Por Fernando González (*)

Los índices de pobreza, difundidos el mismo día de la condena judicial, complican las chances electorales de la Vicepresidenta. Por eso, cambió el relato del lawfare por el de la proscripción.

Las dos noticias explotaron el mismo día. Pero una, la de la condena contra Cristina Kirchner por los escandalosos años de corrupción junto al amigo Lázaro Báez, era tan poderosa que eclipsó a la otra. Los dirigentes, la prensa, los mercados, todos se mantuvieron expectantes del fallo judicial del Tribunal Oral Federal 2. Hasta la Vicepresidenta extendió inútilmente su protagonismo al anochecer con un largo soliloquio que mostró, por sobre todas las cosas, su orfandad y su decadencia política.

Que si los jueces habían actuado como una mafia para evitar que la Argentina siga contando en el futuro con su genio político y administrativo. Que si la confabulación había llegado a la esfera de Mauricio Macri o del empresario Héctor Magnetto. Que si iba a mantener su tambaleante proyecto de ser candidata electoral. Que ahora, que la habían condenado a seis años de prisión que nunca tendrá que cumplir porque en febrero próximo cumplirá setenta años, se volverá a su casa, la misma de la que salió en 2003 para acompañar el sueño de poder de Néstor Kirchner.

Dato innecesario, este último, porque hasta el más distraído de los dirigentes argentinos sabe que no es la misma la casa que dejó hace dos décadas en Río Gallegos que la que habita desde hace tiempo en su lugar en el mundo, en El Calafate. Una de las residencias estilo cabaña patagónica, la más amplia, la mejor decorada, la más resguardada, la más alejada del ambicioso complejo hotelero “Los Sauces” que construyó y diseñó Cristina, y que forma parte de una de las causas judiciales en la que había sido sobreseída y que ahora va camino de reabrirse para sumarle un nuevo incordio. Es que el patrimonio familiar no solo se acrecentó con las rutas que Lázaro dejó a medio terminar.

La otra noticia, la que quedó opacada el martes porque los focos alumbraban a los jueces y a la Vicepresidenta, parecía más fría. Porque solo se trataba de números, del universo aburrido de las estadísticas. Pero las cifras aparecieron sin piedad en el informe que distribuyó ese mismo día el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Durante el tercer trimestre de este año la pobreza alcanzó al 43,1% de los argentinos.

Porque el debate en torno a la corrupción en la Argentina se ubica muchas veces en el territorio lejano de la política. Las maniobras, las presiones, los operativos de espionaje, son todas herramientas que están a años luz de la sociedad. Lo importante, lo que explica la imagen negativa de la Vicepresidenta, como las de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, es que dieciocho millones de argentinos ya están sobreviviendo bajo la línea de pobreza.

Y eso si se cuentan los planes sociales. Porque si no se cuentan los diecisiete millones de diferentes subsidios de asistencia (muchos de ellos sin contraprestación laboral y a cambio del apoyo militante en las movilizaciones y en el voto), la pobreza real de la Argentina asciende al 50%. Un porcentaje que solo se superó en el primer tramo del gobierno de Eduardo Duhalde, cuando la devaluación posterior al corralito de la Alianza y a la explosión del dólar de 2002, disparó la pobreza hasta el 52%.

Lo mismo sucede con la indigencia, el sector más extremo de los pobres argentinos. En el tercer trimestre se redujo del 9% al 8,1%, dato que el ministerio de Economía que hoy conduce Sergio Massa intenta difundir como un sesgo positivo. También aquí los planes sociales ocultan una parte de la realidad. Si no existieran, la indigencia estaría en el 19,6%. Eso quiere decir que, a esta altura del año, un quinto de la población ya es indigente.

La nube de humo que conforman todos los pataleos de Cristina por su condena a prisión impide detenerse a observar la configuración social que está adquiriendo la Argentina. El informe de la UCA explica también que, en los últimos doce años, la indigencia se duplicó entre los menores de 17 años y se triplicó entre los mayores de 60. Durante ese período, Cristina fue 5 años presidenta y 3 vicepresidenta junto a Alberto Fernández, el candidato que eligió por twitter y del que se dice arrepentida.

Pero hay más en las cifras del deterioro social. Cuando se mide la pobreza multidimensional, la que cruza los niveles de pobreza por ingresos, aparece otro dato impactante. Solo el 27,6% de los argentinos no es pobre bajo ningún formato. Menos de un tercio. Un porcentaje que muestra a la Argentina alejada, tal vez definitivamente, de aquella fotografía social que la hacía diferente del resto de América Latina. Aquel estado de bienestar que nos acercaba a los europeos es ahora apenas un tango triste.

Esta es la verdadera razón por la que Cristina Kirchner no puede ser candidata. Ella conoce perfectamente estos números y la condena judicial por fraude al Estado le viene como anillo al dedo para empezar a bajarse de un desafío que se iba a volver más dificultoso el año próximo con el 100% de inflación y el proceso recesivo en marcha. Así es como el relato del lawfare, construido a imagen y semejanza del regreso de Lula al poder en Brasil, ha sido reemplazado por el relato de la proscripción.

Un relato con perfume peronista

Es un relato con inconfundible perfume peronista. Y sus ejes se pueden descubrir en el documento de apoyo que la “Liga de Gobernadores peronistas” hizo público el miércoles para denunciar la condena a Cristina como una maniobra de proscripción a su candidatura. Salvo el obediente Kicillof, ninguno de los gobernadores hicieron declaraciones altisonantes por fuera del documento, que fue escrito el martes en el despacho del ministro cristinista del Interior, Wado de Pedro.

La declaración remarca la proscripción a Juan Domingo Perón posterior al golpe militar que lo derrocó en 1955, quienes llevaron adelante un proceso de “desperonización” en todos los ámbitos sociales. El líder, exiliado ya en Madrid, respaldó la llegada del desarrollista Arturo Frondizi a la presidencia pero siempre con la vigente proscripción de su candidatura.

El otro presidente con democracia restringida fue el radical Arturo Illia, símbolo de la honestidad en el ejercicio del poder, y a quien el peronismo (sobre todo los sindicatos) asfixiaron hasta propiciar un nuevo golpe militar que lideró Juan Carlos Onganía, y todo terminó con el ataque armado a la educación y a las ciencias universitarias (entonces modelo de la Argentina) en el episodio triste conocido como la Noche de los Bastones Largos.

La proscripción a Perón terminó luego del acuerdo con el general Alejandro Lanusse y la celebración de elecciones libres de 1973, en las que el peronismo llevó como candidato a Héctor J. Cámpora. El sainete, en medio ya de un escenario de violencia y asedio de la guerrilla a la democracia, duró 49 días. Perón convocó otra vez a elecciones, ganó en fórmula con su esposa Isabel de candidata a vice y el resto del derrumbe es conocido. Su muerte, la confrontación, los muertos y la dictadura militar.

Esos años de proscripción están en el documento de la Liga de Gobernadores del PJ. Y luego se hace mención al “golpe cívico militar de 1976″, que en realidad proscribió no solo al peronismo sino a todos los partidos políticos, y se recuerdan “los treinta mil desaparecidos”, símbolos del lenguaje kirchnerista que algunos gobernadores peronistas no utilizan en su práctica discursiva.

La cohetería de los documentos de apoyo, de los gobernadores, de los vicegobernadores y de los legisladores peronistas, no alcanza para ocultar el clima de agite dentro del peronismo. La mayoría de sus dirigentes, en estas horas, empiezan a evaluar a los únicos dos posibles candidatos que podrían competir el año próximo: el ministro Sergio Massa y el embajador Daniel Scioli.

La suerte del proyecto Massa depende casi totalmente de que logre algún tipo de baja en la inflación y que logre llevar el barco hasta las elecciones de diciembre. Todo está atado, además, a que no haya una explosión con el dólar o con la compleja renovación de los títulos en pesos. Esa estaca financiera crucificó, por ejemplo, la reelección de Mauricio Macri en 2019.

Sin funciones ministeriales en la Casa Rosada, Scioli está más suelto y siempre ofrece su resiliencia y su optimismo como banderas para aceptar cualquier desafío. Pero si las variables económicas son tan desfavorables como para impedir las candidaturas de Cristina Kirchner o de Massa, nadie se imagina como podría recrear un escenario positivo el embajador en Brasil. La fe y la esperanza, esta vez, podrían ser insuficientes.

Son muchas las consignas y las teorías incomprobables que se van a escuchar en estos días. Pero ya decía Perón que la única verdad es la realidad. Y la realidad de la pobreza en la Argentina se presenta para Cristina como una barrera inexpugnable. Iría seguramente a una derrota en elecciones presidenciales, y varios encuestadores le advierten que el kirchnerismo podría ser derrotado también en la provincia de Buenos Aires si la inflación y el nivel de ingresos siguen ahogando a los bonaerenses.

Pero con el relato de la proscripción, que la posiciona en el papel de víctima política, Cristina tiene al menos la chance de condicionar al peronismo. En estas dos décadas ha contado siempre con el temor de sus dirigentes. Ninguno se animó a enfrentarla y quien lo hizo, fue el caso de Massa en 2013, ya no volverá a repetir aquella experiencia. El Síndrome de Estocolmo se apoderó del movimiento que cambió la historia en 1945.

La excusa de la proscripción quizás le ofrezca a Cristina la vía de escape que estaba necesitando. Es que la indiferencia social acompañó el tremendo fallo condenatorio por corrupción que ahora recorre los websites del planeta. Ya nadie, ni siquiera los monjes que administran la religión del cristinismo, creen que la situación vaya a revertirse. El operativo clamor, al que se aferraron muchos de los que necesitaban seguir cerca del poder, se va diluyendo cada vez más en un susurro inaudible.

(*) Periodista – Publicado en Infobae