El fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, dio detalles sobre las competencias de los organismos de control en la provincia y opinó sobre el veto de la ley que establecía los controles previos del Tribunal de Cuentas a las grandes contrataciones.

En ese sentido, el funcionario instó a reflexionar sobre el sistema de controles en la provincia de Entre Ríos. “Desde el punto de vista administrativo al control previo lo ejerce la Contaduría General, sobre los aspectos presupuestarios contables y de cumplimiento de la ley de contrataciones y las leyes que de alguna forma regulan la salida de recursos de la hacienda pública. El control preventivo por diseño constitucional lo tiene la Contaduría”, sostuvo.

Por otra parte, agregó: “El control de legalidad lo tiene que tener la Fiscalía de Estado, más allá de que no hay una ley nueva actual que regule, que reglamente el funcionamiento de la Fiscalía de Estado, estamos con una ley vieja”.

En tanto que el Tribunal de Cuentas “es un órgano que por definición es para analizar las rendiciones de cuentas, observar las rendiciones de cuentas y en cuyo caso llevar adelante los juicios de cuentas cuando hay que devolver dinero o antes tenía los juicios de responsabilidad. Esos juicios de responsabilidad no existen más, le mandan los antecedentes a la Fiscalía de Estado para perseguir la reparación económica cuando hay otra clase de daño”.

Respecto del proyecto de ley, que establecía el mecanismo por el cual el Tribunal de Cuentas debía intervenir en las denominadas contrataciones de alta significación económica, Rodríguez Signes valoró que “no es nada claro, es muy confuso”. Y respecto del veto por parte del mandatario Gustavo Bordet dijo: “Esto no es una cuestión de que el gobernador haya dicho que no quiere que lo controlen. No pasa por ahí. Es muy confuso en cuanto a qué es lo que va a controlar el Tribunal de Cuentas”.

“Me parece que ese proyecto de ley se fue desnaturalizando, se fue reformando demasiado, nunca tuvimos acceso nosotros. Y acá lo que hay que hacer es repensar cuál es el control de la Contaduría, cuál es el control de la Fiscalía y cuál es el control del Tribunal de Cuentas, pero en un diseño conjunto”, afirmó.

En esa línea, indicó que “es que es muy sencillo por qué se veta” la mencionada ley.

“En el artículo 1º se habla de un control del procedimiento y del procedimiento en sus aspectos formales”, dijo. Y en ese sentido, cuestionó: “¿Qué quiere decir control del procedimientos en sus aspectos formales? Ese es un control de legalidad, entendiendo por el procedimiento el cumplimiento de las leyes de procedimiento administrativo. Si es un control de legalidad, no es un control que pueda hacer el Tribunal de Cuentas que no tiene un cuerpo de abogados organizado para eso”.

Al respecto, ahondó: “Son cuestionamientos de índole técnica, no de índole política. Cuando vimos el proyecto, tanto el Contador General como yo, cuando vimos la ley sancionada observamos que no están delimitadas las competencias de la Contaduría y el Tribunal de Cuentas, por lo tanto iba a haber colisión ahí, eso está clarísimo que está ese problema”.

Por otra parte, el segundo aspecto que consideró fue que “en el artículo 1º hay un problema con la naturaleza del control porque, ¿qué es control del procedimiento en sus aspectos formales?, inclusive estaría fuera de las facultades del Tribunal de Cuentas”.