“No se han aplicado multas porque se están terminando los sumarios pero son más de 350 los expedientes iniciados y prevemos que a un año serán 1.200 en total”, anticiparon desde el organismo.
El director provincial de Defensa al Consumidor, Pablo Luciano, aseguró que “nunca cesó la actividad en esta dirección” aunque aclaró que “la mayoría de los reclamos se canaliza vía electrónica a través de la Ventanilla Federal, por un lado, y por otro, a través de correo electrónico”.
“Además, trabajamos para tener nuestra propia ventanilla y que los usuarios entrerrianos tengan un servicio más estable que les permita denunciar, y que a su vez, a nosotros nos permita derivar los reclamos a las diferentes OMIC del interior de la provincia”, indicó.
Respecto de los reclamos y consultados que más recibe el organismo, el funcionario sostuvo que se trata de “consultas por cuestiones financieras, en relación a atrasos en el pago a tarjetas de créditos y liquidación de intereses, y por el servicio de telefonía que está restringido o no con la misma celeridad por parte de las empresas, por lo tanto, un corte de internet o de la línea está demandando más tiempo que el habitual”.
“Y en esta etapa del distanciamiento, el uso de internet, que es mucho más intensivo, se evidencia una ansiedad y requerimiento para el rápido restablecimiento del sistema y que se le repare el desperfecto”, reconoció en declaraciones realizadas a Canal Once.
Asimismo, informó que Defensa al Consumidor “articula con los municipios los controles de precios y abastecimientos en comercios y supermercados; cuando se detecta algún aumento de los proveedores, se pide la factura para intentar rastrear el origen del aumento de los precios y aplicar las multas correspondientes”.
“Las sanciones son las que establece la ley de Abastecimiento, que va desde los 500 a diez millones de pesos o el triple del beneficio obtenido por el incumplimiento de la ley”, comentó al respecto.
Al respecto, informó que en relación a los controles de precios, “se avanzó sobre algunas cadenas lácteas y productores de huevos”. “No se han aplicado multas porque se están terminando los sumarios pero son más de 350 los expedientes iniciados y prevemos que a un año serán 1.200 en total”, anticipó el funcionario provincial al explicar que "cada expediente es un sumario por el que hay que cumplir una serie de pasos procesales indispensables, que llevan su tiempo".
"Los precios máximos de los huevos son los de marzo; labramos muchísimas infracciones a las granjas productoras de huevos y los sumarios están produciéndose. El objetivo es abarcar a la totalidad de las granjas de las provincias”, comunicó.
"La ley de Abastecimiento comenzó a aplicarse a las pymes con la emergencia de marzo y por lo tanto, adecuamos los mecanismos administrativos para cumplir con esos sumarios", agregó al respecto. Y según anticipó, Defensa al Consumidor "implementará un sistema de auditorías con remisión de documentación para establecer en la totalidad de los supermercados el respecto de los precios máximos".
Finalmente, recordó que "es una práctica ilegal el recargo con cualquier sistema de tarjeta de crédito o débito que está prohíba por la ley y es un incumplimiento a la ley de Defensa al Consumidor".
"Desalentamos la compra y pedimos que hagan la denuncia para poder realizar las inspecciones correspondientes; si tienen un ticket en el que le hayan cobrado algún recargo por el pago con tarjeta, deben guardarlo y hacer la denuncia al 0800 444 8256 o vía e-mail a defensadelconsumidor_er@hotmail.com o defensadelconsumidor@entrerios.gov.ar".