El secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza, defendió el proyecto de ley de modernización del Estado enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura y sostuvo que la iniciativa busca dar respaldo normativo a la transformación digital que impulsa la gestión de Rogelio Frigerio.
La propuesta contempla la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, la regulación de la gobernanza de datos, nuevos mecanismos para contrataciones tecnológicas y la consolidación de los procesos administrativos digitales que actualmente se desarrollan en la administración pública provincial.
En declaraciones al programa Un martillo para darle forma - Radio Plaza, Gainza explicó que la iniciativa surgió a partir de las dificultades normativas encontradas durante la implementación del expediente electrónico y de la plataforma Mi Entre Ríos, dos de los principales ejes de la estrategia de modernización del Estado.
“El problema que empezamos a encontrar es que gran parte de la legislación vigente tiene entre 20 y 30 años y no contempla herramientas que hoy son indispensables para la gestión pública digital”, afirmó.
Según indicó, las normas actuales presentan limitaciones para contratar servicios tecnológicos, licencias de software o soluciones de almacenamiento en la nube. “No podíamos contratar nube ni trabajar con muchas compañías tecnológicas porque la legislación fue pensada para otra época”, señaló.
El funcionario destacó que actualmente entre el 45 y el 50 por ciento de los aproximadamente 200.000 expedientes que se tramitan cada año en la provincia ya se gestionan de manera completamente digital y consideró necesario consolidar ese proceso mediante una ley que le otorgue mayor estabilidad institucional.
“Queremos darle fuerza normativa a esta transformación y garantizar que en el futuro no se vuelva al papel ni a los trámites analógicos”, remarcó.
Uno de los capítulos centrales del proyecto está vinculado a la inteligencia artificial. Gainza explicó que la iniciativa reconoce formalmente el uso de esa tecnología dentro del Estado, aunque bajo criterios de transparencia, responsabilidad y protección de datos.
“Lo que planteamos es incorporar la inteligencia artificial como una herramienta que llegó para quedarse, pero dentro de un marco ético y seguro”, sostuvo.
Otro de los aspectos incluidos en la propuesta es la regulación de la denominada gobernanza de datos. Según explicó, el objetivo es establecer criterios para la administración, almacenamiento y protección de la información que maneja el Estado provincial, siguiendo experiencias ya implementadas en otras jurisdicciones como Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, destacó la incorporación del denominado principio de “una sola vez”, que apunta a evitar que los ciudadanos deban presentar reiteradamente documentación que ya obra en poder de organismos estatales.
“La idea es que el Estado deje de pedir datos que ya tiene o que ya le solicitó alguna vez a una persona”, explicó.
En materia de compras y contrataciones, Gainza señaló que el proyecto crea un marco específico para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos, una necesidad que, según afirmó, no está contemplada adecuadamente en la normativa vigente.
“Hoy para contratar una licencia muchas veces hay que recurrir a intermediarios y eso termina encareciendo los costos. Queremos normalizar estas herramientas y abaratar gastos para el Estado”, afirmó.
Consultado sobre los mecanismos de control, aseguró que la digitalización no implica una reducción de los estándares de transparencia y señaló que la iniciativa mantiene los controles existentes, aunque adaptados a entornos digitales.
Además, destacó que el expediente electrónico ya permitió reducir significativamente los tiempos de tramitación administrativa. Como ejemplo, indicó que un decreto provincial pasó de demorar en promedio 90 días a resolverse en alrededor de 28 días.
Respecto de la seguridad informática, explicó que toda la documentación digital generada por la administración provincial cuenta con tres copias almacenadas en distintos repositorios, siguiendo estándares internacionales de resguardo de información.
“Cada documento se replica tres veces en lugares diferentes para garantizar su preservación. Además contamos con protocolos de ciberseguridad similares a los que utilizan otras provincias y organismos nacionales”, afirmó.
El proyecto de ley ingresó recientemente a la Legislatura provincial y forma parte de la estrategia oficial para profundizar la digitalización de trámites, optimizar recursos y reducir costos operativos dentro de la administración pública entrerriana.
