Por Julio Solanas (*)

En estos días se debate el futuro del control de la principal vía navegable por la que se transporta cerca del 90% de las exportaciones de nuestro país hacia el mundo, hablamos de la Hidrovía Paraná – Paraguay.

La necesidad de superar el escollo que constituye el vencimiento del actual contrato de concesión a fin de garantizar su navegabilidad no debe llevarnos a caer en el error de pensar en soluciones de corto plazo exclusivamente, sino que debemos retomar el legado patriótico de Soberanía, que tiene su antecedente elocuente en la defensa ejercida contra el bloqueo anglo-francés en 1845 en la Batalla de la Vuelta de Obligado, que hizo frente a las aspiraciones extranjeras de monopolio del comercio en nuestras aguas, las cuales siguen aún vigentes con tecnologías muy superiores y más sutiles que la navegación a vapor.

Es de vital importancia comprender el alcance de las cuestiones que se debaten, que no sólo plantean desafíos técnicos, como la posibilidad de la construcción del proyectado Canal Magdalena, y las propias de la materia, sino principalmente el estrecho vínculo que tienen con la posibilidad de recuperar el ejercicio de una Soberanía real y completa, a partir del control pleno y el mantenimiento óptimo del corredor.

El Gobierno Nacional, junto a las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, el 28 de agosto de 2020 han suscripto el Acuerdo Federal Hidrovía, que implica asumir el desafío de recuperar el ejercicio de la Soberanía desde una perspectiva federalista a través de la creación de la empresa estatal “Sociedad Administradora Hidrovía”.

Tengo la convicción de que los temas que hacen a la Soberanía Nacional deben ocupar el primer lugar en la labor institucional, dado que ésta constituye el marco que contiene y asegura el desarrollo económico y social de nuestro país y de nuestra provincia. Por ello, he presentado en febrero de este año un proyecto para que la Cámara de Diputados y Diputadas de Entre Ríos declare de interés el mencionado acuerdo y la creación de la empresa del Estado como un instrumento idóneo para el ejercicio de la Soberanía.

Desde aquel acuerdo se ha avanzado en la creación del Consejo Federal Hidrovía, integrado por el Gobierno Nacional y las provincias signatarias.

Resulta indudable la importancia que representa la Hidrovía desde la perspectiva económica para el futuro desarrollo de nuestro país como vía natural de transporte para el comercio internacional. Constituye para nuestro país y los de la región su puerta al mundo.

Pero es aún más importante definir la posición que debemos asumir desde la perspectiva política y cultural, porque si bien es cierto que la Argentina y el mundo atraviesan momentos muy difíciles para la salud y la economía, sin duda complejos para la toma de decisiones de fondo, no es menos cierto que estas dificultades deben ponernos en alerta para la defensa de los más serios intereses de nuestro país.

No se debe renunciar a la posibilidad de concretar este instrumento de gestión estatal con participación plural y federal de las provincias, despreciando la oportunidad única de generar un espacio institucional de trabajo conjunto y coordinado, real y efectivo, para el ejercicio pleno del poder soberano sobre el tramo argentino de la Hidrovía.

Otros proyectos relacionados y tan importantes como éste, como son el desarrollo de una flota mercante propia, la promoción de la industria naval y el aprovechamiento de la materia gris, la mano de obra calificada y la infraestructura existentes, son temas de hoy para quienes tenemos responsabilidad institucional y del futuro para las generaciones venideras.

Si queremos que la Soberanía no sea más que un término asimilado automáticamente en declamaciones estériles es necesario honrar los compromisos asumidos, no sólo los presentes en la Constitución Nacional y la conciencia del Pueblo, sino también otros más inmediatos que han generado un espacio propicio para la recuperación de un poder real para nuestro país a través del Acuerdo Federal Hidrovía.

Asumir desde el Estado, con perspectiva federal, el control de nuestras aguas, es el horizonte ineludible si se pretende alcanzar la consolidación del poder soberano sobre nuestro territorio en toda su amplitud, en defensa de nuestros intereses económicos, sociales y políticos más esenciales para el desarrollo de nuestro Pueblo, más allá de una soberanía light signada por la inmediatez, que encierra el peligro de resolverse en la continuidad del mismo modelo privatista y extranjerizante.

(*) Diputado provincial Frente Creer.