Por Pablo Sessano (*)

Podría decirse que el campo de lo político lo abarca casi todo, pero el de la política entendida como el proceso mediante el cual los ciudadanos agrupados en colectivos de diferente carácter e ideología generan propuestas para administrar un país o una región con base en determinadas lecturas de la realidad y de proyecciones de futuro, ese proceso que decanta cada 4 años en el ejercicio del voto y la elección de alguna de esas propuestas, es mucho menos abarcativo y está dominado por una partidocracia que de una u otra forma condiciona las elecciones y decisiones de la multitud. Esa burocracia política que opera en asociación intencionada o no con medios de información y más recientemente con la ayuda de las tecnologías lejos de acercarse a los ciudadanos y ofrecerles mejores herramientas e información verídica y corroborable, se viene alejando cada vez más de una ciudadanía que parece cumplir con el ritual democrático casi por inercia y sin ninguna convicción positiva. Ninguna novedad en esto. Los resultados están a la vista.

La educación por su parte, siempre invocada por todos (en abstracto) como una (la) solución, más allá del imaginario social equívoco sobre sus potencialidades, realmente no ofrece más que apenas y cada vez menos indicios de mejores configuraciones para la política. El colapso del sistema representativo, la discrecionalidad y la degradación en el ejercicio del mandato que la sociedad deposita en muchos de esos agentes evidencian un vacío, un desierto de confianza y desorientación que socaba no solo la certidumbre que los ciudadanos deberían tener sobre la palabra de quienes han elegido para representar sus intereses, sino la posibilidad de imaginar y hasta desear un mundo más sano y pacífico. La sociedad desconfía. Y el horizonte permanece nublado.

En este contexto cabe preguntarse quiénes, de entre los sujetos políticos activos, creen los ambientalistas/ecologistas que podrían comunicar certera, veraz y sinceramente los mensajes que consideran es necesario comunicar y que emergen de las luchas socioambientales en los territorios del país?

Con anterioridad me he detenido en reflexionar acerca del dilema de la jerarquía de identidades que conflictúa la actitud política de los ambientalistas. Una irresolución resultante del imaginario desarrollista que en mi opinión opera -también en ellos- obliterando la posibilidad de construcciones políticas autónomas y más liberadas de ese paradigma.

Es claro a esta altura de los acontecimientos de al menos el primer cuarto del siglo XXI, que no hay actor político que esté en posición de expresar el sentir y el saber que se ha construido en el campo de las luchas socioambientales. Hubo dos clases de intentos. Tres o cuatro sellos partidarios intentaron captar esas identidades y energías y terminaron desapareciendo o siendo cooptados, destacan el Partido Verde y Los Verdes. Y dos intentos de “ambientalizar la mirada” y el programa de partidos prexistentes, vigentes y activos: parte de la izquierda logra incorporar algo de la agenda ambiental a su programa pero sin que ello modifique sus históricas limitaciones; y las expresiones kirchneristas más jóvenes no logran sensibilizar las mineralizadas estructuras y mentalidades del movimiento, ni siquiera invocando el célebre y postrero mensaje ambientalista del líder sintomáticamente ignorado durante 40 años y desde luego no podrían configurar un cisma al interior del peronismo.

De tal suerte, hace unas semanas a raíz de las posibles consecuencias del (denominado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) RRIGI aprobado por aquellos “representantes del pueblo” antes caracterizados, en algunos insospechados medios se afirmaba que el Pacto de mayo sería una pacto contra la naturaleza y se animaban a reconocer que “hay pobreza intelectual en los argumentos “anti-ambientalistas”, mientras se preguntaban si comenzaría el debate ambiental en Argentina, como si el mismo fuese una novedad o como si no hubiese desde hace mucho expresiones, individuales o de pequeños colectivos, que polemizan públicamente con el discurso antiecologista, ya sea del neoliberalismo ya de neodesarrollismo, y no son pocas las batallas ganadas. Solo por recordar algunas de las más ruidosas, el debate nuclear durante el menemismo, la lucha del pueblo de Esquel contra la minería a cielo abierto o las factorías de cerdos más recientemente.

Pero la referencia viene al caso por varias razones, la primera es que el así llamado “tema ambiental”, viene tomando más destacado protagonismo porque las contradicciones entre la salvaguarda ambiental consagrada constitucionalmente y las des-políticas ambientales públicas y privadas se exacerban haciendo más visible la degradación territorial y social que acarrea, y el actual gobierno expresa cínicamente su intención de descuidarlo todo y del todo. También porque, en rigor de verdad más allá del discurso, las gestiones gubernamentales anteriores nacionales y provinciales poco y nada hicieron en otro sentido. Pruebas al canto desfinanciación de Ley de glaciares y Ley de bosques, trabas a Ley de humedales, expulsión de pueblos originarios, contaminación petrolera y minera, genocidio agrotóxico, nulos avances en la gestión ambiental del Riachuelo, entre otras. Sin embargo, ahora, frente al desembozado posicionamiento negacionista y negligente del actual gobierno, desde algunos sectores políticos, especialmente peronistas, sus medios afines y sus simpatizantes, la preocupación por la crisis ambiental ha cobrado más valor. No obstante, lo cual aun cuando fuese o pudiese convertirse en una preocupación genuina, ocupa y ocupará un lugar muy subordinado en la concepción de sus agendas. Petroleo off shore, minería de litio y agricultura agrotóxica en la provincia de Buenos Aires son buenos indicios de ello. Lo que es exactamente al revés que en la agenda ambientalista. Eso es lo que significa la consigna “no habrá justicia social sin justicia ambiental”. Desde la perspectiva de amplios sectores ambientalistas no basta incorporar el “tema ambiental” a la agenda política, se trata en cambio de reformular la agenda sin omitir ningún asunto, pero con base en un diagnóstico y una prospectiva en donde la crisis ecosocial provocada por el modelo socioeconómico y cultural del capitalismo sea el centro y el eje de una propuesta de reorganización de la economía, la producción, el trabajo, los derechos, la justicia y el federalismo. Acaso algo así intencione Gustavo Petro en Colombia.  ¿Mucho?, puede ser si seguimos suscribiendo el aforismo según el cual la política es el arte de lo posible, pero no tanto si asumimos que solo concibiendo la política como el arte de lo imposible o lo inédito, será posible darle verosimilitud y credibilidad a un verdadero orden social y natural sustentable. No hay otros caminos y por ello no hay a la vista en Argentina sujetos políticos capaces de hablar por el movimiento socioambiental que no sea él mismo, la historia del último cuarto de siglo y más atrás lo demuestra, porque el debate sobre el ambiente no es novedad en Argentina, es viejo solo que fue silenciado todo lo posible y las voces de ambientalistas/ecologistas siempre cuestionadas por inorgánicas, exageradas, catastrofistas o antidesarrollo. No obstante, en todos estos años del movimiento socioambiental no surgió ninguna instancia organizativa capaz de comunicar con efectividad no solo su propia forma de ver, sino sobre todo las consecuencias de prorrogar el crédito a los cantos de sirena que son realmente las ideas del progresismo productivista; y dar batallas sistemáticas y sostenidas dentro del sistema político.

Como si ello conllevase una pérdida de dignidad y credibilidad, se eligió permanecer al margen ejerciendo únicamente la denuncia y la resistencia y cediendo el espacio en la política que corresponde a esos amplios sectores. Es claro que nadie puede hablar por nosotres. No se trata de ganar elecciones, en principio, sino instalar una forma de concebir el presente y el futuro más allá de lo puramente filosófico, en el plano más político del debate por el país y la sociedad que creemos posible. Una consistente tradición de luchas en defensa de los bienes comunes, el patrimonio natural y el control social de las tecnologías para una vida buena, espera aún la constitución del sujeto político colectivo que la asuma como fundamento para proponer a la sociedad un programa verdaderamente alternativo de futuro, de país y de gobierno.

 (*) Pablo Sessano es ecologista, educador ambiental y este artículo fue publicado originalmente en el portal de Era Verde.