La inhabilitación fue decidida a instancias de la Defensoría General de la Nación (DGN) y la Procuración Penitenciaria de la Nación, que presentaron una acción de habeas corpus a favor de los detenidos.
La acción advirtió sobre los "peligros tanto para la integridad física de los privados de la libertad como de los propios agentes penitenciarios que allí se desempeñan", informó La Nación.
"Ninguna de las cuatro celdas colectivas y ocho individuales cuenta con luz o ventilación natural; los calabozos carecen de mobiliario y no hay camas que permitan el descanso de los internos", indica la resolución.
Además, "los baños -algunos de ellos comunes para ambos sexos- no contaban con agua corriente y hay gran cantidad de cucarachas en las celdas".
La resolución judicial ordena cesar en el alojamiento de detenidos en ese lugar y realojarlos en otros establecimientos de mejores condiciones.
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