Por Luis María Serroels para ANALISIS DIGITAL

De tanto en tanto aparecen noticias refrescantes, aunque las motiven hechos que transcurren allende nuestras fronteras. Esta semana se difundió que la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, resolvió el cese en sus funciones del ministro de Trabajo, Carlos Lupi, además de tramitar la detención por parte de la Policía Federal de unos cuarenta funcionarios del área de Turismo, cuyo ministro también ha sido separado.

Las medidas adoptadas por la Jefa de Estado, mandan investigar asimismo a empresarios, como partícipes en irregularidades y en actos de corrupción. Esto eleva a seis la cantidad de ministros que Vilma se ha llevado puestos durante los últimos seis meses, cuando aún no cumplió el primer año de su mandato.

Un dato importante es que esta mujer no le teme a los costos políticos y ello se evidencia en que sus decisiones afectan a ministerios a cargo de partidos aliados al Poder Ejecutivo y además rozan la gestión de Lula Da Silva, lo cual parece no importarle y constituye un dolor de cabeza para el ex mandatario.

Las acciones purificadoras y moralizadoras de este programa de “limpieza”, están a cargo de la Comisión de Etica Pública de la Presidencia, un rubro que en Argentina no funciona y más pareciera una Comisión de Salvataje e Impunidad, habida cuenta del modo en que los corruptos criollos sortean sistemáticamente el brazo de la ley con valiosas colaboraciones en algunos estrados judiciales.

Como detalle importante, digamos que Lupi fue echado porque realizó un viaje en un avión alquilado por una organización particular que después se vio favorecida con contratos para desarrollar proyectos de esa cartera ministerial. Expeditiva Dilma a la hora de poner orden e impregnar de transparencia a la función de gobierno, obrando no sólo con mano dura sino con toda celeridad y diligencia para trasmitirle a la ciudadanía un mensaje alentador. Además, la ida de los cargos no exime de las actuaciones judiciales a que hubiere lugar (recordemos el caso del ex secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, emblema de los actos reprochables, que hizo lo mismo que el brasileño Lupi sin recibir ninguna reprimenda de Néstor ni de Cristina Kichner, no obstante el peso de las denuncias). Los propios secretarios privados de la presidente están siendo investigados por el inusitado crecimiento de sus patrimonios.

Un dato que no deja de ser trascendente, es que Rousseff observa con mucho respeto y atención lo que publica la prensa carioca y, lejos de calificarla como factor destituyente, toma muy en serio sus denuncias para poner en marcha los mecanismos que permitan aclarar las picardías de sus colaboradores. Una característica ésta que diferencia a Brasil de Argentina, porque en el gobierno del gigante sudamericano podrán registrarse actos de corrupción, pero jamás se renuncia a la tolerancia cero. Los desvíos de dinero, sobornos, enriquecimiento ilícito y otras travesuras, terminan siendo puertas abiertas para mandar funcionarios a la calle y abrir una investigación. En esta cruzada que se observa como una política de Estado, ya fueron defenestrados el Ministro Jefe de Gabinete y sus pares de Transporte, Agricultura, Turismo, Deporte y Trabajo.

La señora Dilma Rousseff es la misma persona que recientemente y en ocasión de concurrir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ordenó a los integrantes de su comitiva utilizar sus tarjetas de crédito personales en cuanta compra particular realicen. Si amigo lector; se trata de una mandataria que tiene bien en claro los cánones éticos que demanda su cargo y que cree en el efecto derrame del ejemplo.

Esta semana se reveló que el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos viene investigando el presunto pago de coimas desde la empresa brasileña Embraer a funcionarios públicos argentinos, por la venta de 20 aviones con destino a Aerolíneas Argentinas concretada en mayo de 2009 (cuando era secretario de Transporte el citado Jaime) y por los que nuestro país pagó 700 millones de dólares. La pesquisa comenzó hace un año y daría cuenta de que se hallaron fuertes indicios de corrupción, incluso se informó que el ministro de Justicia Julio Alak (hoy confirmado en el cargo por Cristina Fernández), estaría al tanto de estas operaciones irregulares realizadas durante que datan de la época de Lula Da Silva. Será muy interesante observar de qué manera ambas presidentas reaccionan y actúan frente a estos hechos que involucran a ambos países.

Cuando el mundo se entera de que un ex presidente procesado por graves delitos, no sólo fue sobreseído por un fallo insólito donde las pruebas eran abrumadoras, sino que además es elegido por segunda vez consecutiva como senador de la nación, mal puede extrañarnos que nuestro país tenga tan bajas notas en materia de honestidad, situándonos en un triste sitial en el contexto internacional.

Y cuando trasciende que en una causa vinculada con el trazado de un gasoducto, los directivos de una empresa (Skanka) fueron absueltos por un juez, a pesar de que los propios imputados admitieron formalmente haber recibido coimas, ¿qué se puede aguardar?

“La corrupción política es una de las más graves deformaciones del sistema democrático, porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social, compromete el correcto funcionamiento del Estado influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados, introduce una creciente desconfianza respecto de las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones…”, expresa un documento contenido en la Doctrina Social de la Iglesia. ¿Qué van a decir los gobernantes? ¿Que denunciar la corrupción es una gimnasia de curas desocupados e hipersensibles que se meten con el Estado?

En Argentina, el soborno, cohecho, “retorno”, sobreprecios en contratos de obras y adquisiciones, valijas clandestinas repletas de dólares, paquetes con dinero escondidos en el baño de una ministra y la obscena multiplicación en poco tiempo del capital y bienes de altísimas autoridades, son un clásico de la función pública.

El alejamiento por fatiga moral del incorruptible funcionario en la tarea de auditoría del desempeño de los organismos del Estado (Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas), Manuel Garrido, son el signo distintivo de una conducta oficial plagada de podredumbre, en un país con millones de pobres e indigentes, pero con dirigentes enriquecidos al amparo de las consabidas prebendas.

Existe toda una historia nacional donde los escándalos gozan de protección, convirtiendo en vivos a los sinvergüenzas y en tontos a los honrados. Hace tiempo hablamos de la corrupción entronizada entre los pliegues del poder y pusimos énfasis
en un tema que sigue siendo frustrante: el 13 de enero de 2010, Alejandro Olmos Gaona (hijo de Alejandro Olmos, un patriota tucumano que puso al desnudo la corrupta deuda externa a la luz de un fallo judicial del juez Jorge Ballestero, que mandaba integrar una Comisión Bicameral Investigadora), le envió una extensa carta a Cristina Fenández, donde le detallaba minuciosamente la historia de lo que denominó Deuda Odiosa. Hasta ahora la respuesta no se conoce. La Comisión tampoco.

Trazando un paralelismo entre las acciones de Dilma Rousseff, enérgicas a la hora de barrer con la corrupción, y el temperamento históricamente adoptado en nuestro país, no puede menos que darnos una profunda desazón. Brasil, esta probado, cuando quiere divertirse a lo grande, se vale de su fascinante Carnaval (una impresionante expresión cultural exportada al mundo entero). Pero cuando se decide a terminar con los corruptos saqueadores del Estado, se divierte actuando con decisión, seriedad, coraje y prontitud. En nuestro país, el jolgorio rige todo el año en el escenario político (y suele ser contagioso). Dilma Rousseff, tiene sólidas razones para andar tranquila por todos lados. Ella, como muchos en nuestro país, supo de las luchas juveniles en pos de un mundo mejor y una sociedad más justa. No practica la demagogia, no hace ostentación y castiga a los ladrones públicos sin miramientos. No es poca cosa.

* ¿Botnia correntina?
Nuestros lectores deben recordar las innumerables ocasiones en que abordamos el grave problema de la pastera instalada en Fray Bentos y estoicamente resistida por los habitantes de Gualeguaychú, abandonados a su suerte por el gobierno vernáculo, otrora propiciador de una declaración de causa nacional a esa cruzada por el medio ambiente y posteriormente víctima de una extraña amnesia que también padece hoy Cristina Fernández, en buenas relaciones con su par oriental José Mugica.

Hemos planteado nuestras dudas de que no todos los gobernadores que suscribieron el Acta declaratoria el 5 de mayo de 2006 -sin atreverse a sacar los pies del plato delante de Néstor Kirhner- lo hicieron realmente convencidos, porque en sus intereses regionales no descartaban la producción propia de pasta celulosa para lo cual contaban con centenares de miles de hectáreas forestadas con las especies apropiadas para elaborar ese insumo. De hecho en nuestro país funcionan plantas de ese tipo e incluso algunas enfrentan denuncias ante la justicia por contaminación ambiental.

Esta semana y sin medias tintas, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombí, sacudió el avispero anunciando su firme determinación de fomentar la instalación de plantas productoras de pasta y papel a la vera de los ríos Paraná y Uruguay. Sabemos que en Entre Ríos se prohibió encarar este tipo de fabricación con severos controles, incluso vedando la venta al Uruguay de rollizos de madera entrerriana, algo que no garantizaba nada en tanto los productores se podrían manejar triangulando sus exportaciones a través de las provincias de Corrientes y Misiones.

Ante la decisión de Colombí, el diputado santafesino Enrique Marín (PJ), no demoró en demandar a su gobierno que actúe, “porque no se puede dejar que sigan avanzado en esta cuestiones”, advirtió. Reflexionó asimismo que las organizaciones ambientales y los intendentes que podrían ser afectados por la instalación de estas plantas, “no se han movido lo suficiente. El legislador visualiza el daño permanente que significará para el medio ambiente la fábrica proyectada.

Es que este anuncio no hay dudas que aprovecha la declinación en que incurrió el gobierno nacional. En los análisis preliminares que deben estar haciendo los correntinos, seguramente tendrán en cuenta un principio de coherencia: si Cristina se olvidó de la lucha de Gualeguaychú, resultando funcional al gobierno uruguayo, mal podrá reaccionar contra planes pasteros en una provincia que podría esgrimir cuestiones de autonomía. Debemos aclarar que el Tratado del Río Uruguay, que data del 26 de febrero de 1975, no incluye a Corrientes y a simple vista, hoy por hoy no existirían elementos que impidan estas radicaciones, salvo una reacción muy fuerte de los propios habitantes de la tierra de Berón de Astrada.

Según Marín, oportunamente se comunicó con funcionarios del área ambiental de Corrientes para plantearles este tema, recibiendo como respuesta que no existía la posibilidad de instalar pasteras. Le mintieron y el anuncio de Colombí instala una seria preocupación que debería ser compartida por las autoridades entrerrianas, pero bien se sabe que el gobernador Sergio Urribarri carece de la suficiente independencia de criterios para sentar posición en un asunto tan crítico como el que despierta lógica inquietud regional.

Así como los entrerrianos rechazaron y lograron torcerle el brazo al gobierno nacional cuando se proponía construír la represa de Paraná Medio, seguramente ahora harán causa común para resistir esta iniciativa. Aún sospechando que el gobierno provincial no se involucrará para no generar enojos en la Casa Rosada (ojalá nos equivoquemos), la lucha vale la pena. Es que Corrientes no se conformará con una planta sino que construirá todas la que pueda, porque su gobernador anticipó que se cuenta con unas seiscientas mil hectáreas forestadas con destino a la elaboración de pasta celulosa. Semejante vastedad no se logra de un día para el otro, por lo que es sencillo deducir que cuando Corrientes firmó el Acta de Gualeguaychú, ya tenía trazados sus planes a futuro. Esto, según nuestro rico idioma, significa hipocresía y por si fuera poco, también traición.

* Purga justicialista
La precisión y extensión de la nota publicada en este sitio el lunes 5 con la firma de Hugo Remedi, tornan innecesario explayarnos demasiado respecto del problema que afecta a más de tres decenas de afiliados al Partido Justicialista –incluyendo al ex tres veces gobernador Jorge Busti- y que se encuentran en capilla a la espera de las sanciones avaladas de antemano por el congreso partidario reunido el sábado 3 en esta capital. El Intendente de Paraná con mandato cumplido José Carlos Halle, el ex senador y ex convencional Augusto José Alasino y el ex diputado nacional y ex funcionario provincial, Héctor Maya, también enfrentarán la guadaña vengadora.

La nómina contiene a candidatos de diferentes jurisdicciones y poderes (algunos de los cuales resultaron electos) y no deja de generar dudas si al final serán castigados todos (con suspensión o cancelación de la ficha afiliatoria), o quizás la vendetta se sacie con los más pesados, dándole una pátina de perdón misericordioso al resto.

Pero hay cuestiones que permanecen en la memoria. Por ejemplo, en 2007 hubo una fracción disidente del partido que, encabezada por Julio Solanas y Enrique Tomás Cresto y con la Lista 100, fueron a las urnas pujando contra el establishment que, orientado por el gobernador Jorge Busti, promovió y sostuvo la candidatura de Sergio Urribarri, llevándolo a sentarse en el sillón principal de la Casa Gris.

No obstante el duro discurso panfletario empleado entonces contra el oficialismo, a nadie -que se sepa- se le aplicaron correctivos, debiendo recordarse que el propio Busti presidía el Consejo Provincial. Luego llegó la hora de los arrepentimientos y la reconversión con desembarco bajo el rescoldo urribarrista que los acogió sin reproches ni rencores, al punto de que Solanas es hoy diputado nacional y Cresto senador provincial logrado con el apoyo del reelecto mandatario y del titular de Consejo, José Cáceres. La purga que se proyecta aplicar ahora –tan distinta del temperamento sustentado en 2007 con los díscolos de entonces-, tiene todas las características de un castigo aleccionador focalizado en la figura del último presidente de la Cámara de Diputados provincial, quizás pensando en su defunción política y que fue él quien les impartió el propedéutico de la política cuando muchos de ellos eran principiantes.

La bronca se observa a flor de piel y con la pena se busca advertir a eventuales imitadores. Lo que hace cuatro años no fue pasible de sanción, ahora sí lo es. Pero cabría una reflexión de un antíguo militante: el pecado de los militantes y candidatos del EFE, que amerita respuestas draconianas, ¿fue más grave que el que afiliados justicialistas cometieron al incurrir en enriquecimiento ilícito y actos incompatibles con la función pública? ¿Qué sanción se promovió desde el seno partidario? A Domingo Daniel Rossi, por ejemplo, se lo mantuvo dentro del padrón.

Si en los últimos comicios Rossi hubiese ido por fuera del PJ, seguramente hoy figuraría en la nómina publicada por Remedi. Pero por las graves acciones que lo llevaron a ser condenado por la justicia, no existiría motivo alguno para anularle la afiliación. Como tampoco sucedió cuando las condenas por desvío de fondos para una campaña partidaria, de un ATN por parte de una entidad trucha. Los códigos de disciplina interna, cuando se muestran ciertamente flexibles e indulgentes según los casos, malogran su real propósito. Una fuente confió que en el ala más dura del Consejo, donde observan a Busti como difunto político, pujan por arrojarle la última palada de tierra traducida en clave de defenestración

Como dato ilustrativo, recuérdese que el actual Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, fue en su momento uno de los díscolos radicales que se cruzaron de vereda durante el segundo gobierno de Sergio Montiel. Y asimismo, que quien será titular de la futura Agencia de Recaudación, Marcelo Casaretto, hasta hace unos meses militaba junto a Busti en el Frente Entrerriano Federal y era un permanente descalificador de la política económica oficial. Su retorno a las mieles del poder parece haberlo redimido.

Las revelaciones del martes dieron cuenta de que el vicegobernador durante el primer período de Urribarri, Eduardo Lauritto, será integrante del gabinete luego de resultar electo diputado provincial, lo cual convirtió su candidatura en testimonial. ¿Será un buen interlocutor y negociador en el mano a mano con la dirigencia docente? Todo está por ocurrir. En igual sintonía, el ex ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, arquitecto Guillermo Federik, quien fuera elegido concejal paranaense por el Frente Justicialista para la Victoria, renunció a su banca para integrar el gabinete de Blanca Osuna. Se trata de otra candidatura testimonial. En ambos casos, las bancas serán ocupadas por quienes siguen en las nóminas de cada jurisdicción. A partir de ahora y ya calmada la euforia, comenzará otro capítulo del gran desafío que plantea esta bendita democracia, cuando nos vamos acercando a las tres décadas de su costosa recuperación.

* Colofones
1- Finalmente las autoridades del Iafas resolvieron que en las salas de juegos que explota ese organismo esté vedado fumar. Desde esta columna hemos abogado por el no al humo del tabaco en lugares cerrados, pero hasta se llegó a ofrecer un plus salarial o la reducción de los años de servicio a los empleados que acepten trabajar en lugares donde se permita a los apostadores dar rienda suelta a este vicio que daña la salud. ¿Recuerdan el filme El Salario del Miedo, protagonizado por Yves Montand? Se trataba de un conductor de camiones que transportaba nitroglicerina, un elemento de altísima sensibilidad y nivel explosivo, por lo cual se le pagaba muy bien para que acepte hacerlo. Pero mayor sueldo no eliminaba el peligro quer siempre estaba latente en cualquier tramo del camino. En el caso del Iafas, ni un adicional ni el acortamiento de la antigüedad, evitarían el alto riesgo de contraer cáncer. Condenar a agentes no fumadores a inhalar el humo ajeno es peor que hacerlos fumar. Celebramos la medida apuntada.

2- Esta semana dejó de existir el contador público José Carlos Larghi. De larga militancia en las filas de la UCR, ex dirigente partidario y ex funcionario provincial, el extinto exhibió siempre una gran capacidad de análisis en temas de su especialidad, esbozando ideas avanzadas y destacándose por la claridad de sus conceptos, el modo didáctico con que los trasmitía y su sentido ético de la vida.. De esto puede dar fe este columnista, porque cada vez que lo consultó encontró respuestas claras y un pensamiento lúcido y enriquecedor. Desde aquí expresamos nuestro pesar por tan grave pérdida. Hasta la semana que viene.