Una mujer denuncia que no le permiten ver a su marido y revela irregularidades en un geriátrico de General Ramírez. Dos instituciones de una misma propietaria, una de ellas clausurada el año pasado, pero que sigue funcionando. Un informe del programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), mostró los detalles de un caso particular que desnuda una cruda realidad.

El año pasado Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) presentó un informe sobre el trabajo de la Unidad Interministerial de Adultos Mayores, encargada de velar por las condiciones y habilitación de las residencias geriátricas y gerontológicas de la provincia. Como parte del control de dicho organismo, en septiembre de 2024 se dispuso la clausura de una residencia de la localidad de General Ramírez, Departamento Diamante, denominada “La Emilia II”.

La medida fue adoptada a través de una resolución oficial que detalla las razones por las cuales se dispuso el cierre inmediato del establecimiento.

Según el documento, la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores realizó una auditoría el 26 de enero de 2024 para verificar las condiciones en las que se encontraba la residencia. El informe concluyó que al ingresar al geriátrico se encontraron “33 residentes mixtos en un área común sin actividad programada, desalineados y con falta de aseo e higiene general, entre ellos tres residentes con discapacidad menores de 60 años”. Además, se destacó la “ausencia de seguimiento de las citadas personas y ausencia de profesionales”.

El Ministerio de Salud precisó que “la institución La Emilia II no se encuentra con la habilitación municipal, seguro de responsabilidad civil ni servicio de emergencia”, lo que constituye una violación a las normativas vigentes. A pesar de que para el 18 de abril de 2024 la residencia ya contaba con la habilitación municipal, aún no había subsanado “la mayoría de las irregularidades detectadas el 26 de enero de 2024” y el número de residentes había aumentado a 35. El informe subraya que “una de las cuales manifestó no tener voluntad de estar allí”.

La resolución ministerial también resaltó que “el lugar no cuenta con el equipo de profesionales básicos, no presenta mejoras edilicias y se han agregado camas, llegando a 37”, lo que incrementa el riesgo para la salud de los residentes. Debido a estas circunstancias, el documento señala que se “sugiere la clausura del mismo”.

En términos legales, el Ministerio de Salud concluyó que el geriátrico no cumplía con los requisitos de la Ley 10.932 en cuanto a planta física, personal y documentación de la propiedad. “No se cumplimenta con los registros exigidos normativamente respecto de los pacientes”, se detalla en la resolución.

Tras ello, la cartera sanitaria dispuso un plazo de 30 días para que las familias de los residentes puedan reubicarlos. El objetivo principal del plazo otorgado es facilitar el proceso de reubicación de los adultos mayores, en colaboración con los familiares y responsables, asegurando que los residentes reciban la atención y los cuidados necesarios.

No obstante, hoy el lugar continúa funcionando y lo más grave es que la propietaria del lugar, doctora Emilia Mabel Garcilazo, no ha dado muestras de allanarse a los pedidos del organismo provincial para regularizar la situación, no se interesó por mejorar las condiciones de higiene, limpieza, alimentación de sus residentes, y siguió recibiendo nuevos adultos pese a estar clausurados.  

Según confirmó Cuestión de Fondo, se limitó a presentar un recurso de apelación a la clausura que fue rechazado por el Ministerio de Salud. Y tras la clausura, también se les suspendieron las habilitaciones municipales a los dos geriátricos de su propiedad, La Emilia I y La Emilia II.

Cabe mencionar que Garcilazo fue directora del hospital de San Jaime de la Frontera, y actualmente es funcionaria policial del área de Sanidad.

En este marco, la Unidad Interministerial sigue trabajando en el lugar ya que hay familias que se niegan a trasladar a sus adultos, en algunos casos por imposibilidad económica, e incluso hay residentes que no tienen contacto con parientes cercanos. Por ello se trata de buscar lugares para la reubicación, siempre priorizando el bienestar de las personas, y que el lugar se cierre de forma definitiva. También se le dio intervención a la justicia a través de la defensora multifueros de Diamante, María Agostina Favotti.

Pese a los intentos reiterados, Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) no pudo comunicarse con la dueña de los geriátricos. Sí se logró una comunicación telefónica con la encargada de los lugares, Andrea Domingo, es pareja de Javier Garcilazo, hermano de la propietaria de las residencias, Emilia Mabel Garcilazo.

Domingo confirmó que “los geriátricos están funcionando desde hace siete años” y que continúan haciéndolo mientras continúa el proceso legal en la justicia y administrativo en el Ministerio de Salud.

Afirmó también que “la justicia de Diamante trabajó en el geriátrico y que la justicia suele controlar a las personas con discapacidad que permanecen como residentes en el lugar”.

Asimismo, planteó que “muchas familias no pueden trasladar a sus adultos por los altos costos de otras residencias” y que en La Emilia I y La Emilia II “hay quienes pagan muy poco, de acuerdo a la posibilidad de cada residente”.

Denuncia y desesperación

En medio de este panorama, Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) pudo conocer la denuncia de Otilia Giménez, quien asegura que desde el 18 de enero no le permiten ver a su marido, internado en la residencia geriátrica La Emilia I. También denuncia malas condiciones de higiene, salubridad y alimentación en el lugar.

Además, el abogado Pablo de Iriondo fue el primero en brindarle a Otilia la escucha que necesitaba y la asesoró en los primeros pasos judiciales. Asimismo, lleva adelante la denuncia de una ex empleada de geriátrico por malas condiciones laborales y salariales.

De Iriondo explicó a Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) los pasos que se dieron y las medidas que dispuso la Justicia.