Por Luis María Serroels (*)

Cuando los argentinos creíamos que ya habíamos conocido todo tipo de desaguisados y desbarajustes políticos, abusos contra la justicia y abandono de la racionalidad, el presidente armó una medida que ningún país serio se atrevería a impulsar so pena de incurrir en un acto de irrespetuosidad para con la división de poderes. Su repercusión negativa –salvo para los favorecidos- era previsible.

Así como existen delincuentes seriales, asoma la figura y las ideas de los liberadores seriales en tanto cualquier juez quedaría habilitado para ello. Suman unos 2.300 los reclusos que, bajo el argumento de su situación de riesgo frente al Covid-19, se van a sus casas. ¿Qué garantía queda para los que continúan presos, en tanto el peligro de contagio deviene de un atacante invisible que demostró no hacer distinciones etarias?

Es útil citar que todo esto motivó la declaración de inconstitucionalidad de la Acordada de la Cámara de Casación Penal que recomendó concederles prisiones domiciliarias a aquellos incursos en delitos no violentos o presos en grupos de riesgo.

El juez Germán Castelli se pronunció en tal sentido criticando el “paternalismo jurídico” de la resolución y habló de “impertinencia constitucional” que atenta contra el “principio de independencia de los jueces”.

Analiza que “cada magistrado o jueza  tras el estudio del caso continuará haciéndose cargo frente a la sociedad y la historia de las consecuencias de sus decisiones como lo manda la Constitución Nacional”.

Aquí hubo chantaje serial y cuando se difunde que el principal negociador en nombre de los presos tras los graves incidentes de la semana pasada es un asesino también serial, la crisis adquiere mayores dimensiones. Excarcelaciones, libertades y arrestos domiciliarios son el coctel más peligroso para la tranquilidad pública.

La denominada Ley de Víctimas sancionada por el gobierno de Mauricio Macri obliga a los jueces a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de otorgar la libertad o la prisión domiciliaria a un preso. Está claro que los únicos que no corren el más mínimo riesgo de sufrir el odiado virus son las víctimas de los homicidas hoy tan beneficiados por decisiones jamás imaginadas en tanto se vulnera un derecho y pone en peligro la tranquilidad de familias enteras en cuyo seno exista alguien amenazado por sus atacantes al momento de los fallos condenatorios.

Una oportuna y necesaria consulta formulada a un respetado jurista local, nos dio un panorama preciso y preocupante a la vez.

“Se trata de presos  con sentencia firme. Tienen que estar recluidos en una Unidad Penitenciaria como manda la ley. Son medidas arbitrarias, abusivas que no van a poder revertir”, nos dijo, preguntándose “¿Cómo se va a proteger al cuerpo social con todos estos tipos liberados?.  Es una actitud discrecional sumamente peligrosa que va a provocar un grave conflicto, un recrudecimiento y aumento del delito. Se les da la libertad sin previa notificación  a las víctimas. A esto no lo ha hecho ningún país del mundo”.

Hay experiencia sobre casos donde los liberados –sea cual fuere el fundamento de tal decisión- reincidieron en cometer delitos pero además se vengaron de las víctimas de sus fechorías que declararon en los juicios condenatorios tal como lo habían advertido.

El Poder Ejecutivo admitió su incapacidad para controlar a los favorecidos por esta medida que traerá consecuencias aún no calculadas, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió que accionará contra los magistrados que liberen presos y en especial que no respeten la Ley de Víctimas. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, señaló que “pretender controlar a los detenidos con una tobillera, es un verso (…) si de mí dependiera no saldría ninguno”.

Está claro que los 2.330 liberados hasta el momento significan el temor  de 2.330 familias de víctimas de homicidios, femicidios, robos, asaltos, violaciones y estafas. Por ende no pocos deberán dormir con un ojo abierto porque si se acepta lo dicho por Berni cobra actualidad la vendetta prometida en las propias salas de cada juicio.

¿Alguien se pregunta qué ocurrirá por estos días con los nuevos detenidos que revelen estar entre los grupos de riesgo? ¿Deberán permanecer en la comodidad de sus domicilios con tobillera hasta que se vaya el coronavirus?

Resulta evidente que esta movida ha generado un estado de nerviosismo dentro del gobierno justo cuando no da abasto la lucha contra la pandemia. Máxime que no se trata de una materia opinable sino que están en juego claros preceptos constitucionales que deben ser preservados.

Al momento de cerrar esta columna, 207.000 firmas había registrado un sitio web contra la liberación y se anticipa para este jueves un gran cacerolazo nacional.

(*) Especial para ANÁLISIS