El 1º de julio se implementará el CPP en La Histórica, por lo cual desde Aperju, advirtieron sobre la falta de concursos. “Hemos consultado en forma reiterada, por los nombres de los nuevos magistrados que se designaran y no hemos obtenido respuesta”, señalaron. Y reprocharon: “Nos queda claro que el STJ, no quiere brindar los nombres de quiénes son los funcionarios que tendrán a su cargo la jurisdicción penal en este foro provincial. Es decir, estarían infringiendo el derecho de información que tenemos los ciudadanos, por cuanto recibimos la noticia que el viernes 17 junio 2011 se llevó a cabo el taller de capacitación en nuestra ciudad”.

En un comunicado enviado a Recintonet, recriminaron que “también está claro que para poner en funcionamiento el nuevo CPP, se designaran los funcionarios que cubrirán los nuevos cargos sin concurso público”.

Asimismo, remarcaron que “del Consejo de la Magistratura, dice el artículo 180º de la Constitución de Entre Ríos, es un órgano del Poder Ejecutivo cuya ‘competencia exclusiva’ consiste en proponer, ‘previa realización de concursos públicos y mediante ternas vinculantes, la designación en los cargos que correspondan de los magistrados y los funcionarios’ del Poder Judicial”. Y tras ello, destacaron: “Con el objeto de lograr un mejor servicio de justicia, ante los plausibles requerimientos de la sociedad civil en lo atinente a su participación en las cuestiones de gobierno y frente a la presente conflictividad social, se torna imprescindible como primera medida, jerarquizar el Poder judicial modificando los mecanismos de selección de los magistrados y funcionarios judiciales”.

En ese sentido, subrayaron que se debe tender “a hacer realidad los requisitos constitucionales de idoneidad, independencia e imparcialidad, garantizando la igualdad de oportunidades para el acceso a la función judicial”; y que “para ello, se torna necesario garantizar dicha selección con la mayor objetividad y participación de los distintos estamentos de la sociedad en la evaluación de quienes tendrán la función de impartir justicia, tomando en cuenta sus antecedentes y su evaluación mediante un examen de idoneidad y una entrevista persona con los candidatos para conocer sus virtudes democráticas, abierta a toda la ciudadanía”.