El aumento de las jubilaciones anunciado por el gobierno es una pieza aritmética y política diseñada para, por un lado, anunciar a los jubilados de haberes más bajos un aumento superior al que hubiera surgido de la aplicación del mecanismo de ajuste que había diseñado y hecho aprobar por el Congreso (ley 27.426) el gobierno de Mauricio Macri, y por el otro minimizar el costo fiscal de la medida haciendo que sean los jubilados apenas por encima de los haberes mínimos los que financien el esquema.

De hecho, el comunicado de la Anses enfatiza que con el anuncio “el 75% del universo previsional recibirá un incremento igual o mayor al 11,56%, que hubiesen percibido con la fórmula anterior, lo que alcanzará a 6,2 millones de jubilaciones y pensiones”. El texto oficial también destaca que, “al igual que en jubilaciones y pensiones, el incremento quedará incorporado al haber de los 4,1 millones de beneficiarios de la AUH y a las 3,2 millones de asignaciones familiares”.

Lo que no dice es que la mejora es de apenas 197 pesos por mes, o $ 591 para el completo trimestre de aplicación del anuncio, pues el gobierno se comprometió a enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley, instituyendo un mecanismo de ajuste diferente al anterior para cumplir la exigencia de la Corte Suprema de Justicia de que debe haber un mecanismo de ajuste establecido por ley.

Además, con el esquema anunciado (1.500 pesos de aumento fijo, más un 2,3% del haber actual), los haberes apenas por arriba de la mínima empiezan a perder respecto de lo que marcaba la ley macrista.

Los jubilados que ganan actualmente 20.000 pesos tendrán con el esquema anunciado un aumento de 1.960 pesos, equivalente al 9,8% y 352 pesos por debajo de lo que hubiera obtenido con la aplicación de la ley 27.426, sancionada en las tumultuosas jornadas de fines de diciembre de 2017 cuando, según precisó luego el Municipio porteño, en la Plaza del Congreso se arrojaron 17 toneladas de piedras contra las fuerzas del orden y el peronismo intentó abortar la sesión, que finalmente tuvo lugar días después.

Para quienes ganan 30.000 pesos, el aumento, de $2.190, equivale al 7,3% y representa una pérdida de $1.278 pesos respecto del mecanismo anterior. Y las pérdidas respecto de aquel sistema aumentan para los jubilados con haberes superiores: $2.204 pesos menos para un jubilado con $40.000 de haber actual, $3.130 pesos menos para quien cobraba 50.000, y así siguiendo hasta una pérdida de $8.038 para un jubilado que cobraba el haber máximo de 103.000 pesos.

En defensa del anuncio y como crítica a los resultados del gobierno anterior, el Gobierno destacó que la nueva orientación “busca revertir el retroceso sufrido por jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y asignaciones familiares, como se verifica en la caída del 18,5% en términos reales sufrida por los haberes mínimos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019” y "del 14% registrado por los haberes mínimos y la AUH desde la puesta en marcha de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria a finales de 2017 y ahora suspendida por la Ley de Solidaridad.

Esa solidaridad intra-jubilatoria por decreto probablemente traiga consigo una ola de demandas en la Justicia previsional, en virtud de los “derechos adquiridos” vulnerados por el decreto del Ejecutivo. (Infobae)