De acuerdo a un informe estadístico realizado por el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná en lo que va del año los delitos de tráfico de estupefacientes ascendieron de manera notable en Entre Ríos. El documento, elaborado a partir de las 360 causas que ingresaran al Tribunal durante el año pasado y de los 120 expedientes que se han tramitado en los primeros seis meses de 2004, exhibe un crecimiento cercano a 30 por ciento en delitos contra la Ley 23.737, relacionados al comercio y tráfico ilícito de estupefacientes.

Mientras que en todo el año pasado se llevaron a cabo 26 juicios orales y públicos contra ciudadanos imputados de transportar drogas ilegales en territorio entrerriano, en 2004 ya se han producido 18, y se espera que la cifra se incremente en el segundo semestre del año. Otro dato que surge del estudio comparado indica que el aumento de los casos de tráfico se corresponde con el incremento de la cantidad de droga secuestrada.

“Antes, lo que veíamos en abundancia eran causas por tenencia para consumo o de transporte, pero casi siempre de pequeñas cantidades de droga. Ahora, en cambio observamos un progresivo incremento en el volumen de los cargamentos”, reconoció el procurador fiscal Roberto López Arango a diario Uno.

La explicación que encuentran en la Justicia Federal para ese fenómeno gira en torno de dos hipótesis: la expansión constante del mercado consumidor de la provincia de Buenos Aires, y de un probable análisis efectuado por los narcotraficantes sobre las ventajas de ser atrapados en Entre Ríos.

En este sentido, López Arango fue elocuente al explicar que, pese a que los controles de Gendarmería Nacional son permanentes en la provincia, “lo que sin dudas han evaluado los traficantes para escoger nuestras rutas para circular con las sustancias prohibidas, es que los juzgados de otras provincias, como Santa Fe, cuando los atrapan y procesan suelen aplicarles condenas muchísimo más duras”.

Aunque no figura detallado en el documento, otro elemento sugestivo que se desprende de la lectura de las causas contabilizadas, demuestra un común denominador entre los traficantes enjuiciados: casi todos son pintoreschapistas o tienen algún grado de vinculación con el negocio de la restauración de automotores.

No existe una respuesta cabal que desvele esa relación, pero parece claro que los narcos se abastecen de sus mandaderos en los talleres y desarmaderos de vehículos.
Asimismo, se manifiesta con claridad que la ruta 14 sigue siendo la travesía preferida para transportar los envíos de cocaína y, fundamentalmente, de marihuana, ya que la gran mayoría de las requisas se concretaron en esa vía. Como detalle anexo, y a juzgar por el origen de las causas, los operativos más exitosos se han efectuado a la altura de Ceibas, en el sur de la provincia.

Menos autos mellizos

Pero no todos los rubros descritos en el informe ostentan guarismos amplificados. Las violaciones a los artículos 292 y 296 del Código Procesal Penal (adulteración de documento público), registraron un descenso importante. Cotejados los números de procesos del año pasado con los sustanciados al 28 de junio de 2004, la disminución alcanza a 50%. Lo que traducido en términos corrientes equivale a decir que se redujeron de manera drástica los casos de dominio apócrifo de automotores. Los números señalan que en 2003 hubo 180 juicios por ese tipo de delito, en tanto que los 33 llevados a cabo este año demuestran una marcada tendencia decreciente.

Algo parecido sucede con los casos de transgresiones a las leyes 22.415 (que regula el Código Aduanero) y 24.769 (penal tributaria), cuyo número de causas alcanzó a 38 en 2003 y tan sólo 9 en el primer semestre del presente año.

Un apartado del estudio revela que los robos y defraudaciones contra los bienes del estado nacional demuestran una cifra similar, entre los acaecidos el año pasado y las proyecciones para éste. Aunque la estadística ilustra un comportamiento regular en ese rubro, la percepción generalizada en la Justicia Federal señala que esos delitos han menguado a la par que desaparecieron las empresas nacionales. “Las causas que se han registrado últimamente son excepcionales y tienen que ver con el robo de durmientes o de tramos de rieles de ferrocarril”, se indicó. Algunos memoriosos recordaron que en los meses que siguieron a la oleada privatizadora inaugurada en 1992, fue cuando se concentraron la mayor cantidad de robos contra los bienes del Estado.

Pero ni siquiera las empresas que se salvaron de la subasta histórica de los ‘90 se han mantenido inmunes a las fechorías. Por el contrario, los delitos contra los organismos nacionales, aunque escasos en valores absolutos, se han seguido perpetrando en la provincia por sumas importantes. En 2003 fueron juzgadas 6 personas y en el transcurso de ese año se ha sentado en el banquillo de los acusados a 9 imputados, lo que constituye un aumento considerable en términos relativos.

Algunas cifras que figuran en el documento abruman, pero ninguna como la que indica que ya han sido fijadas para el resto del año más de 300 audiencias. Semejante cantidad de causas han rebasado el calendario del Tribunal, por lo que sus autoridades han tenido que reservar gran parte del almanaque 2005.