Imagen de archivo de la Comisaría de Viale.
En la noche del jueves, Viale quedó envuelta en un episodio de violencia extrema que expuso, una vez más, las zonas grises del control sobre los espacios nocturnos y la respuesta institucional ante hechos de brutalidad. En la confitería “Tano Bar” —también conocida entre los vecinos como “Lo Tano”— un joven de 31 años, identificado por las iniciales M.S.J., fue víctima de una feroz golpiza presuntamente a manos del propietario del local.
El hecho, ocurrido en la esquina de Soberanía y Formosa, generó una fuerte conmoción en la comunidad. La víctima sufrió una fractura de maxilar del lado izquierdo y, tras ser atendida en el hospital local, debió ser derivado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internado en la Sala de Neurocirugía a la espera de una intervención quirúrgica. Según los primeros reportes médicos, las lesiones son compatibles con una agresión directa, de alta energía, y el cuadro clínico fue catalogado como grave.
La denuncia ingresó anoche en la Comisaría de Viale, cuando familiares de la víctima relataron que el joven había sido expulsado del bar a los golpes por el propio dueño. De acuerdo a las primeras informaciones la agresión fue súbita y desproporcionada, y que el cliente quedó inconsciente durante algunos minutos. Esa imagen no solo una escena violenta, sino la ferocidad de la propia agresión.
Ante la magnitud del ataque, la Policía de Entre Ríos inició actuaciones de oficio, comisionó al médico policial y ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad tanto del local como de la zona. Según fuentes policiales consultadas, el objetivo es reconstruir con precisión el desarrollo de los hechos y determinar responsabilidades penales. La evolución de esta investigación inicial podría derivar en la imputación del propietario por el delito de “lesiones graves dolosas”, previsto en el artículo 90 del Código Penal.
Sin embargo, más allá del hecho puntual, el caso reabre un debate más amplio sobre el control administrativo y policial de los locales nocturnos en ciudades del interior provincial. “Tano Bar”, según señalaron vecinos y fuentes policiales, acumula antecedentes negativos por incidentes violentos y presuntas irregularidades, además se mencionan sospechas de actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual, extremo que aún no fue confirmado judicialmente pero que forma parte de las líneas de investigación.
La reiteración de episodios de violencia en este tipo de establecimientos plantea interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad, la capacitación del personal y la capacidad de intervención preventiva de las fuerzas policiales y las áreas municipales de control. En ese sentido, las fuentes reconocieron a ANÁLISIS que “la reacción estatal muchas veces llega después de los hechos”, en lugar de anticiparse a situaciones previsibles en ámbitos donde el alcohol, la sobreocupación y las disputas personales se convierten en un cóctel riesgoso.
Desde una perspectiva de derechos, la figura de la víctima ocupa un lugar central. El joven agredido no solo enfrenta una prolongada recuperación física, sino también las secuelas psicológicas que deja una experiencia de esa magnitud. En las primeras horas posteriores al ataque, su familia expresó preocupación por la demora en la adopción de medidas restrictivas hacia el agresor. “Queremos que la Justicia actúe rápido, que no quede todo en la nada como otras veces”, expresó un allegado.
Por otro lado, se espera que alguna autoridad de la Justicia defina posibles medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento o la clausura preventiva del local, mientras avanza la investigación. En paralelo, la Municipalidad de Viale podría intervenir a través del área de Habilitaciones Comerciales, en función de los antecedentes del establecimiento y del cumplimiento de las normativas vigentes.
La causa, aún en etapa inicial, concentra la atención de un sector de la sociedad que reclama mayor firmeza frente a los actos de violencia extrema y una revisión integral de las condiciones en que operan determinados espacios nocturnos. El caso de Viale, más allá del drama individual, deja al descubierto una realidad que trasciende las fronteras de la localidad: la necesidad urgente de articular políticas públicas que garanticen el derecho a la seguridad, tanto para los clientes como para los vecinos.
Mientras tanto, el joven continúa internado en estado reservado, y la comunidad de Viale espera respuestas. La brutalidad del hecho no solo exige una condena social inequívoca, sino también una respuesta institucional acorde a la gravedad del daño. Porque en cada episodio como este se juega algo más que la integridad de una persona: se pone a prueba la capacidad del Estado de proteger la vida y la dignidad de quienes, simplemente, salieron una noche a compartir un momento de ocio.
