El diputado provincial Sergio Kneeteman (UCR en Cambiemos) presentó un proyecto de ley que dispone la creación del “Plan Provincial para la recuperación y donación de alimentos” y, a su vez, establece la adhesión de la Provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional N° 27.454 que crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de alimentos, recientemente aprobada en el Congreso. Habrá un registro de instituciones que se podrán inscribir para recibir alimentos.

Luego se indica que los alimentos en cuestión deben cumplir “las exigencias bromatológicas y de inocuidad que establece el Código Alimentario Argentino, sin perjuicio de que puedan contener fallas que no afecten a las exigencias mencionadas previamente tales como errores de rotulación, aspecto del envase, o contenido neto”.

En otro de los artículos se señala que “los productores, procesadoras y distribuidoras que posean alimentos en buen estado podrán donarlo a instituciones públicas o privadas de bien público, que se encargarán de la distribución de los productos”.

A tal efecto se dispone la creación del “Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos”, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Allí deberán inscribirse las instituciones legalmente constituidas de carácter público o privado que serán las responsables de la recepción y distribución equitativa de los productos alimentarios entre los sectores poblacionales más necesitados.

En el proyecto presentado por Kneeteman también se determina que “los controles requeridos de los alimentos estarán a cargo de las autoridades sanitarias provinciales y/o municipales” y se advierte que “queda prohibido a las instituciones receptoras de los productos alimentarios destinar estos a cualquier otro fin”.

La iniciativa apunta a “evitar las pérdidas de alimentos que se encuentren en buen estado y aptos para el consumo humano y que provengan de establecimientos habilitados, a fin de redirigirlos hacia los sectores poblacionales más vulnerables”.

“Claro está que un proyecto de estas características no constituye de manera alguna una medida política orientada a reducir las condiciones sociales y económicas que han derivado en que amplios sectores de la población se encuentren en situaciones sociales desfavorables, lo cual implicaría la toma de medidas que apunten a modificaciones estructurales. Se trata más bien de un proyecto que, adhiriendo a la Ley N° 27.454 y creando mecanismos organizacionales a nivel provincial para cumplimentar el modelo propuesto en dicha Ley, busca paliar -al menos en lo que refiere a la provisión de alimentos- las condiciones económicas desfavorables”, aclara Kneeteman en el proyecto.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que en Argentina se desechan alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos anualmente. “Estos números contrastan con la cada vez mayor parte de la población que, tanto a nivel mundial como nacional, vive bajo condiciones de inseguridad alimentaria”, expresa luego.