El juez de Instrucción número 5 de Paraná, Oscar Dosba, no hizo lugar ayer a un pedido de no innovar sobre la aplicación de los descuentos de los días no trabajados por los docentes en adhesión a las medidas de fuerza. El magistrado no se pronunció sobre la cuestión de fondo: la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo General de Educación (CGE) que dispuso la aplicación de esos descuentos. Mientras tanto, ayer continuaron las negociaciones entre los cuatro sindicatos y el Ministerio de Economía, con la intención de que se arribe a una propuesta salarial que impida la realización de nuevos paros, lo que se podría definir el sábado. Ayer se presentaron las primeras 15 acciones de inconstitucionalidad con pedido de no innovar contra la polémica disposición del CGE, cada una de las cuales agrupa la demanda de tres docentes. Además, según estiman en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) alrededor de 5.000 maestros se presentarán a la Justicia en los próximos días.

Una de esas acciones fue rechazada parcialmente por el juez Dosba, en cuanto al planteo de no innovar, por entender que hacer lugar a esa medida sería anticipar su resolución sobre la problemática de fondo, es decir, la inconstitucionalidad de la Resolución número 1.910, y tendría el mismo efecto: la no aplicación de los descuentos.

“En lo atinente a la medida cautelar interesada, y siendo que su contenido no puede importar idéntico resultado que se pretende lograr con la sentencia, no ha lugar a la misma”, sostuvo el magistrado en su resolución. “La garantía de éxito no puede plasmarse en la satisfacción anticipada de lo que fuera objeto de la acción”, agregó.
Dosba debe todavía expedirse sobre la inconstitucionalidad de la resolución del CGE, aunque con su decisión de ayer rechazó una de las demandas de los docentes para que se frenen los descuentos hasta que haya una definición en ese sentido.

Discusión contrarreloj

El ministro de Economía, Diego Valiero, volvió a recibir ayer a los cuatro gremios docentes intentando acordar una nueva propuesta de aumento salarial que permita evitar la realización de nuevos paros. Las negociaciones se iniciaron ayer a la mañana, continuaron a la tarde y seguirán hoy a partir de las 11.30, en una discusión contrarreloj antes del congreso del sábado en Colón de AGMER que definirá un futuro plan de acción que a su vez sería imitado por el resto de los sindicatos.

En las reuniones de ayer se analizaron algunas alternativas de mejora de la última oferta, que fuera rechazada por el frente gremial. La mejora consistiría no en un incremento de los montos ofrecidos sino en su distribución, volcando una mayor proporción al salario básico. Aunque la negociación todavía no se cerró, se sabe que la pretensión mínima de los docentes es una duplicación de los montos comprometidos en los incrementos, llevando los 3,7 millones propuestos a más de 7 millones para lo que resta del año.

La provincia, y el propio gobernador, ya advirtió en varias oportunidades que no está en condiciones de mejorar la oferta en ese sentido. En ese marco no se descartaría que las discusiones no alcancen a lo reclamado por los gremios, lo que implicaría la definición de más medidas de fuerza. También hay que tener en cuenta que existen otras demandas, como la inversión en infraestructura y la mejora de las condiciones laborales.

La secretaria general de AGMER, Marta Madoz, dijo que asistieron a la reunión con Valiero luego que el gobierno difundiera que está dispuesto a mantener las instancias de diálogo. En ese mismo sentido también se pretende discutir en el Senado el proyecto que declara “servicio esencial” a la educación y le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de instrumentar todas las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento. Este proyecto fue rechazado ayer por AGMER mediante un comunicado de prensa.

Por otra parte, los sindicatos solicitan una intervención de la Nación que permita destrabar el conflicto, especialmente porque es el compromiso asumido con el gobierno nacional en la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que impide subir el gasto en salarios.

Probables sanciones

El director provincial de Trabajo, Oscar Balla, se reunió ayer con funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, a quienes informó sobre el conflicto docente. El funcionario dijo que la semana próxima el organismo nacional “estaría brindando un dictamen al respecto”, y no descartó la posibilidad de que se aplique algún tipo de sanción a los gremios que no acataron la conciliación obligatoria.

“La suspensión de la personería jurídica podría ser una de las sanciones posibles”, señaló Balla, quien se reunió en horas de la tarde con la viceministra de Trabajo de la Nación, Noemí Rial, y con el subsecretario de Relaciones Laborales, Guillermo Alonso Navone.

“Les llevé el expediente en el que consta el no acatamiento de los gremios a la conciliación obligatoria”, dictada días atrás por el organismo provincial. “Les presenté un escrito en el que informé todo lo que había acontecido en la provincia, por lo que el Ministerio la semana próxima estaría brindando un dictamen al respecto”, manifestó el funcionario provincial a Uno.