La abogada defensora de uno de los acusados, Inés Massioti, dijo a la prensa al salir de la primera audiencia judicial sobre el caso que el juez determinó los procesamientos con prisión después de evaluar las pruebas y los testimonios. El magistrado explicó poco después que los imputados admitieron en total 16 muertes, aunque ese número no es definitivo porque “la investigación continúa”.

El magistrado explicó también que en general las víctimas “no eran pacientes terminales”, y que les habían inyectado sobredosis de morfina o aire para “ocasionarles la muerte en pocos minutos”.

No está permitido dar otros datos sobre las personas acusadas porque éstas carecen de antecedentes penales hasta el momento.

Según la abogada, su cliente, que trabaja en un sanatorio privado, adujo haber actuado “por piedad”, y agregó: “Después de 20 años de trabajar en cuidados intensivos, con estrés y en contacto con la muerte, no pudo soportarlo más”.

El Ministerio de Salud Pública entregó más temprano un comunicado de prensa en el que informó que sus autoridades “están colaborando con la investigación policial y judicial que se está llevando adelante y se mantienen atentas a los resultados de la misma”. Y expresó la preocupación de la cartera en torno al caso e informó que se investigan los “servicios afectados para recabar más datos”.

La agencia AP entrevistó al inspector José Luis Roldán, director de relaciones públicas de la Jefatura de Policía, que dijo que “las primeras investigaciones parecen determinar que los presuntos implicados traían algún medicamento no autorizado del Brasil, vaya uno a saber qué veneno”, dijo. Y agregó: “Las denuncias comenzaron a llegar hace un tiempo por parte de familiares y se comenzaron las investigaciones”.

Vomero había dicho al diario El Observador antes de la audiencia que funcionarios de los dos centros de salud fueron detenidos luego de varios días de investigación y tras una denuncia de sus compañeros de trabajo, que alertaron por la muerte “repentina” de pacientes que estaban internados.

El diario El País informó, citando fuentes judiciales, que los indagados llegaron a hablar de 50 muertes, aunque los investigadores policiales conjeturan que el total de casos sería muy superior y podría llegar a 200.

El director de relaciones públicas de la jefatura policial señaló que en principio se “habla de hasta 60 muertos, pero hay versiones, incluso alguna del exterior que dicen que pueden ser hasta 200 los muertos”. Roldán dijo que no podía indicar si en los casos pudiera haber tráfico de órganos.

El funcionario informó que hay dos centros de salud involucrados: el privado Sociedad Española y el hospital Maciel, del ministerio de Salud Pública. No hubo reacciones de ninguno de los centros asistenciales.

El diario La República informó que uno de los enfermos investigados tiene 46 años de edad, y que habría declarado que había “perdido la cuenta” de la cantidad de pacientes a los que quitó la vida. El otro enfermero, de 39 años, confesó unos 50 crímenes del mismo tipo, según el periódico. Ambos trabajadores se relacionaban escasamente entre sí.

El secretariado ejecutivo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en un comunicado, lamentó “la inseguridad que estos trascendidos generan a nuestros usuarios que reiteramos que son situaciones aisladas que no involucran a los demás trabajadores”.