
La diputada nacional Blanca Osuna (UxP – Entre Ríos) informó que presentó un reclamo administrativo contra el Gobierno provincial por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. La legisladora apuntó especialmente a la falta de respuestas en torno al convenio firmado entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y la empresa PTP Warrant S.A., y cuestionó al gobernador Rogelio Frigerio.
ANÁLISIS dio cuenta de dicho acuerdo en octubre del año pasado. Se indicó entonces que la firma desembarcaba en la provincia con una inversión de 12 millones de dólares. La firma del acuerdo es parte del holding de capitales nacionales PTP Group, que maneja puertos en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y España.
En primer lugar, Osuna indicó: “He presentado un reclamo administrativo ante la Mesa de Entradas de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, conforme a lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 19.549, por el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte del Gobierno provincial y los organismos responsables de la gestión del Puerto de Ibicuy”.
Luego, explicó que: “El reclamo se funda, entre otras cuestiones, en la falta de publicación del Convenio de Permiso de Uso Oneroso suscripto el 28 de Octubre de 2024 entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y PTP Warrant S.A., y en las respuestas parciales, omisivas y derivaciones indebidas que he recibido tras cuatro pedidos que formalmente realicé el 14 de Noviembre de 2024, el 13 de Febrero de 2025 y el 09 de Mayo de 2025. Además, el 12 de Junio de 2025 presenté un reclamo y denegatoria ante el Instituto Portuario, organismo que derivó la obligación de responder a otros organismos el 26 de Junio de 2025, sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna respuesta”.
Más adelante, la diputada se preguntó y argumentó: “¿Por qué es grave? El convenio en cuestión regula el Préstamo de Uso que el gobierno realizó a la empresa PTP Warrant S.A. en el Puerto de Ibicuy. Dicho Puerto cuenta con condiciones excepcionales, constituye una infraestructura estratégica para la provincia. Es vía de salida de la producción de la región, genera actividad económica y genera puestos de trabajo. A su vez, su actividad impacta en la seguridad ambiental y sanitaria de comunidades que habitan y producen en su entorno. La opacidad en este tipo de acuerdos limita e impide controlar el cumplimiento del Gobierno provincial de obligaciones laborales, ambientales y de desarrollo turístico que son esenciales para la zona. Este reclamo presentado pone de manifiesto, además, la magnitud y el riesgo del evento ocurrido en el Puerto Ibicuy a raíz de la descarga y acopio a cielo abierto efectuado por la empresa PTP Warrants S.A. de alrededor de 5.000 tn (5.000 toneladas) de azufre, producto que quedó estacionado entre el 10 de Marzo de 2025 y el 25 de Junio de 2025. El formato de acopio expuso el material a lluvia y viento, con riesgo real de contaminación del aire, del suelo y del río Paraná Ibicuy, y puso en peligro la salud de los trabajadores portuarios, vecinas comunidades y la ribera afectada al turismo, a la pesca artesanal y actividades deportivas”.
Finalmente, Osuna reclamó medidas concretas: “Es Urgente contar con respuestas claras e inmediatas sobre: la publicación íntegra y pública del convenio; los estudios y certificados ambientales exigidos (EIA, certificado de aptitud ambiental y medidas de contención previstas); el estado y grado de avance de las obras comprometidas por la Empresa PTP Warrants S.A. en el convenio; los registros de facturación y pago del canon (fijo y variable) establecido; las medidas de protección sanitaria y de prevención para trabajadores y comunidad ante el acopio y movimientos de insumos nocivos para la vida y el ambiente; los controles y protocolos de remediación ante derrames o contaminación ocurrida en el agua y el suelo. Resulta paradójico que el propio Gobernador Frigerio, autor e impulsor de la Ley provincial N° 11.191 que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública, vigente desde el 26/02/2025, y que presentó como un logro de la transparencia de su gobierno, sea, al mismo tiempo, el principal responsable de funcionarios y funcionarias que omiten información y no responden requerimientos en ese marco. Señor Gobernador, usted debe predicar con el ejemplo y cumplir con la ley. El reclamo es claro: exigimos transparencia, en defensa del derecho a la información, al desarrollo productivo, al cuidado del ambiente y la salud”.