierta de la existencia de armas de destrucción masiva en poder de Irak, de lo que habló en su extenso discurso en las naciones Unidas”, señaló el catedrático en declaraciones comentadas en el diario Página 12 por el escritor Osvaldo Bayer.

¿Habrá evaluado Barack Obama los daños y consecuencias colaterales de este asalto a la mansión de Laden, en territorio ajeno y en abierta violación del derecho internacional? ¿Porqué no se detuvo al ultra terrorista para juzgarlo y eventualmente aplicarle la condena que correspondiese y no exponiéndose a oficiar de caníbal comiéndose a otro caníbal? El espaldarazo político recibido por Obama tras la muerte de Laden, podría volatilizarse si las represalias no tardan en aparecer. Quien no lo advierta, es porque habita dentro de una burbuja, porque los daños colaterales no son cuentos de brujas.

El gran enojo norteamericano por Setiembre-11, fue repotenciado por el hecho de recibir en carne propia lo que ese país realiza en conflictos regionales –verdaderos o artificialmente generados- a partir de la segunda guerra mundial, exhibiendo datos espeluznantes sobre armamentismo nuclear. Desde luego que todos coincidimos en condenar enérgicamente las hazañas de Bin Laden y el episodio luctuoso que destruyó las Twin Towers. Pero a la luz de las revelaciones que van surgiendo, todo indica que el operativo que terminó con la vida del talibán responde a la teoría de los dos demonios: el terrorista es el demonio malo y los Estados Unidos representan al demonio bueno (casi como se instaló durante el Proceso Militar que azoló la Argentina entre 1976 y 1983).

Utilizar la misma metodología que se condena, no hace a nadie mejor que su enemigo. Todo esto cobra intensidad al conocerse que Laden “estaba desarmado pero se resistió” (?), con lo cual se confirma que fue un asesinato. ¿Porqué no se lo capturó si los marines de élite estaban adiestrados para cualquier hipótesis contingente? ¿No hubiera sido más sensato trasladarlo a una base militar y juzgarlo –incluso con un jurado internacional- para que el mundo conozca todos los pormenores de la acción terrorista y las naciones del mundo sepan a qué atenerse en un futuro cercano?

Aún en el caso de haberse violado el espacio aéreo y territorial de Afganistán, está claro que la comunidad internacional hubiese recibido con beneplácito un juicio contra Bin Laden, porque ello hubiera trazado un punto de inflexión en la guerra contra el terrorismo. Una noticia que trascendió por los medios en las primeras horas del miércoles 4, daba cuenta de que las precisiones sobre el paradero del hombre más buscado del planeta fueron obtenidas mediante tortura. Entonces ¿dónde está la política de derechos humanos proclamada por Estados Unidos? ¿No era que Obama había prohibido que se utilicen métodos coercitivos corporales y psíquicos de características aberrantes para conseguir declaraciones de los prisioneros? ¿Los tratados internacionales no rigen para todos?

A esta altura y no siendo necesariamente fidedignos los datos proporcionados por los propios matadores de Laden, que no tienen quién los desmienta, van surgiendo suspicacias nada descartables e interrogantes con asidero. ¿Hubiera sido conveniente para la Casa Blanca un juicio en el cual el detenido hable demasiado sobre su pasado común con el Pentágono y la CIA? Porque, acéptese, el muerto era un archivo móvil y ¡qué archivo!

No son pocos quienes especulan que este paso –que ya está originando resquemores-, puede tener vinculación con las necesidades políticas de Barack Obama, quien ya anunció su propósito de ser reelecto. Sería necio soslayar cómo la sociedad norteamericana salió a festejar esta noticia y ello le sirve a los demócratas que gobiernan. Sus consejeros en política internacional y su Secretaria de Estado, Hillary Clinton, quizás subestimaron la situación, porque suponer que Al Qaeda puede desmembrarse a partir de esta pérdida, es ilusorio. Una organización de ese nivel no se desarticula así nomás por la caída de su líder, porque su estructura precisamente está concebida piramidalmente para sobrevivir en circunstancias como ésta. Y aún en el caso de que el impacto resulte muy traumático, no es descabellado suponer que en un hipotético desbande, surjan raptos de locura con acciones criminales e indiscriminadas, porque para ello han sido preparados los terroristas.

Al anunciar un portavoz de la Casa Blanca, que no se mostrarían las fotografías del cuerpo de Laden porque ofrecen imágenes truculentas que podrían tener un efecto incendiario, es para Al Qaeda tan explosivo como haberlo hecho. ¿A un hombre desarmado se le pueden inferir semejantes lesiones que no pueden ser exhibidas públicamente?

Una joven estudiante paranaense, al ser encuestada en la calle sobre este hecho que sacudió mundialmente, respondió con llamativa madurez que “ninguna muerte debe celebrarse y no se puede festejar un asesinato, por más cruel que haya sido Bin Laden”. Hubo otra respuesta que coincide con su pensamiento y una tercera que convalida la actitud del pueblo estadounidense, aunque debemos insistir que los festejos se hubieran podido ahorrar para cuando un tribunal lo hubiera condenado.

Decíamos al comienzo que Argentina no debería estar muy tranquila a partir de ahora. Ya fue escenario de un par de atentados que la política y la justicia vernáculas se ha venido encargando de des-investigar, amén de que algún funcionario actual mantiene cordiales relaciones con el país imputado de haber apoyado esos ataques alevosos que mataron y mutilaron a decenas de argentinos. No tentar al león herido sería prudente, tanto como imprescindible profundizar todas las líneas investigativas.

Las imágenes desgarradoras del choque de aviones con pilotos suicidas e inocentes pasajeros contra el Trade Center de Manhattan, aún hoy nos siguen impactando y serán imposibles de olvidar. Pero desperdiciar la oportunidad de llevar al gestor intelectual (el planificador está preso en Guantánamo) ante jueces capaces e incorruptibles, no hace ninguna gracia.

El Instituto Nobel de Noruega le otorgó a Barack Obama el Premio Nobel de la Paz 2009. ¿Se lo revalidaría hoy sabiendo que la operación contra Bin Laden tuvo su diseño a partir de la tortura autorizada e institucionalizada? ¿Y que ello incluyó asesinar a alguien desarmado y arrojar su cuerpo al mar, quitándole al mundo que ansía la paz, la posibilidad de conocer al terrorista más odiado y sobre todo los planes de Al Qaeda para intranquilizar a 6.500 millones de seres humanos? (a propósito, el marine que disparó su arma contra una persona inerme, será condecorado por Obama). Estamos ante un tema sustancial para los expertos y un motivo de preocupación para la aldea global.

Muchas veces hay gobiernos que se definen democráticos, pero utilizan procedimientos que los equiparan con los terroristas que dicen combatir y terminan exacerbando a otros grupos radicalizados que, como la dinamita, obran por efecto de simpatía en una suerte de “guerra santa” (ninguna religión puede cobijar estas actividades).

Demandar prudencia y respeto a los estadistas de países que se dicen civilizados, es algo que al terrorismo nihilista y ciego jamás se le puede pedir. Hacer del crimen apenas parte de sus herramientas para imponer ideologías y ganar espacios políticos, es su estrategia deletérea. No existen límites sino objetivos y, como ha quedado demostrado, nadie queda exento. Los argentinos lo sabemos muy bien.

Salud: sugestiva renuncia

En agosto de 2008, una noticia publicada en el diario Clarín indicaba que la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, había ordenado iniciar un sumario administrativo para detectar irregularidades cometidas al aplicarse sobreprecios y celebrarse contratos exorbitantes en el desarrollo del Plan Nacer, que entonces invertía 430 millones de dólares para disminuir la mortalidad infantil, financiando el sistema de salud pública a través de cápitas e incentivos. El plan prevé atender hasta 2011, la cobertura de 700.000 mujeres y niños de todo el país.

Esta especie repercutió en Entre Ríos, llevando a que la responsable de la unidad local, licenciada Sonia Velásquez, coloque las cosas en su lugar, informando que aquí no se manejan compras ni dinero y que toda suma se transfiere a una cuenta bancaria desde la cual se la reenvía a distintos puntos de la provincia a los que viene imputada. Quedó así en claro que las cosas se hacían con limpieza, frente a los comentarios suscitados por el mal manejo advertido en Buenos Aires.

Pero Velásquez no se limitó entonces a reaccionar ante el secretario de Programas Especiales, Juan Carlos Nadalich, defendiendo la transparencia de las acciones locales, frente a un episodio que tendía un manto de sospecha y sembraba el desconcierto, sino que aprovechó la ocasión para reivindicar el Plan Nacer como herramienta transformadora al interior de los sistemas de salud provinciales. Existen constancias de que la gestión respondía sin problemas a las exigencias de los controles y monitoreos rigurosos emanados de las distintas auditorías.

Conociendo la labor de Sonia Velásquez, no ofrece sorpresa alguna su renuncia a la conducción del plan en tanto sus observaciones frente a la Asignación Universal por Embarazo, según su criterio, se sustentan en que no se dan en este ámbito las condiciones adecuadas para una buena implementación que depende de otros niveles de conducción. La ahora ex funcionaria, considera la decisión de la presidente “fundamental para poner en visibilidad un derecho básico a la atención de la salud materno infantil”. No obstante advierte que “ello requiere de acciones programáticas planificadas y sostenidas por parte de los efectores públicos para garantizar eficazmente este derecho (…) de no ser así perderemos una oportunidad histórica para mejorar la calidad prestacional de las embarazadas y niños”.

Si bien Velásquez describe que los distintos centros de salud provinciales, municipales y hospitales disponen de un nomenclador básico prestacional materno infantil en el que se encuentran contenidas las prestaciones fundamentales requeridas para dar cuenta de la agenda de atención (para cada ninñ/niña/embarazada), “al día de la fecha todavía los centros de salud y hospitales no incorporan cabalmente el sentido de la oportunidad de trabajar con población a cargo, apelando para ello al padrón nominalizado del grupo etáreo materno infantil (con el que ya cuentan) a fin de programar la oferta de salud, para ingresar a los mismos al sistema de atención en forma oportuna”.

Lo que la ex titular del plan demanda, es que se trabaje mancomunadamente entre las áreas sustantivas del Ministerio de Salud, que en su rol de rectoría sanitaria puedan contribuír al fortalecimiento de la misión organizacional de cada efector y con sentido de población a cargo.

Una serie de exigencias y requisitos que hacen a la tarea global del cuidado de la salud y en especial del sector materno-infanto-juvenil, es lo que se reclama y sin cuyo sustento –dice la renunciante- la accesibilidad, la cobertura por agenda sanitaria y la mejora en la calidad prestacional de cada una de las embarazadas y niños de esta provincia, se está viendo vulnerada en la cobertura efectiva básica”. Asimismo reprocha que “muchos efectores, ante la Asignación Universal por hijo, firman únicamente la Libreta Sanitaria, pero esta acción no se ha visto registrada en un historial clínico que dé cuenta de una agenda sanitaria con atributos de calidad para el niño”.

Las consideraciones son más extensas, pero basta con lo expresado para entender que su continuidad en la función le resultaba muy complicada y su presencia era incompatible con cierta carencia de criterios en los estratos más altos, donde las falencias deberían ser atendidas y superadas por acciones en uso de facultades indelegables.

En lo sustancial, se trata de que las áreas con responsabilidad frente a los derechos de embarazadas y niños, junten esfuerzos para que decisión de Cristina Fernández encuentre un buen almácigo. Es decir, cada uno en su rol pero todos alrededor del plan en un ejercicio de sinergia. Y que esto sirva para igualar oportunidades en el acceso a los servicios de salud con excelencia. Una obligación inexcusable del Estado, aunque ciertos funcionarios a veces no lo interpreten lo suficiente.

Salto Grande ¿hacia la corruptela?

Las denuncias sobre presuntos manejos dolosos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, sigue dando qué hablar y seguramente traerán cola. Se sabe que el agrimensor Fernando Alba Posse, despedido de dicho ente, salió públicamente a abordar la cuestión referida a actos de corrupción que comprometerían a algunos funcionarios de la CTM. Por ello planteó el tema ante el doctor Enrique Stola, vicepresidente del ente cuyo delegado argentino es el ex Intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto. Según la información, Stola habría formulado una denuncia ante un tribunal bonaerense porque –y esto es más grave aún-, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay no le merecería confianza por tener varios casos pendientes ante el Consejo de la Magistratura.

Se sabe que Alba Posse fue echado luego de sus imputaciones y molestado por ribereños con amenazas de muerte para él y su esposa, Ana María Huergo, ya que las acusaciones apuntan a irregularidades en la expropiación de tierras antes de erigirse la represa. La mujer, lejos de amilanarse, remitió sendas notas a los presidentes de Argentina y Uruguay, interiorizándolos de la situación.

De todo esto se hizo eco el presidente del Congreso Provincial partidario de la Unión Cívica Radical, Alberto Rotman, manifestando que Cresto, teniendo conocimiento del expediente, no sólo no acompañó con su firma esta advertencia sino que expresó que “hay que ser más prudente en el tratamiento de estos temas”. El dirigente político reclamó que estos hechos sean esclarecidos.

Pero hay más: se informó que el titular de la Asociación de Ribereños del Río Uruguay, Alejandro Zamora, fue muerto de un balazo el 29 de abril luego de haber concedido una nota relacionada con el tema. En esa entrevista, había admitido que las liquidaciones indemnizatorias a pobladores de zonas inundables, habían sido “truchas” porque se efectuaron a “ojímetro”. Rotman reclamó una investigación meticulosa, advirtiendo que el gobierno provincial no puede mirar para otro lado ante este grave hecho de corrupción y recordando que el gobernador tiene injerencia directa en los nombramientos de los funcionarios de la comisión administradora. Por ahora el silencio ha sido toda la respuesta.

Colofones

1.- El Vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, habría adoptado la determinación de abandonar el cargo para retornar al ruedo político. La decisión no sería apresurada: parece que ya tendría un sitio asegurado en un orden expectante dentro de la lista de candidatos a diputados provinciales del urribarrismo. En buen romance, gane o pierda el oficialismo, Castrillón tendría su banca garantizada. Conviene recordar que el aludido ya fue en varios períodos legislador en ambas cámaras, hasta que de la mano de Jorge Pedro Busti desembarcó en el Poder Judicial. A la mejor manera de la vaca empantanada, su reconocimiento al conejo lo demostraría aliándose con el actual gobernador. Algunos le llaman pragmatismo, pero los Manuales de Etica le dan otra acepción. Está visto que las pasiones políticas suelen afectar la memoria. Si bien un medio lo da por hecho, el Intendente de La Paz, José Nogueira, salió a desmentir la noticia. Al momento de cerrar esta columna, el actual magistrado no lo había hecho.

2.- Parece que las empresas aéreas no sólo se encargan de hacer volar aviones. En el caso de Aerolíneas Argentinas, presidida por Mariano Recalde (hijo del diputado nacional y asesor de la CGT moyanista, Héctor Recalde), también se hacen volar recursos que deberían formar parte de las ganancias. Ello se desprende de que la línea de bandera (una paquetería K que cuesta mucha plata a millones de argentinos que jamás se subirán a una aeronave), tendrá este año pérdidas por 387 millones de dólares (algo así como 1.550 millones de pesos). Este déficit resulta un 40 % superior al estimado, siendo el costo operativo un verdadero pozo negro. Insólitamente, el funcionario se jactó de que ya hay 12 aviones de Embraer (adquiridos a la industria aeronáutica brasileña sin licitación y con sobreprecios). Más aviones=más viajes=más pérdidas. Recalde culpa al aumento del petróleo crudo este desfasaje y el hombre de la calle se preguntará: ¿tiene sentido seguir manteniendo una empresa que carcome las finanzas argentinas, mientras a los jubilados se les niega el pago del 82 % móvil? Si la venta de pasajes aumentó este año un 140 % y el déficit crece, ¿no habrá llegado la hora de atribuírle esta situación a la mala gestión de los directivos? Hasta la semana que viene.