El Gobierno comenzó el año con superávit en enero a pesar de la fuerte caída de la recaudación tributaria. El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el excedente fiscal total fue de 1,1 billones de pesos, explicado por el ingreso extraordinario por la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue.
Este año fiscal estará marcado para el Ministerio de Economía por la necesidad de conseguir un superávit más alto que el de 2025. La meta acordada con el Fondo Monetario Internacional es que el 2026 debería concluir con un sobrante equivalente a 1,5% del PBI, levemente por encima del año pasado. Solo con enero, el superávit primario de $3,1 billones representó 0,3% del Producto.
En enero el gasto cayó 0,7% real en comparación con el mismo mes del año pasado. Es una tendencia que habían observado consultoras privadas algunos días antes de que se conociera el dato oficial. Un rubro del gasto que presionó fue el de los intereses de deuda: en enero el Gobierno pagó los cupones de los bonos en dólares.
El dato determinante del superávit en enero fue un ingreso extraordinario de $1 billón de pesos que recibió el Estado nacional por la venta de las acciones de las represas hidroeléctricas del Comahue. Sin contar ese fondeo por única vez, el superávit total habría sido de $65.256 millones.
El dato de superávit se dio en un mes en que la recaudación impositiva tuvo una caída de 8% real en términos interanuales, según calculó Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Según Argañaraz, hubo un grupo de gastos que tuvieron fuertes aumentos contra el 2024, posiblemente por bases de comparación muy bajas.
Los que más subieron fueron subsidios a la energía (191%), transferencias de capital a provincias (184%) y transferencias corrientes a provincias (32%). Por el contrario, cayeron subsidios a otras funciones (-79%), inversión real directa (-45%) y Bienes y Servicios (-30,5%).
"El Ministerio de Economía continuará asegurando el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico y condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento de la economía argentina", mencionó el Palacio de Hacienda en un comunicado.
"El orden fiscal ha permitido devolver recursos al sector privado, en la forma de baja de impuestos, por 2,5% del PIB desde el inicio de la actual administración", concluyó.
El 2025 terminó con un excedente fiscal de 1,4% del PBI, por encima de la meta pautada con el FMI pero por debajo de lo que se había propuesto como objetivo propio el equipo económico, que era 1,6%. En 2026 debería poder conseguir otro 1,5% del PBI.
"Considerando la negativa del Gobierno a subir impuestos y con una actividad que le cuesta despegar, esta brecha generada por menores ingresos y más gasto demandará una nueva ola de ajustes en 2026", consideró LCG en un informe.
El economista Jorge Barreto analizó el "perfil" de ajuste que hizo el Gobierno en los dos primeros años y el que necesitará en adelante y concluyó que tras el "shock fiscal" inicial con recortes fuertes en obras y licuación de gastos, ahora Hacienda necesitará un ajuste "estructural" para el gasto más rígido, como jubilaciones, salarios o intereses de la deuda.
Un elemento adicional a las cuentas públicas podría ser la propia reforma laboral: los cambios en cuestiones impositivas tendrán un costo fiscal para el Gobierno nacional. Por las modificaciones que negoció el oficialismo con los gobernadores, ese costo se redujo a la mitad.
El Chocón fue una de las represas cuya operación privatizó el Gobierno nacional y que le permitió obtener un ingreso extraordinario en enero. El Chocón fue una de las represas cuya operación privatizó el Gobierno nacional y que le permitió obtener un ingreso extraordinario en enero.
La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para que las empresas destinen parte de sus aportes patronales a una cuenta en una sociedad de bolsa y ser invertidos en el mercado financiero iba a tener un costo de 0,5% del Producto Bruto en el proyecto original. Tras los cambios, pasaría a ser de 0,2%, estimó Invecq.
La ventas de las represas del Comahue
La privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue se concretó a través de un proceso de licitación para otorgar la operación privada de los complejos ubicados sobre los ríos Limay y Neuquén, activos estratégicos del sistema eléctrico nacional.
El esquema implicó la adjudicación de la concesión a operadores privados, con el compromiso de inversiones y mantenimiento, mientras el Estado percibió un ingreso extraordinario por el canon y los pagos asociados al traspaso.
Según informó el Ministerio de Economía, en enero ingresaron $1.039.903 millones vinculados a esa licitación. Ese monto tuvo un impacto determinante en el resultado fiscal del mes: explicó una porción significativa del superávit primario y prácticamente la totalidad del superávit financiero registrado en enero.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, los pagos derivados de esa licitación comenzaron a impactar en las cuentas públicas entre diciembre y enero, con ingresos en dólares que reforzaron la posición de caja del Tesoro antes de afrontar vencimientos relevantes de deuda.
En particular, esos fondos ingresaron en la antesala del pago de intereses del 9 de enero, correspondiente a títulos Bonares y Globales, uno de los compromisos más abultados del primer semestre.
