Por Daniel Enz (*)

Estamos a 45 años del golpe de Estado y Entre Ríos no estuvo al margen de lo que sucedió en buena parte del país. Aquí hubo secuestros de dirigentes, de madres y de bebés; desapariciones, crímenes impunes de militantes, torturas, violaciones, centros clandestinos de detención. Hubo detenidos que se arrojaron narcotizados al río desde los aviones de la Armada y la Fuerza Aérea, para que murieran ahogados en el Delta Entrerriano. Y también llegó a Paraná ese brazo del horror de la Operación Cóndor, para llevarse para siempre al médico paraguayo Agustín Goiburú, después que policías de Entre Ríos, de la Federal y del Ejército, hicieron el trabajo sucio de apoyo logístico, para darle el gusto al entonces presidente militar Adolfo Stroessner, quien hizo desaparecer al dirigente a poco de su llegada. 

Pero también hubo una sociedad que miró para otro lado y una Iglesia donde muy pocos sacerdotes escucharon a familiares de víctimas y abrieron las puertas de su parroquia, pese a que sabían que el poder los iba a castigar de una u otra manera. 

Hubo muy escasos abogados que se animaron a presentar habeas corpus por desaparecidos entrerrianos, pero la gran mayoría se escondió y marcó alianzas con una justicia cómplice de ese poder militar, donde salvo unos pocos magistrados se plantaron ante los poderosos y después sufrieron atentados en sus domicilios, como represalia. 

También hubo médicos civiles y con rango militar, que cumplían funciones en hospitales castrenses o en dependencias de Sanidad militar, en esta provincia. Ellos vivieron situaciones en forma personal de la dictadura, de demasiada gravedad, pero miraron para otro lado. Callaron y ocultaron.  

Acá hubo empresarios y gremialistas que pactaron con el poder militar. No pocos empresarios hicieron buenos negocios en Entre Ríos, con el Estado castrense, en especial con la construcción y con el inicio de la democracia, varios de ellos siguieron haciendo lo mismo, sin que nadie les reclamara nada. Y numerosos gremialistas ligados a esos negocios comían, en silencio cómplice, de esa misma mano manchada con sangre. 

Aquel trabajo silencioso iniciado en democracia por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, por aquellas víctimas del horror y por organismos de derechos humanos, lograron que con el tiempo llegaran a condenas y resarcimientos. Es importante recordar que en esas tareas de investigación hubo algunos diputados que a principios del ’84 integraron una Comisión Bicameral que inició el trabajo de testimonios, que luego siguió en la Justicia Federal, con la tarea fundamental del fallecido fiscal federal paranaense Juan Varisco Bonaparte, que sufrió como nadie esa investigación silenciosa por verdad y justicia. No era lo mismo investigar en 1984 que en el 2003, cuando la mayoría de los jerarcas y sus subordinados estaban muertos o con serias enfermedades y ningún tipo de poder. En el '84, los fiscales de Paraná recibían amenazas casi a diario y los militares, en el edificio ubicado a no más de 30 metros y aún con una importante porción de poder, ejercían absoluta presión sobre quienes los investigaban. Sobre la gente de la justicia y también sobre abogados, víctimas y periodistas.

Fue incansable la lucha de madres, abuelas, víctimas y familiares del horror. Pero no alcanzó. La tarea de la justicia fedeal no pudo lograr, ante el paso del tiempo, leyes de impunidad e indulto mediante, condenas a policías, agentes penitenciarios, servicios civiles de inteligencia dependientes del Batallón 601 que comandaba Pajarito Suárez Mason -diseminados en Paraná- y tampoco con los cómplices de diferentes sectores de nuestra sociedad, que se cansaron de hacer negocios con la dictadura. Ni sanciones económicas tuvieron estos últimos; ni los obligaron a devolver tierras que se apropiaron de la mano del poder militar. De lo tanto que se apropiaron de ese Estado cercado por el poder castrense.

Hubo mucha gente que dejó la vida para que se hiciera justicia. Para consolidar un país mejor, más justo y en libertad. Pero hubo también quienes se disfrazaron con trajes y cargos que no les correspondían, a partir del '84 y en especial a partir del menemismo o del kirchnerismo. Que durante años hablaron de memoria y democracia, pero terminaron haciendo lo mismo que aquellos que saqueaban y se quedaban con propiedades, pero esta vez con negociados por izquierda, simplemente para engrosar sus patrimonios en nombre del pueblo. 

Ojalá la justicia pueda llegar con toda su firmeza a estos vendedores de ilusiones, farsantes del poder democrático y mercenarios de poca monta, hoy transformados en millonarios con el dinero de los contribuyentes. 

A 45 años, memoria y justicia por todos aquellos luchadores de la década del ’70, que siguieron siendo coherentes en su accionar y forma de vivir, con compromiso y humildad por tanta gente necesitada. Esos son los que valen. A los que debemos seguir reconociendo en esta etapa de la democracia Argentina. Ellos siguen siendo los imprescindibles de esta sociedad injusta, aunque pocas veces -quizás demasiadas- se los reconoce en estos tiempos.

(*) Periodista. Director de ANALISIS. Autor de los libros Rebeldes y ejecutores I y II (1995) y (2008), sobre la dictadura en Entre Ríos.