Por Luis María Serroels (*)

La añeja controversia suscitada por la situación de claro privilegio de que gozan ciertos miembros del Poder Judicial y más aún, los argumentos que se acostumbra utilizar para justificarlos, desdibujan el sagrado precepto de igualdad ante la ley. De tal manera que nos enfrentamos a un virtual “oxímoron” (expresión que resulta de la combinación de dos términos de significado opuesto en una misma estructura). Ejemplos: calma tensa; pequeño gran hombre; ligero sobrepeso; silencio atronador; secreto a voces y muchos más. Ergo: “justicia privilegiada” sería un oxímoron.

Se entiende por privilegio  a la “ventaja exclusiva o especial de que se goza por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia”.

La exención de una carga, un gravamen, una obligación o una norma que una persona con autoridad concede a otra de forma excepcional, siempre debe tener fuertes fundamentos.

No sólo por lo que entraña como falta de igualdad sino por los muy discutibles argumentos de que se valen los favorecidos para cohonestarlo (“dar apariencia de justa o razonable a una acción que no lo es”).

Algunos voceros han intentado justificarlo en el hecho de que no disponer de una autonomía económica tranquilizadora los expondría a no plasmar la debida excelencia en sus fallos. De allí que –por un simple acto de nivelación- ¿no debería extenderse a quienes desempeñan tareas de riesgo de vida o cualquier profesión que demande una fuerte concentración al momento de acometer movimientos de sumo peligro? ¿Sería acaso más seguro si se los liberara del Impuesto  a las Ganancias? Al menos no se conocen planteos.

Imaginemos que un cirujano deba ejecutar una operación de gran complejidad que exige enorme destreza, un pulso a toda prueba y además la capacidad de alejar de su pensamiento sus problemas, que bien podrían estar originados en un ingreso diezmado por el ya famoso impuesto. ¿No podría acaso aspirar a la exención tranquilizadora frente a semejante responsabilidad? Ello valdría para millares de asalariados que ven menguados sus emolumentos por esta merma en perjuicio de ingresos que lejos están de ser cuantiosos.   

“Si para todos no es la manta, que para todos sea el frío”, dijo Arturo Jauretche (pensador, escritor y político argentino).

El doctor en leyes Mariano Moreno; el abogado por elección, militar por circunstancia y creador de la bandera por amor a su Patria, Manuel Belgrano (que murió en la más triste pobreza); el autor del Código Civil, eminente jurista Dalmacio Vélez Sarsfield, amén de otros admirables argentinos amantes de la austeridad ¿hubieran demandado privilegios por sus servicios a la Patria? Si desde 1853 el hecho de administrar justicia ya es un gran privilegio, ¿por qué ampliarlo con groseras excepciones?

Habría que averiguar cuán grande sería el porcentaje eventualmente disminuido a los haberes en el Poder Judicial. Se habla de que un equivalente a ese monto resultaría mayor que el total de haberes de millones de argentinos que desarrollan tareas críticas y extenuantes.

Defender la intangibilidad salarial como garantía de independencia, es admitir cierto grado de vulnerabilidad ante las tentaciones.

A los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial ingresados a partir de 2017 se les retiene este impuesto de acuerdo a un Protocolo del Consejo de la Magistratura y que se sepa nadie ha sido por ello denunciado por maniobras de flaqueza moral o entrega a la seducción del dinero fácil. Están incluidos en igual régimen los que ejercen la carrera judicial, como los secretarios de Juzgados. Los designados antes del 31 de octubre de 2016 continuarían exentos del gravamen. Tampoco quedarían alcanzados otros ítems.  

“Nos parece un avance importante en la dirección correcta, para lograr que cada vez más jueces paguen ganancias bajo una única reglamentación”, dijo sin sonrojarse el entonces ministro de Justicia Germán Garavano (en 2018, sólo 8 jueces nacionales pagaban el Impuesto a las Ganancias y ningún fiscal).

Recientemente se divulgó que una “abrumadora” cantidad de trámites jubilatorios de funcionarios sobrevendrían ante la anunciada reforma previsional que podría afectarlos, por lo cual es necesario pasar a la pasividad cuanto antes (se dijo que entre 100 y 150 jueces se disponían  a presentar sendas renuncias), y ello presagia un colosal traslado de causas a Juzgados que ya sufren abarrotamiento de expedientes. Varios jueces federales y camaristas de Santa Fe ya emigraron del servicio activo para proteger sus actuales ingresos.

Claro está que se le teme a una eventual merma derivada del acortamiento salarial por el tan temido gravamen del que hoy se exceptúan. Cuando se defiende a capa y espada un privilegio, no se es un juez justo.

Como era esperable, la reacción institucional de los jueces ha sido de absoluto rechazo y ahora se trata de ablandar a los legisladores oficialistas y opositores.

La retirada colectiva está claro que complica. Tras este procedimiento, se dispondría de jueces subrogantes, que son aquellos suplentes que cubren el lugar de un juez titular cuando éste renuncia, toma licencia, se excusa o no pueda ejercer o actuar por distintas razones.

En estos mecanismos interviene el Consejo de la Magistratura, órgano a cargo de la administración del Poder Judicial, compuesto por representantes de los jueces, los abogados, las dos Cámaras del Congreso, el Poder Ejecutivo y  académicos. Para poder hacerlo se necesita la mayoría de los miembros presentes en el plenario.

No resulta ocioso reflexionar sobre una cuestión que a muchos se les pasa por alto. ¿Qué favores especiales les podrán hacer los legisladores a los magistrados respecto de los proyectos en marcha anunciados por el Poder Ejecutivo, en la medida que se relea en su totalidad el artículo 16º de la Ley Suprema:?: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos, sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Algunos legisladores vaticinan que con la futura ley podría producirse un éxodo judicial y  ello tiene un tufillo a chantaje frente a las modificaciones en ciernes. Otras voces expresan –quizás temerariamente- que a más vacantes por jubilación habría más posibilidades de cubrirlas con postulantes cercanos al poder, en momentos que se recalienta la situación de CFK, pero allí deberá estar el reaseguro del Consejo de la Magistratura, donde la política partidaria no debería meter sus narices.

Hay profesionales de  muchas ramas que también requieren total tranquilidad y serenidad al momento de ejercer su sagrado cometido. Y hallan el modo de alcanzar los mejores resultados sin desprenderse del molesto e inevitable gravamen Pero si ley pareja no es rigurosa, que sea realmente pareja (como dijera Jauretche).

Dato imperdible: el haber promedio jubilatorio y la pensión de los jueces es de $ 272.099 brutos. En diciembre último el máximo valor liquidado fue de $ 770.128 y la pensión de $ 612.860. Hay 480  beneficiarios que perciben más de $ 500.000. 

Pero el universo de diplomáticos también goza de ingresos nada despreciables (exceptuado de abonar Ganancias). Si el embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, se jubilase hoy, cobraría $ 354.292 (los guarismos son tomados de un informe del diario La Nación). En mayo de 2012 Cristina Fernández anticipó que en la agenda legislativa de dicho año se incluiría terminar con las jubilaciones de privilegio de jueces y del servicio exterior de la Nación. Allí irrumpió “engaña pichanga”, desconociéndose a quién le creció la nariz.

En Argentina hay millones de asalariados que, al igual que los jueces, no pagan Impuesto a las Ganancias. ¿Por qué?  Simplemente porque con sus ingresos no llegan a fin de mes.

A esta altura pocos dudan de que el aporte como virtual “muleto” de Daniel Scioli para lograr quórum el pasado jueves, fue fríamente urdido. Si aún no ha culminado el trámite normal para desembarcar en nuestra embajada en Brasil ¿en calidad de qué –si no fue para presentarlo formalmente- integró la comitiva de Alberto Fernández en su  reciente viaje a ese país? Ya se sentía diplomático. Ya se asume como tal. ¿La demora en sellar su nueva condición no fue acaso  una maniobra especulativa ante posibles dificultades del oficialismo en la cámara baja?  Hay buenas y malas lenguas, según se trate de buenos y malos políticos.

(*) Especial para ANÁLISIS