"La criminalización de la protesta no es un fenómeno nuevo. Tuvo en épocas recientes, en el menemismo, la Alianza, momentos de intensificación, ahora el Gobierno se ufana de no reprimir pero pretende ajustar aún más la legislación represiva, para que penda como una amenaza sobre los sectores populares", advirtieron los organizadores en un comunicado reproducido por Parlamentario.
Según la Federación Judicial, el Gobierno "está privilegiando sus relaciones con el poder financiero internacional, por sobre el ejercicio de las acciones de protesta social que puedan llevar adelante todo tipo de organizaciones sociales en nuestro país".