La delegada de INADI en Entre Ríos, Melisa Albornoz, ocupa el cargo desde noviembre de 2021 y habló de la determinación del gobierno nacional de cerrar el organismo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Albornoz sostuvo que “no hemos recibido ninguna comunicación oficial, todo lo que nos hemos enterado lo conocemos por las redes y los medios y tampoco es oficial el comunicado que sacó ayer el ministro también a través de las redes”.

Consideró que esta forma de comunicar a través de redes sociales del gobierno de Javier Milei, “se hace desconociendo todo un sistema administrativo y legal que hay dentro del Estado, porque somos un organismo creado por la ley 24.515 y no es tan fácil cerrar el organismo de un día para el otro”.

“No sé cómo van a actuar mediante esos pasos administrativos que hay que hacerlos, y después también viene el proceso de reubicación de los empleados, si es que esto va a suceder porque INADI cuenta con una población cercana a 100 empleados de planta permanente a nivel país y los otros 300 distribuidos en diferentes provincias son contratos basura muy precarizados que vienen hace años luchando por un mejor salario y una mejor estabilidad. No sé cómo se va a producir todo esto, no sé qué es lo que tiene pensado esta gente para llevar adelante todo esto”, refirió.

Comentó que el organismo en la provincia “tiene seis empleados; se sumó una planta en el 2021 y los otros cinco vienen desde hace muchos años, algunos tienen 10 o 12 años de trabajo”.

Agregó que “hay una sola delegación en Entre Ríos y los seis empleados son para toda la provincia, con una sola asesora legal que no saca expedientes, sino que se genera un expediente cada vez que hay una denuncia, el cual se eleva a Buenos Aires y allí dictaminan y llevan adelante las denuncias, nuestros asesores legales no dictaminan y por eso es el atraso de los 7.000 expedientes del que se habló en el comunicado. Se resolvieron 2.000 en el último tiempo porque no contamos con la cantidad de asesores legales que tenemos que tener para producir dictámenes cada vez que se produce una denuncia”.

“La verdad es que necesitaría posiblemente el doble de empleados para hacer un trabajo más ágil y dar una verdadera respuesta como se necesita. Nosotros hoy no tenemos ningún expediente en la delegación porque estamos al día en el sistema, están todos enviados a INADI central que es quien dictamina”, planteó.

De todos modos, puntualizó que “en los últimos dos años tuvimos alrededor de 153 expedientes, la mayoría relacionados a las personas con discapacidad que tienen problemas para acceder al boleto de mediana y larga distancia, las denuncias en las escuelas, en el ámbito laboral y luego la discriminación por diversidad sexual”. “De ese total de denuncias, la mayoría fueron del interior de la provincia porque en Paraná hay otras articulaciones como la Secretaría de Mujer, Defensoría del Pueblo, Defensoría del Público y demás”, informó.

Consultada por el modo de recepción denuncias desde el interior, comentó que “si bien tenemos la página web que está disponible las 24 horas y el teléfono 168, cuando hacemos actividades en el interior tratamos de ir nosotros y plantarnos con un abordaje territorial intentando que la gente llegue, y si no se hace a través de Internet aunque no todos tienen el acceso o no saben manejar la tecnología o no saben llenar un formulario”.

Asimismo, Albornoz planteó que “desde el 2019 venimos con un problema presupuestario y edilicio, porque no contamos con una oficina propia sino que funcionamos en una oficina prestada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es decir que lo que dice (Manuel) Adorni de que hay decenas de oficinas a lo largo y ancho del país también es mentira. Y para que las cosas funcionen y poner en agenda verdaderamente una política pública y poder trabajar la discriminación hace falta un mayor presupuesto. Tiene que ser una decisión política trabajar la discriminación a nivel país, mientras eso no suceda vamos a seguir teniendo los problemas que venimos teniendo”.

En cuanto a su trayectoria, contó: “Soy militante en primer lugar, soy mediadora, trabajé en la Secretaría de la Juventud, en programas de acompañamiento hacia adolescentes en Copnaf, vengo de trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social y es la primera vez que tengo una función pública”. En tanto, dijo no tener referentes políticos en Paraná: “Me identifico con el peronismo pero no tengo ningún referente local”.

En cuanto a los motivos del cierre, consideró que “es más por ideología y también esto de denostar el trabajo que hacen trabajadores del INADI, en ese escarnio que se quiere producir lo quieren dejar todo el tiempo como algo que está mal visto. Los trabajadores del INADI en su estado muy precarizado que tienen hace años hacen lo que pueden para llevar adelante este organismo, entonces me parece de muy mala voluntad decir todo el tiempo que no servimos para nada, que todo lo que hacemos no sirve para nada, que a la sociedad tampoco le sirve y encerrarlo simplemente en una ideología política. Hoy todos tenemos una ideología política pero eso no quita que podamos llevar adelante una política pública”.

Por último, sostuvo que a este viernes la delegación de INADI sigue funcionando en calle Carbó 750 hasta las 13.30. “Todo funciona y ni siquiera tenemos bloqueados los usuarios del sistema con el que trabajamos a diario, ayer tuvimos contacto con nuestra coordinadora regional quien se encarga de la tareas que se desarrollan en las provincias, hace cuatro días se produjo el nombramiento de la nueva interventora por 180 días. Es medio inentendible lo que se produjo ayer porque hacía cuatro días se había producido el nombramiento de la nueva interventora y ayer estuvimos hablando con la coordinadora regional pasándole la agenda semanal”, concluyó.