Por Juan Cruz Butvilofsky (*)

La legalización del autocultivo de cannabis y la posibilidad de que se puedan obtener los productos elaborados en las farmacias implica un claro avance en la ampliación de derechos en la Argentina. La decisión del gobierno de Alberto Fernández es el resultado de la lucha de centenares de organizaciones y activistas de todo el país que vienen reclamando por un cambio en el paradigma en el abordaje sobre la planta de marihuana.

Son miles las familias que necesitaban consumir pero les es imposible el acceso ya que la ley 27.350 de cannabis medicinal votada en 2017 terminó un cascarón vacío que sólo permitía negocios de magnitud (como el del hijo del gobernador de Jujuy Gerardo Morales) pero impedía el acceso real a los usuarios. Esto fue gracias a la reglamentación escueta que realizó Mauricio Macri en sintonía con la política y el discurso represivo de Patricia Bullrich.

Organizaciones como Mamá Cultiva surgieron para resolver ese problema mediante su militancia y activismo, pero siempre en un ámbito de clandestinidad que criminalizaba a madres que sólo querían producir una medicina para sus hijos e hijas. Este es sólo un ejemplo de la enorme cantidad de personas que vivieron expuestos al rigor del Código Penal por el hecho de mejorar su calidad de vida.

Así como hay miles de usuarios del cannabis en sus distintos tipos de consumo (terapéutico, recreativo, paliativo, etc.), son millones las personas que no conocen los beneficios y el potencial de la marihuana ya que la prohibición no sólo reprime el consumo sino también el desarrollo de investigaciones científicas en la materia. Algo similar ocurre con las carreras de medicina y como se forman profesionales de la salud.

Lo mismo ocurre con la cuestión cultural, aunque el recambio generacional ha puesto en evidencia que las generaciones jóvenes tenemos un vínculo distinto con el cannabis y eso tracciona al resto de la sociedad en un cambio que a esta altura es irrversible. No obstante, sigue habiendo cabezas por abrir mediante el activismo, la militancia y la argumentación.

Tener una planta de marihuana en la casa, ya sea para consumo mediante el porro, aceite o cremas, no hace a nadie un delincuente. Los delincuentes son los que forman parte de la cadena del narcotráfico que elaboran, distribuyen, venden y permiten que todo eso ocurra con el prensado-paraguayo.

Son ellos los que hacen que inocentes paguen con sangre el precio de lo clandestino, mientras el consumidor está expuesto a la ilegalidad por una ley que ya quedó rancia.

El camino para combatir al narcotráfico no es el de correr de atrás con el código penal, sino que está en cambiar el paradigma para controlar la situación y reducir los riesgos. En este punto, la decisión del gobierno es un avance pero aún falta mucho camino por recorrer.

Mientras tanto, lo que sigue ocurriendo es que por más que haya investigaciones correctas que coarten a una banda determinada en el ámbito de la Justicia Federal, es que estos resultados no hacen otra cosa que mejorar la situación de los que no son detectados por el radar judicial incrementando la demanda de sus negocios por tener un oferente menos.

Esto se ve con mayor claridad en el ámbito del menudeo y la ley vigente en nuestra provincia: mientras se desactiva un punto de venta, el que nunca es allanado aumenta sus rendimientos.

Pero además, la legislación actual se encuentra con otras limitaciones que son las complicidades de quienes deberían actuar en nombre de la ley pero usan sus lugares para un rédito personal mediante el vínculo con el narco: la complicidad policial y política de la que sobran evidencias.

Retomando el tema de la salud, en lo que vincula al consumo problemático con las drogas hay que decir un par de cosas. Primero, debe dudarse con seriedad de la idea que habla que la marihuana “es la puerta de ingreso a otras drogas” ya que la realidad suele ser mucho más compleja y tiene que ver con el contexto social, la educación y las posibilidades. Segundo, también hay que dudar respecto al mito de que la marihuana es adictiva. Tercero, en el caso de consumos problemáticos de todo tipo de droga la salida nunca puede ser desde el Código Penal y la criminalización sino que la respuesta del Estado debe ser la de la salud pública y mental (algo que se empezó a hacer con el cambio de la Ley de Salud Mental pero que choca con la matriz punitivista que se impone).

Es imposible no remontar al 2012, cuando el 9 de julio realizamos junto a quienes formábamos parte de la familia radial y cultural de Los Mocosos, lo que fue la primera jornada pública reclamando cambios en la política respecto a la marihuana en Paraná. Al menos así lo referenció Iván Malajovich, activista que impulsó la militancia y que hizó un registro de la evolución de la lucha en la región.

Aquel día más de 100 personas disfrutaron en la explanada del anfiteatro Santángelo de Paraná de una jornada cultural donde artistas y activistas compartieron sus ideas bajo el sol en nuestro Parque Urquiza. Todos y todas reclamando un cambio que en ese momento parecía difícil. También recuerdo que aquella jornada había causado cierto malestar en algunos punteros que vendían drogas y nos lo hicieron saber. Quizá esto último sea una señal.

(*) de ANÁLISIS