“El desalojo se está llevando a cabo con custodia policial de instrucción y no tengo dudas de que se va a cumplir el plazo”, dijo Rojkin. Estas declaraciones las realizó en el marco de cumplirse los 30 días para la fecha límite otorgada por la jueza Ríos. Finalmente, el 13 de julio el ex senador provincial condenado por enriquecimiento ilícito deberá desalojar completamente el campo de 2.164 hectáreas, ubicado en Raíces Norte, próximo a Maciá, en el departamento Tala, como parte de la condena recibida en 2005.

Por ello, el fiscal Rojkin confirmó en diálogo con Diario Junio que “el desalojo se está llevando a cabo con total normalidad, de a poco el imputado está sacando sus pertenencias, sus maquinarias, y todo aquello que no esté dentro del decomiso”. Además, apuntó que “hay personal policial que está custodiando que la tarea se lleve a cabo”. Asimismo, reiteró que a entender de la fiscalía y la procuración general de la Provincial “las hectáreas sembradas le pertenecen al Estado”.

Igualmente, el funcionario manifestó: “Consideramos que en el plazo que le ha otorgado la jueza de Instrucción (60 días) no tengo ninguna duda de que va a desalojar completamente el campo”.

En cuanto a cuales fueron los términos en los que el condenado ex senador accedió al desalojo luego de haber presentado cuanto recurso judicial fuera posible para evitar devolverle al estado el oneroso latifundio, Rojkin señaló que “comenzó a partir del momento en que se dictó la última resolución, antes había pedido una prorroga pero desde la última resolución a comenzado a retirar sus bienes”.

Respecto de la siembra de soja que según habría referido el abogado defensor de Yedro, este había realizado en varias hectáreas de dicho campo, el fiscal sostuvo que: “Eso se va a determinar oportunamente pero yo personalmente creo que la siembra pertenece al Estado provincial”. De esta manera, se suma a lo expresado el mes pasado por el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García.

Por último, el campo de 2.164 hectáreas, está ubicado en Raíces Norte, próximo a Maciá, en el departamento Tala, y fue adquirido por una sociedad, Del Rubio y Hunmendi SRL, pero de un modo reprochable para las leyes. Uno de los socios de Del Rubio y Hunmendi era el ex legislador Yedro. Esa operación inmobiliaria, a ojos de la Justicia, fue concretada con fondos “cuya procedencia legítima no pudo justificar” el ex legislador justicialista, hecho que dio sustento a la “condena por enriquecimiento ilícito” dictada en su contra en 2005.