“El momento del país exige compromiso, esfuerzo y diálogo”, postuló, al tiempo que reconoció: “Es cierto que existen debates que no pueden esperar más y eso necesita del consenso de todos los actores, políticos y sociales. Debemos acordar qué modelo de país nos planteamos para hoy y para el futuro. Es urgente la rediscusión de la coparticipación federal y una verdadera redistribución del ingreso. En eso estamos todos de acuerdo. Pero eso exige de madurez y consensos de los dirigentes de todos los orígenes políticos”.

En este sentido, resaltó: “Si bien se imponen estas discusiones, se debe tener memoria y no puede ser que ahora un grupo de gobernadores aparezcan como los campeones del federalismo, cuando estuvieron 12 años agachando la cabeza en actitudes genuflexas. Salvo excepciones como la de Córdoba, San Luis y alguna más, hay provincias que hoy alzan la voz y se olvidan de un pasado reciente vergonzante. Por eso discutamos, pero con mesura y responsabilidad”.

Martínez Garbino puntualizó: “Asistimos a una coyuntura donde los cambios que son necesarios para reorganizar las cuentas y el Estado deben ser afrontados por todos y especialmente por los que más tienen o se han beneficiado. Los costos de las medidas de este gobierno no pueden ser absorbidos por igual. Los trabajadores, los jubilados, los sectores de salud y educación, no pueden ser siempre los más perjudicados”.

“Hay grupos y sectores que se siguen manejando a través de la especulación. Las empresas que comercializan la producción de granos en la Argentina, que no son muchas y de las cuales la mayoría son extranjeras, continúan a pesar del cambio de gobierno, con actitudes especulativas. Esa producción ya no le pertenece a los productores y es una herramienta que usan a su antojo para conseguir el máximo de beneficio”, criticó.

Para el exintendente de Gualeguaychú, “estas empresas, sumadas a muchas otras, por ejemplo del sector alimenticio, siempre salen bien paradas y no asumen los costos de nada. Olvidan los compromisos y sólo piensan en las pingües ganancias que pueden obtener. Por eso es indispensable que se trabaje para que los costos de las transformaciones sean amortiguadas por todos los sectores y principalmente por los que más tienen o más rédito han venido obteniendo”.

Martínez Garbino celebró que en esta etapa que se inicia “haya lugar para el diálogo y los diversos actores puedan comenzar a discutir y consensuar políticas de Estado, donde se tiren sobre la mesa los grandes temas del país y nos pongamos a trabajar sobre programas a mediano y largo plazo, desplazando el eterno abordaje de la coyuntura”. Asimismo, remarcó: “Esto podrá rendir frutos con un gobierno que sostenga una mirada horizontal y federal, sin pensarse superior a nadie. Por ahora, los llamados a la mesa de diálogo, las convocatorias a los gobernadores y otros hechos son atisbos y señales que invitan a pensar que estamos en el inicio de una forma distinta de construcción política. Ojalá se mantenga en el tiempo y rinda los frutos que la sociedad espera”.

Para el dirigente del Nuevo Espacio “hay un tema que merece ser abordado con urgencia, pero con políticas de fondo y es el relacionado con la informalidad de la economía y el empleo. La informalidad en el país hoy supera el 40 por ciento y el sector de servicios es el que más colabora en esos guarismos. Esto se debe que ciertas actividades de los servicios no necesitan una alta capacitación. En tanto, los sectores de la economía que exigen un nivel de capacitación y estudios mucho más severos sólo tienen un 10 por ciento de informalidad. Eso significa, en primer lugar, que los más desprotegidos son, como casi siempre, los sectores de menos recursos y que a la corta o a la larga el Estado deberá aparecer con asistencia a través de planes o jubilaciones -sin el respaldo de aportes necesarios- para paliar situaciones de injusticia”.

Por último, indicó que “por todos estos motivos, el Estado debe abocarse a medidas de acompañamiento y promoción que apunten a ir bajando los niveles de informalidad. Esto se justifica en que es un hecho de extrema desigualdad e injusticia social; y por otro lado es una bomba de tiempo para el Estado que tarde o temprano deberá hacerse cargo de la situación de vulnerabilidad que padecerán esas familias”, finalizó.