(De ANÁLISIS)

Luego de que la Cámara de Diputados sancionara una ley que incrementa exponencialmente los honorarios profesionales, contar con los servicios de un abogado será un 300% más caro en Entre Ríos. La norma fue impulsada por legisladores de distintos partidos y de ambas cámaras que tienen algo en común: son todos abogados. Al trabajo en comisión se invitó a participar al Colegio de la Abogacía y en ninguna instancia de un trabajo legislativo con claro sesgo corporativo se hizo mención al impacto que la medida tendrá en la población, que afronta dificultades económicas. Tampoco se analizó si con esta suba -que medida interanual supera el 1.300%- habrá dificultades para el acceso a la justicia.

La autora del proyecto original es la ex diputada provincial Carina Ramos (PJ), de profesión abogada. Lo presentó durante su mandato, en 2021. Fueron coautores los también abogados Ángel Giano, Juan Pablo Cosso y Mariana Farfán, todos del bloque justicialista.

La iniciativa planteaba la modificación de un artículo de la ley Nº 7.046 que regula los aranceles de los abogados y los procuradores. En ese entonces, obtuvo dictamen de comisión y llegó al recinto hace casi un año, en la sesión del 7 de junio de 2023.

Ramos fue miembro informante. Habló de “dignificar la profesión”, en la que se advertía “una precarización”. También bregó por “la obtención de una recompensa justa y equitativa por el ejercicio de la labor profesional”.

La siguió en el uso de la palabra la entonces diputada Mariana Farfán, también abogada, que comenzó saludando “a los colegas abogados y abogada que se encuentran en la sala”, según figura en la versión taquigráfica de entonces.

“Tal vez quienes no ejercen la abogacía no lo saben, pero es un trabajo a tiempo completo. Yo ejercí más de la mitad de mi vida y la disponibilidad es de 24 horas. El teléfono suena a cada rato, hay que ir a Tribunales, hacer constataciones, viajar...”, justificó la legisladora.

Otro abogado y entonces diputado, Esteban Vitor, apoyó desde la bancada opositora: “Se salda una deuda histórica”, consideró.

El proyecto pasó al Senado donde fue tratado en el presente período parlamentario. Lo defendieron en el recinto un senador peronista y uno radical, ambos abogados: Rafael Cavagna (JxER - Nogoyá) y Juan Pablo Cosso (PJ-Vllaguay), que como diputado había sido coautor del proyecto.

Tras la introducción de algunas modificaciones menores, el expediente volvió en revisión a la Cámara de Diputados, donde finalmente fue sancionado en la sesión de esta semana.

El miembro informante fue otro abogado: el radical concordiense Marcelo López. El diputado sostuvo que “Entre Ríos es una de las jurisdicciones con el arancel profesional más bajo”. Ningún otro legislador hizo uso de la palabra y en menos de 10 minutos la norma quedó sancionada. 

La votación unánime generó el aplauso de representantes del Colegio de la Abogacía que siguieron la sesión desde las gradas. “Es un logro de la abogacía unida y de las distintas secciones”, festejaron desde la conducción de la entidad en las redes sociales.

A partir de ahora, percibirán en sus ingresos un aumento muy por encima de cualquier paritaria sectorial.

El nuevo cálculo del “jurista” que es la unidad en la cual se establecen los honorarios de los abogados, lo elevó de 9.800 pesos a más de 40.000. Una suba mayor al 300% que, si se mide interanual, supera el 1.300%, dado que en junio de 2023 el valor del jurista era de 2.750 pesos.

Los números surgen de establecer que el jurista se corresponde con el 1,5% del sueldo básico de un juez de primera instancia, que actualmente está en 2.682.753 pesos. Y, lógicamente, todo queda atado a los aumentos salariales del sector.