Juan José Levy tiene 43 años y arrastra ya las sospechas de tres jueces de dos fueros distintos, dos Cámaras de Apelaciones, dos veedores judiciales, una fiscal, los bancos Galicia, BBVA Frances y Citibank -que cerraron sus cuentas y al menos los dos primeros enviaron reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la unidad antilavado local (UIF)-, y el FPB Bank, de Panamá, que inició una investigación sobre sus cuentas por presunto lavado. Y a todo esto se suman tres de sus cuatro hermanos, en una pelea fraticida que lo expuso del peor modo, al punto de que por escrito sus hermanos no descartaron el "pago de reintegros y comisiones indebidas". Coimas.
Levy niega esas y otras acusaciones, aún cuando en un email que obtuvo La Nación les pidió a sus hermanos que no tocaran los millones que debían cobrar de Venezuela. ¿Por qué? Porque debía afrontar "obligaciones con terceros" que nunca especificó. Pero él considera esas acusaciones el fruto de la pelea que mantiene con sus hermanos Diego, Alejandro y Gabriela. Con ellos se disputa empresas, negocios con Caracas y millones de dólares, los acusa de generar facturas truchas por al menos 12 millones de pesos para fines desconocidos y cosechó acusaciones de enviarles a la AFIP y a la ex SIDE, mientras que llegó a boxearse con uno de sus abogados.
Levy, sin embargo, habló por demás mientras vivió con un lujo exorbitante. Así, desde que se conectó con el chavismo, conduce autos únicos en la Argentina, vive en un country exclusivo, sus hijos van a un colegio de élite, vuela en primera clase, compró la radio El Mundo y propiedades en Miami y en el Madero Center -donde funcionaba "La Rosadita"- y montó una planta en Tigre, al tiempo que aludía al presidente Nicolás Maduro, por su nombre de pila. "Nicolás me dijo?", solía ufanarse, según relataron múltiples interlocutores.
Levy niega todo eso ante la Justicia, y a través de un comunicado de prensa y de sus allegados. Plantea que sólo asumió los riesgos propios de comerciar con Venezuela y ganó millones, mientras se movía junto a su hermano mayor Carlos -el único con el que no se peleó- y junto a dos figuras habituales a la hora de lidiar con Venezuela. El primero fue José María Olazagasti, entonces secretario de De Vido, señalado como responsable de la diplomacia paralela en cables confidenciales de la Cancillería argentina. El segundo es el abogado Horacio Díaz Sieiro, con quien desarrolló negocios en Caracas, Panamá, Miami, Hong Kong y China, mientras el letrado también asesoraba a Cristóbal López y, en al menos una ocasión, a Lázaro Báez.
Levy admite que conoce a Olazagasti y a Díaz Sieiro, pero minimiza sus roles y niega que el primero de ellos -quien luego pasó por la ex SIDE-, haya sido quien le abrió las puertas en Caracas. En escritos que volcó a la Justicia, explicó que ambos "son padres de compañeros del colegio [Northlands] de sus hijos", sin vínculos, según él, con sus negocios venezolanos, en los que además niega irregularidades de cualquier tipo. La Justicia detectó, sin embargo, indicios de posibles delitos. El primero en alertarlo fue el veedor Francisco Cárrega, al que la jueza Paula Hualde, le asignó revisar e informarle desde marzo de 2014 qué ocurría puertas adentro de los negocios de los Levy.
Así fue como Cárrega detectó que Levy había firmado contratos con el gobierno venezolano con "sobreprecios" de hasta el 300 por ciento, para venderle productos que él no fabricaba y "sin capacidad para cumplir el contrato", que a su vez manejaba con "extrema confidencialidad" y de un modo "muy sugestivo", al punto de enumerar múltiples "sospechas de ilícitos", según surge de varios de sus informes.
¿Un ejemplo? A través de su firma Laboratorios Esme, Levy vendía un suavizante para la ropa en la Argentina a 2,07 dólares por unidad que a Chile exportaba a 2,83 dólares, pero que a Venezuela le cobró 8,30 dólares. ¿Otro ejemplo? Un detergente que en la Argentina colocó a 1,51 dólares, a Venezuela se lo vendió por 4,94 dólares. Y eso, multiplicado por miles de unidades de múltiples productos
"Podría alegarse que se trata de cuestiones comerciales y de excelentes negocios de Laboratorios Esme", explicó el veedor Cárrega. "Sin embargo, la aticipidad y sugestividad que emana de todo lo expuesto imponen a esta veeduría continuar informando", planteó, más aún cuando podría estarse, remarcó, ante "la comisión de ilícitos civiles y/o penales". Levy defendió sus precios. Le respondió al veedor que Venezuela "paga tarde, mal y nunca" y que por eso se veía obligado a cubrirse. "La incertidumbre castiga precio y que el riesgo es la medida de la rentabilidad", se explayó, para luego reducir ese sobreprecio a entre el 60 y el 140 por ciento, debido a los costos del flete y las demoras recurrentes para cobrar.
Sin embargo, sus propios negocios con Venezuela parecen desmentirlo. El régimen bolivariano le pagó por adelantado el 60 por ciento de ese contrato. Es decir, que embolsó más de 71 millones de dólares de los 119,7 millones de dólares que acordó con Suvinca, un organismo venezolano, para Laboratorios Esme, que luego cobró otros 10 millones de dólares. Además, acumuló millones con otras sociedades a través del fideicomiso bilateral que gestiona Nación Fideicomisos.
Durante los últimos años, los otros Levy cobraron 10,1 millones de dólares a través de Blue Tel, mientras que Juan José logró quedarse con acciones de otras empresas familiares a las que luego hizo cobrar millones. Así, tomó el control del 40 por ciento de Grupo Núcleo -de la familia Rubio y de Maximiliano González Kunz-, que luego cobró 81,4 millones de dólares; otros 101,2 millones mediante Corporación Gulfos (controlada por Frolem Corporation LC, una firma operada por Mossack Fonseca en Nevada, Estados Unidos, en la que también aparece uno de los Rubio, y otra de las islas Seychelles, Plascot Limited). ¿Total? Cerca de 270 millones de dólares. De esos, ya giró al exterior 360 millones de pesos. A esas empresas, sin embargo, se suman otras con diversos puntos de contacto, como Microsules y Novatech Solutions.
A la luz de las acusaciones entre los Levy y los informes del veedor, la jueza Hualde cortó por lo sano en pleno kirchnerismo. En marzo de 2015 remitió copias a la Justicia penal y alertó a la UIF, que durante el kirchnerismo lo cajoneó.
