Ser y parecer

Se están cumpliendo por estas horas dos años de las gestiones de Javier Milei a nivel nacional y de Rogelio Frigerio en la provincia, y justamente el vínculo entre ambas administraciones es lo que ha signado estos meses y será decisivo en la segunda mitad de los mandatos.

El 11 de diciembre de 2023 Frigerio asumió la gobernación de Entre Ríos, que desde 2003 había estado en manos del PJ, de modo ininterrumpido. Las críticas a esos 20 años de peronismo -que nadie replica, quizás por el complejo que causa tener a uno de sus principales protagonistas al borde de la prisión, como el caso de Sergio Urribarri- fueron y siguen siendo el caballito de batalla de Frigerio.

La primera etapa de la gestión se ordenó bajo una impronta clara: el fin de los privilegios, la eficiencia y la transparencia fueron conceptos repetidos en cada discurso. Todo atravesado por el recorte inédito de recursos por parte de la Casa Rosada y del nuevo concepto que instaló Milei: “Gobernar sin plata”.

Frigerio eligió no confrontar. Sus quejas públicas hacia la Nación fueron mínimas. Soportó críticas, pagó costos y fue por más al avanzar en la construcción de una alianza electoral con La Libertad Avanza.

La jugada resultó: consiguió una victoria aplastante en las urnas, tiene a un amigo en el Ministerio del Interior y se encamina a obtener financiamiento internacional. A eso se suma una oposición debilitada que no logra acomodarse a ese rol ni recomponerse después de su cuarta derrota consecutiva.

Porque recordemos que el peronismo en Entre Ríos ganó en junio de 2019 la reelección de Gustavo Bordet en comicios desdoblados y desde entonces no volvió a ganar una elección: perdió las nacionales 2019 con Alberto Fernández candidato, perdió las intermedias de 2021, perdió las generales de 2023 y perdió las legislativas de octubre de 2025.

Sin embargo, está lejos de estar resulta la realidad provincial. Las obras se siguen necesitando, los estatales siguen reclamando mejoras salariales, el sistema de Salud necesita de todo. Veremos si el gobierno provincial logra capitalizar el oxígeno que le dio la victoria electoral y traducirlo en gestión porque las cuestiones pendientes son muchas.

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Más allá de la fecha, que nos obliga a hacer mención a los dos años de mandato, la noticia por estas horas son los pedidos de juicio político contra la vocal del STJ Susana Medina.

Lo primero que hay que decir al respecto es que la investigación periodística que realizamos -que hoy es pieza clave en esas denuncias- se basó en un material al que la prensa y la ciudadanía no habíamos accedido nunca en la historia de nuestra provincia.

Me refiero a la respuesta al pedido de informes que desde ANÁLISIS presentamos meses atrás consultando las licencias tomadas por los nueve miembros del Alto Cuerpo.

La respuesta a esa solicitud es el origen de todo lo que están pasando hoy. Y es importante decir que es la primera vez que el Poder Judicial entrerriano muestra datos de esta naturaleza. No porque no haya habido pedidos, porque los hubo y muchos. Lo que no hubo fueron respuestas.

Puede haber críticas a la gestión de Frigerio, y siempre las hemos formulado en este espacio, pero es muy importante decir que este proceso en curso muestra un cambio concreto en el clima de época en materia de transparencia desde que comenzó este gobierno que está cumpliendo dos años.

Es un elemento a valorar. Y mucho. Y también nos obliga a mirar qué postura adopta el Poder Ejecutivo en torno al trámite del juicio político contra la vocal Susana Medina. Y está muy claro que el Poder Judicial solo no va a autocorregir esas irregularidades. Basta recordar lo que pasó con el ex vocal Carlos Chiara Díaz apenas nueve años atrás.

Chiara Díaz estaba en Buenos Aires varios días a la semana dando clases en distintas facultades. Esto se había naturalizado en Tribunales. Además, viajaba con viáticos, autos, choferes y a veces hasta pasajes de avión pagados por el Poder Judicial.

Una situación muy similar a la de Susana Medina, pero en el caso de ella con las actividades de la Asociación de Mujeres Juezas. Puede ser muy loable la tarea de esta entidad o de otras instituciones de similares objetivos, porque no es eso lo que se cuestiona.

El tema es que Medina faltó a su trabajo más de 660 días por seguir la agenda de esta asociación que presidió por más de una década, lógicamente descuidando su tarea como vocal de la Sala Laboral del Alto Cuerpo y dejando que se acumularan los expedientes de personas que esperan una resolución que no llega. El sueldo mensual de Medina como vocal del STJ es de 16 millones de pesos. Y se le paga para que dé respuesta a las demandas de los entrerrianos. No se le paga para que sea “embajadora itinerante”, recorra el país y el mundo con dineros públicos. Nadie del Poder Judicial la designó para eso, sino para trabajar por los ciudadanos entrerrianos. Y por estas horas suena hasta vergonzoso que Medina se pase llamando a las diferentes juezas y organizaciones del país o del mundo, para que le manden a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, cartas o petitorios resaltando la tarea de la vocal en el mundo, que sorprenden por el parecido en los textos, cuando eso no está en cuestión.

El punto es que Medina no va a trabajar un promedio de 100 días al año (cuando el calendario judicial anual es de 210 días), ello afecta el servicio de justicia y a ella nunca se le descontó un peso de su sueldo.

Y está visto que ninguno de los jueces de los petitorios conoce la realidad entrerriana ni se ha tomado la molestia de leer de qué se tratan las denuncias, realizadas con documentación oficial de la propia justicia.

Chiara Díaz se defendió diciendo que llevaba el despacho al día. Y era cierto. Trabajaba los fines de semana y no dejaba de firmar lo que tenía que firmar. Igual la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación por mal desempeño en su contra y cuando el trámite pasó al Senado el magistrado decidió presentar la renuncia y jubilarse.

En el caso de Medina, hoy nos enteramos que la situación podría ser peor. La denuncia que presentó esta mañana la ONG “Entre Ríos sin Corrupción” muestra que la Sala Laboral que integra la vocal tuvo un índice de morosidad del 90% el año pasado y lleva un 88% en lo que va de este 2025. ¿Cómo no asociar este retraso con las ausencias de la doctora Medina?

La Comisión de Juicio Político se reúne mañana. La integran 19 diputados: diez del oficialismo, seis del peronismo y tres pertenecientes a distintos bloques libertarios y tendrán que empezar a tomar definiciones, en torno a denuncias concretas y contundentes, basadas en documentación.

Y algunos detalles no menores a consignar. En lo va de la gestión Frigerio el Poder Legislativo hizo su ordenamiento con la revisión de designaciones irregulares, la anulación de las que estaban mal y la publicación en la web de los nombres de los empleados, contratados y demás datos (aunque tuvo que mediar un recurso de amparo de esta misma ONG que hoy denunció a la jueza Medina).

El Poder Ejecutivo tomó numerosas medidas en pos de la transparencia, publicó los sueldos de los funcionarios, restringió el uso de los autos oficiales, impulsa la Ley de Ética Pública, eliminó los gatos reservados y fue especialmente estricto -como nunca antes- justamente con las inasistencias a los lugares de trabajo. Fue el propio gobernador quien puso la vara alta para combatir hechos de corrupción e irregularidades en la administración pública. Y reclamó firmeza y compromiso a cada uno de los integrantes del Estado entrerriano, donde también está el Poder Judicial.

En lo que va de la gestión fueron dejados cesantes cerca de 400 empleados de distintas reparticiones que no pudieron justificar sus faltas. Hay casos de trabajadores exonerados por faltar apenas un día más que los 15 que contempla la normativa vigente.

En el Poder Judicial hace apenas nueve años un vocal se terminó yendo ante la denuncia por inasistencias y nada cambió. Porque hoy estamos ante una situación casi calcada e incluso peor en algunos aspectos en relación a la vocal Medina.

Está visto que el Poder Judicial no se va a ordenar ni transparentar solo. Caso contrario esto no estaría ocurriendo. Por eso, sabiamente la Constitución le da en estos casos al Poder Legislativo la potestad de investigar, acusar y juzgar.

Fuera de los reglamentos y los tecnicismos en el nombre del proceso que está teniendo lugar encontramos la salida: el juicio en este caso es político y será la política, la mejor, la buena, la de la transparencia, la que vino a echar luz donde había oscuridad, la que tenga la última palabra. Si ello no sucede, se estará engañando a quienes confiaron en esos conceptos del gobernante, que prometió una lucha a capa y espada.

Pregunto: ¿Qué hacían los vocales Germán Carlomagno y Daniel Carubia ayer al mediodía en Casa de Gobierno, en las inmediaciones del Ministerio de Gobierno?

Está claro que es la oportunidad para demostrar que las cosas se hacen en serio, que no existen las falsas promesas ni las mentiras desde un poder, que se juró sería otro a partir de diciembre de 2023. Y que no es tiempo de privilegios ni de privilegiadas.

(*) Editorial compartida en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) del miércoles 10 de diciembre de 2025.