Juan Pablo Cerini
En la política argentina, consenso es una palabra elegante para hablar de las concesiones entre grupos de poder a la hora de ponerse de acuerdo. La media sanción en el Senado Nacional del proyecto de reforma laboral es el ejemplo más fresco de este fenómeno.
La versión original de la reforma contenía una baja en el impuesto a las ganancias y un recorte en la caja de los gremios. Ambos fueron sacrificados en las negociaciones. El costo de este tire y afloje suma casi 3.000 millones de dólares, que tiene que seguir poniendo el sector privado vía tributos o cargas patronales.
El proyecto proponía reducir la tasa máxima del impuesto a las ganancias del 35% al 31,5% para las grandes empresas y del 30% al 27% para las PyMEs. Esto afectaba de manera directa los ingresos fiscales de las provincias al recortar la coparticipación federal de impuestos. A eso sumaba una baja del 6% al 5% en las contribuciones patronales destinadas a las estructuras sindicales.
Gobernadores y sindicatos ejercieron su poder real a través de los senadores y condicionaron el avance del proyecto a la no inclusión de estos puntos.
La rebaja propuesta de ganancias hubiera significado devolver un 0,89% del PBI al sector privado, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Tras el paso por los pasillos del Congreso, el lobby de los gobernadores logró que casi la mitad de ese alivio fiscal se evaporara.
Nadie se quejó por este cambio. Ningún gobernador aliado del Gobierno Nacional se pronunció públicamente como tampoco lo hizo con su habitual vehemencia el propio Gobierno Nacional. Da la sensación de que a todos les vino bien la “presión federal” de los Gobernadores. Eliminar la rebaja de ganancias les permite postergar las reformas en sus propias provincias, sin necesidad de recortar gastos para cumplir con el equilibrio fiscal.
Lo mismo ocurrió con el blindaje sindical. La reducción de ese punto porcentual en los aportes patronales era un gesto necesario para mejorar la competitividad. Pero el gremialismo volvió a demostrar mucha más efectividad para defender su caja, que para resolverle los problemas a los trabajadores.
En la abultada discusión que propone esta primera ley de reforma laboral, muchos avances quedaron en el camino. Si bien es valioso que se estén dando estos debates en la opinión pública, no se puede dejar de analizar cómo actuó cada involucrado. Gremios, gobernadores, legisladores y hasta el mismo Gobierno Nacional terminaron abroquelándose para defender su propia caja. La cuenta, como siempre, la termina pagando el ciudadano común que nuevamente se come el amague de la baja de impuestos.
(*) Juan Pablo Cerini es miembro del Consejo Empresario de Entre Ríos.
