El fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, brindó un panorama sobre el trabajo del organismo de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Rodríguez Signes indicó que “hay una nueva normativa a partir de los DNU sobre la cual la provincia debe ir reglamentado” y como ejemplo mencionó que “el decreto 408 del domingo delega en los gobernadores directamente la facultad de habilitar excepciones a la cuarentena y eso nos coloca en la necesidad de regular actividades, y también sobre las salidas de esparcimiento que si bien el gobierno nacional lo estableció como un derecho, también lo sometió a la reglamentación de los gobiernos locales, y en esa materia se está trabajando”.

Por otra parte se trabaja “en toda la cuestión administrativa porque si bien los plazos procesales están suspendidos, se estableció una modalidad de trabajo en Fiscalía que para el organismo los plazos y la actividad continúan y aprovechamos para adelantar trabajo, y además en todo lo que hace a la contratación de salud pública”. Mencionó que “en particular tuvimos intervención para terminar la obra del hospital La Baxada que tenía un atraso de cuatro o cinco años”.

“Si bien con menos personal y con otra modalidad de trabajo pero en general seguimos haciendo lo mismo, salvo que los plazos procesales de los juicios están suspendidos pero en cualquier momento se habilitan de nuevo y estamos listos para responder a la apertura”. Acotó que “no hubo intervención sobre otros contratos de salud pública que han pasado más por la Secretaría Legal y Técnica porque se han autorizado las compras directas”.

En cuanto al trámite que se siguió en relación con el hospital de la Baxada, el fiscal apuntó que “antes de que se dicte el decreto 297 que dispuso el aislamiento ya había una legislación vigente en cuanto a emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud hizo un pedido para seguir con la obra del hospital y el gobernador en reunión de Gabinete dispuso que se continúe el hospital”. “Ante eso intervine directamente, visité el hospital, hice un relevamiento de lo que faltaba con los ingenieros del Ministerio de Planeamiento, se constataron los respiradores que estaban guardados, las camas con sus colchones, y demás y se decidió la continuidad de la obra”, describió.

Informó que “el Ministerio de Planeamiento eligió a la empresa que salió segunda en la licitación que oportunamente había convocado el PAMI, y también a la empresa que se le adjudicó la terminación del hospital Centenario de Gualeguaychú, se realizó un presupuesto oficial el cual fue respondido por la empresa con una cotización por debajo del oficial y luego siguió el expediente su curso”. Resumió que “es una obra de alrededor de 30 millones de pesos aproximadamente y tenemos un hospital listo para recibir pacientes y actualmente están haciéndose hisopados y testeos”.

Recordó que se trata de “un hospital del PAMI que delegó su administración en una Sociedad del Estado de Entre Ríos, modalidad establecida en 2014 o 2015” y estimó que “en su momento PAMI lo deberá transferir a la provincia y salir de esta situación novedosa”. No obstante, sostuvo que “el presidente de esa Sociedad, Carlos Ramos, ha estado más que a la altura, cuidando del hospital, de su funcionamiento y de sus bienes, pero en algún momento habrá que establecer una modalidad definitiva respecto a su administración”.

Además, aseguró que “el hecho de que esté administrado por una Sociedad del Estado no quiere decir que el hospital no esté sometido a los controles de la administración, especialmente de Contaduría General y el Tribunal de Cuentas”.

Trabajo en emergencia

Rodríguez Signes comentó que “la Fiscalía está en el mismo encuadramiento del decreto que establecen que el personal no va a trabajar a la administración pero nuestra modalidad permite trabajar desde los domicilios”.

Afirmó que “no es exactamente igual pero la Mesa de Entradas está abierta, se reciben los expedientes y se derivan a los domicilios de los asesores. También se mantienen los amparos y ahí sí hay personal que necesariamente tiene que concurrir a la Fiscalía para contestarlos”.

En cuanto al trabajo del Poder Judicial, consideró que “intentan hacer funcionar el sistema de derecho procesal electrónico; la tarea de los abogados y los jueces es escrita, salvo los debates en los procesos, que a su vez requiere de la presentación de escritos firmados por los profesionales en versión papel y todo eso no se puede hacer dada esta circunstancia y por eso se implementó la modalidad electrónica, que ya venía con las notificaciones y ahora se incorporó la presentación de documentos”.

Opinó que “hasta que la firma digital no funcione en la provincia tiene sus problemas de la verificación de la autenticidad de los documentos y creo que eso es un problema” pero aclaró: “En cuanto al debate entre el STJ y la Asociación de Magistrados, nunca opino de las cuestiones internas del Poder Judicial pero creo que la autoridad es el Superior Tribunal y sus acordadas son las que tienen validez, son las que acatamos para nuestro trabajo y las que los jueces deben acatar para su trabajo”.

De todos modos, opinó que “todos tenemos que hacer todo nuestro mayor esfuerzo para mover todo el sistema, no solo el económico sino también el judicial y el legislativo. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para que los sistemas no se detengan porque esta pandemia se va a extender, incluso parece que en Argentina no hemos llegado al punto crítico, de manera que hay que extremar los recaudos pero hay que funcionar, hay que trabajar”.

Discrepancias en el STJ

Sobre la pelea entre los vocales del STJ, Susana Medina y Emilio Castrillón, que se reveló en la última Acordada del tribunal, admitió: “No me sorprendió porque no es la primera vez que esto ocurre en la historia del Superior Tribunal de Justicia”.

De todos modos, aclaró: “Mantengo una línea de no opinar sobre estas cuestiones del STJ, pero ahí la crítica estuvo vinculada a si iban a o no a trabajar, y creo que las que mandan son las sentencias que se dictan, si los pazos se cumplen y si el volumen de procesos que ingresan a cada sala se mantiene y se cumple con los plazos o no; lo mejor es no tener este tipo de conflictos porque es la cabeza de un Poder del Estado, pero nadie está exento de que ocurran estas cosas y habrá que superar este momento”.

Excarcelaciones

En cuanto a las excarcelaciones de gran cantidad de detenidos de las cárceles, opinó que “hay que distinguir tres situaciones: primero los que tienen condena firma y los que no. Los que tienen condena firma deben cumplir su condena y la posibilidad de hacerlo en el domicilio está dada pura y exclusivamente por la posibilidad de que sean personas en situación de riesgo, de lo contrario no corresponde, y respecto a los que no tienen condena firme, hay que ver porqué porque todavía no la tienen”.

Aseguró que “son decisiones del Poder Judicial, y no nos corresponde al Poder Ejecutivo ni a los órganos de control, no se nos consulta para esto y es la aplicación de normas de derecho internacional, constitucional y penal”.

De todas maneras, sobre el control de esas prisiones domiciliarias dijo: “Aunque no es un tema de mi área, lo voy a consultar”.

En ese marco, admitió que “el estado de las cárceles es un reclamo histórico y cierto a la vez, y ni el Estado nacional ni el Estado provincial han podido a lo largo del tiempo mejorar los establecimientos carcelarios y además se agrega el problema de la paralización total de la obra pública en 2018 y 2019 y ahora esta crisis que provocará una caída profunda del Producto Bruto y que va a complicar también la obra pública”.