Este jueves, la novedad era que la mujer involucrada en la presunta venta presentó su documento de identidad para poder inscribir a su hijo recién nacido. La fuente del nosocomio que evitó ser identificada, dijo a El Diario que la intención inicial de la madre era anotar al bebé sin presentar documento de identidad, cosa que no se puede hacer para no alterar los datos reales sobre los progenitores.

Contó además que cuando la mujer llegó al centro asistencial, ya había una denuncia anónima sobre el presunto interés de la venta del menor. Y extraoficialmente se conoció que los interesados en el niño eran dos parejas de Gualeguaychú -que pulseaban entre sí para quedarse con el bebé-, y que se habrían hablado de valores que van desde los 6 mil a los 8 mil pesos.

Es preciso señalar que este jueves también se dio a conocer un caso que involucra a un matrimonio de Buenos Aires y con elevado poder adquisitivo. Según esa situación puntual, el hombre intentó anotar como propio el hijo de una pareja de baja condición económica oriunda del departamento Islas, pero que tuvieron su hijo también en el Hospital Centenario.

Se suma a ese otro caso más en el que estaría involucrada una pareja de extranjeros y allí se hablaba de un pago de hasta 40 mil dólares, pero no trascendieron mayores detalles de esta historia.

Las últimos dos situaciones irregulares recalaron en el Juzgado Federal con sede en Concepción del Uruguay, a cargo del juez Gustavo Pimentel. Asimismo, se indicó que en ambos actuó el Foro Social Infancia Robada, la ONG que conduce la religiosa Martha Pelloni, y que en Gualeguaychú tiene una oficina.

Precisamente la coordinadora del foro en esa ciudad, la abogada María Angélica Pivas, dijo que “ya tomó intervención en el (reciente) caso el Copnaf”, en referencia al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.

Precisamente el titular del organismo estatal, Raúl Solanas, había denunciado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que en la localidad de La Paz se venían produciendo situaciones similares.

En una nota que presentó en mayo pasado al STJ, Solanas reclamaba que “se adopten urgentes medidas para evitar hechos repetitivos”, y propuso a la Justicia que la mira se ponga sobre las clínicas privadas.