El 25 de octubre será otra jornada clave. Ese día, a las 11, se realizará una audiencia informativa que será “la última oportunidad para exteriorizar la propuesta de acuerdo a los acreedores, la que no podrá modificarse a partir de entonces”, indica la legislación nacional sobre concursos y quiebras.
De igual manera, y teniendo en cuenta la magnitud del expediente -hay más de 1.000 acreedores registrados con deuda por más de 40 millones de pesos-, la jueza dejó abierta la posibilidad de prolongar los plazos procesales. “Si las vicisitudes de la causa demuestran la seriedad y reales posibilidades del cramdista -tercero interesado en adquirir la empresa- o de la concursada de obtener un acuerdo con los acreedores, podría en etapa oportuna, replantearse la cuestión”, indicó Tepsich a APF.
La magistrada se pronunció mediante una resolución fechada hoy, en la que rechazó un pedido de postergación de plazos.
Precio
Estas decisiones fueron tomadas por Tepsich luego de ratificar que el valor de la firma, que posee según datos de la sindicatura un patrimonio negativo de 25 millones de pesos, es cero.
Incluso una queja presentada por los accionistas de la firma, conlleva una evaluación en el mismo sentido, pero menor. Según sus cálculos, el patrimonio neto negativo de la empresa es de 12,7 millones de pesos, lo que no modifica la ecuación sobre el valor de las acciones.
Tepsich llamó la atención también sobre un aspecto de la particular relación entre Waigel y Cia. y Cementos del Paraná, empresa cuyo presidente se presentó como único oferente para rescatar a la concursada.
“En cuanto a la operatividad de la empresa, ha quedado evidenciado con los informes mensuales y con la inspección ocular realizada en la sede de la empresa y los diversos establecimientos de la concursada de la ciudad de Crespo y Paraná, la ínfima actividad comercial que la misma despliega actualmente como la inexistencia de nuevos negocios durante la etapa concursal”, comentó.
“Además, no puede soslayarse como elemento negativo en la valuación de la misma, la vigencia por siete años -de los cuales restan cinco años aproximadamente- del contrato de alquiler celebrado con Cementos de Paraná SRL, mediante el cual Miguel Waigel y Cia SA le arrendó a dicha firma la planta cementera de su propiedad a un precio ínfimo mensual que le ha significado la pérdida de una fuente vital de ingresos y, en definitiva, de rentabilidad por un lapso de tiempo prolongado”, subrayó.
El único interesado en Waigel es un abogado santafesino, Miguel Porpatto, director de Cementos del Paraná, firma que integran como accionistas los hijos de Miguel Waigel: Nanci del Carmen; Maricel Alejandra y Miguel Francisco Artemio Waigel. A Miguel Artemio y a su progenie, la jueza los apartó de la administración de la empresa concursada, colocando en su lugar a la Sindicatura.
