Por Luis María Serroels, especial para ANALISIS DIGITAL

El reclamo de los derechos argentinos sobre el archipiélago del Atlántico Sur, lleva casi 180 años y sus demandas nunca se interrumpieron. Desde el desembarco ilegítimo en las islas Malvinas en enero de 1833 y pasando por las invasiones ocurridas durante la primera década del siglo 19. Cuando tras su primer intento fallido de 1806 frente al coraje criollo y mientras por un lado Guillermo Béresford aceptaba y entregaba sus armas, sus salteadores uniformados llenaban sigilosamente la bodega de una corbeta imperial con nuestra renta: 50 toneladas de plata que fueron paseadas sobre 10 cureñas por las calles de Londres.

En las últimas semanas se ha recalentado como nunca antes el conflicto, porque nuestro país ha consolidado fuertemente la adhesión de sus hermanos continentales, llegándose a prohibirles a los buques con bandera de Malvinas (Falklands para los ingleses) que amarren en puertos de los miembros del bloque regional.

El Mercosur, en su reunión ordinaria de junio de 2011 celebrada en Paraguay, emitió un enérgico rechazo a las advertencias lanzadas por el ministro de Defensa británico, Liam Fox, sobre la disposición a “usar el poder naval si fuera necesario”. Una ridícula declaración si se tiene en cuenta que Argentina viene pregonando la necesidad del diálogo bilateral en consonancia con las reiteradas recomendaciones de la Asamblea de las Naciones Unidas. En ese cónclave de Asunción, los delegados reiteraron “su respaldo a los legítimos e imprescriptibles derechos de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. En la ocasión se condenaron los nuevos actos de agresión del Reino Unido, que demuestran su grave desprecio por el derecho internacional, desoyendo los reiterados llamados de la comunidad mundial a sentarse a negociar con nuestro país. Recordemos que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado el 2 de setiembre de 1947, fue proyectado para defender a los países americanos de cualquier tipo de agresión, principalmente extra continental. Por ende no debe sorprender este cuadro actual de fuerte coincidencia frente al avasallamiento.

Mientras aquí se endurece la protesta colectiva en una identificación antes no registrada y que exhibe el alto nivel de entendimiento solidario logrado, Gran Bretaña apresta un submarino nuclear que echa por tierra su cacareada vocación pacifista. La frutilla putrefacta del postre la colocó el primer ministro británico, David Cameron, cuando la semana pasada calificó a la Argentina de colonialista (como el ladrón que se apodera de una vivienda por la fuerza y termina luego acusando al legítimo dueño de invasor porque procura recuperar lo suyo). Lo cierto es que la situación tiende a no dar para más: la cuenta regresiva rige para los piratas y va desplomando el ridículo argumento de que la decisión debe ser tomada por los residentes kelpers, precisamente descendientes de los filibusteros y emisarios de la Reina Madre.

“Gran Bretaña es sinónimo de colonialismo”, sentenció nuestro canciller, Héctor Timerman, sugiriéndole al gobierno inglés que en lugar de convocar a su Consejo Nacional de Seguridad, llame al Secretario General de las Naciones Unidas para darle una respuesta positiva a las múltiples resoluciones de ese organismo instando a dar solución al añejo conflicto. Incluso los Estados Unidos (que no tienen la cola todo lo limpia que es deseable porque conocen bastante sobre invasiones), salieron a través de su Cancillería a alentar a ambas partes a resolver sus diferencias a través de maduras conversaciones. Por si fuera poco, Timerman recordó que la ONU no reconoce el derecho a la autodeterminación de los malvinenses, por lo cual sólo los dos países y no los isleños pueden hablar como partes litigantes. Y reclamó que Gran Bretaña se siente a negociar porque Argentina ya está sentada.

Pero debemos, en lo interno, analizar la autenticidad de los mensajes surgidos en el contexto de nuestro gobierno. En la citada reunión del Mercosur –a la que no asistió Cristina Kirchner por problemas de salud- se apreció junto al canciller Héctor Timeman la presencia del entonces ministro de Economía Amado Boudou, que meses después accedería a la vicepresidencia de la nación. Precisamente por estos días y mientras subrrogaba a la presidente, convaleciente de su operación, Boudou no ahorró palabras para replicar a Cameron, afirmando que éste “usa sin vergüenza la palabra colonialismo para un país latinoamericano”. Todo bien pero… hagamos historia.

El sitio La Revista del Foro del 18 de febrero de 2010, publica un informe redactado por Mario Cafiero y Javier Llorens cuyo contenido es de una inusitada gravedad. De allí extraemos un jugoso material.

En julio de 2008 y en medio del fuerte incremento del precio del petróleo, el Barclays Bank inglés manifestó su interés en adquirir el 5 % de las acciones de Desire Petroleum. Dos meses luego Cristina Fernández anunció en Nueva York, en un claro mensaje a la banca internacional, que nuestro país estaba en conversaciones con un grupo de bancos encabezados por el Barclays Bank, secundado por el Citibank y el Deustche Bank, para la reapertura del canje de la deuda.

En octubre de 2009 y a un mes de haber concretado la compra de las acciones de Desire Petroleum, el Barclays y sus afiliadas presentó al gobierno argentino una formal propuesta para la reapertura del canje de la deuda y tan sólo seis días después y por Resolución 267, el ministro de Economía argentino, Amado Boudou, aprobó una carta convenio por la que designó al Barclays como Coordinador Global en dicho proceso de reestructuración de deuda externa con la colaboración de las entidades nombradas.

Entre algunas picardías, estos bancos exigían que se pusieran las reservas del Banco Central como garantía del pago de la deuda en el proceso de reestructuración y, por otro lado, el Barclays eludía mencionar su condición de “empresa no operadora”, como inversora de Desire Petroleum, en el Registro de Empresas Petroleras Productoras creado por Resolución 407/07 de la Secretaría de Energía. Y lo hizo con el propósito de impedir la actividad en nuestro país de empresas, socios o accionistas que se dedicaran a la explotación petrolera en la plataforma continental marítima sin la debida autorización argentina (situación de Desire/Barclays). Ese ocultamiento fue para no quedar incursa en los delitos previstos en los artículos 172 y 292 del Código Penal para el caso de esconder dicha información.

Dicen Cafiero y Llorens que “Sin embargo, con un obrar que parece ir más allá de la negligencia, el ministro Amado Boudou honró a Barclays Bank designándolo como Coordinador Global de Argentina ante el mundo, para la reapertura del canje de deuda, poniendo a Londres como centro de nuestra problemática financiera” (¿es entendible semejante contrasentido a la luz de recientes declaraciones?). Por si algo hiciera falta y a mayor abundamiento, digamos que Desire Petroleum, de la cual el Barclays es accionista, fue encomendada por Gran Bretaña para empezar las tareas de explotación de nuestro petróleo alrededor de las Malvinas.

Quien es hoy presidente alterno de los argentinos, permitió consumar una operación (sostenida por la Casa Rosada) que lesiona nuestra soberanía. ¿Conocen realmente todos los compatriotas quién es quién en materia de defensa territorial? Los integrantes del Mercosur que tan generosamente nos están alentando, ¿saben de estos pormenores? La petrolera británica Roskhopper Exploration anunció que uno de los principales pozos explorados en Malvinas tiene un potencial calculado en 5.500 barriles diarios, de allí que el tema no es el interés de los malvinenses, sino los negocios de una nación que lo que no lo obtiene por el derecho lo logra por la fuerza. El mundo da fe de ello.

Durante su larga exposición del pasado miércoles, la presidente Cristina Fernández, al aludir al tema de nuestro archipiélago, dijo no haber escuchado críticas de ninguna organización ecologista por lo que están haciendo en Malvinas (aludía a la expansión de las empresas petroleras en aguas profundas para la explotación de los recursos fósiles). Sin perder tiempo, la Organización Greenpeace le recordó que desde 1998 ha estado manifestándose contra esta actividad y en ello está comprendido el caso de Malvinas. La entidad aprovechó para atacar la posición argentina sobe la pesca ilegal, calificando esa postura de muy flexible, porque deja abierta la posibilidad de que siguiera sin control.

Curiosamente, junto a la mandataria estaba su vicepresidente que, como ya hemos dicho, benefició al Barclays Bank inglés, accionista de Desire Ptroleum, firma ésta dedicada a la explotación de recursos naturales en nuestra plataforma marítima. ¿CFK ignoraba la Resolución 267 de Boudou?

Los claudicantes acuerdos secretos con Gran Bretaña, suscriptos hace dos décadas por Carlos Menem y Domingo Cavallo, son una mancha que tiñe desdorosamente nuestra dignidad nacional y nadie ha pedido rendición de cuentas por esta traición, En el libro Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas – Desocupación y Hambre para los argentinos, escrito por el doctor Julio C. González y de cuyo contenido ya nos hemos ocupado, se construye un excepcional alegato contra tan vergonzante actitud). ¡Qué paradoja! El mismo Carlos Menem responsable de estos actos repudiables, dos años después promulgaría y juraría la nueva Ley Suprema donde figura la Disposición Transitoria Primera.

Dicha cláusula preceptúa que “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. La reformada Constitución de Entre Ríos incluye en su artículo 34º la identificación con esta causa nacional legítima, permanente e irrenunciable, como asimismo consagra la asistencia, integración y protección de los veteranos de guerra.

Enrique Díaz Araujo escribió que al margen de que cualquier despojo –por pequeño que sea- afecta a la soberanía nacional de manera insufrible, sin el pie malvinero no es posible transitar erguidos por el Mar Argentino, por los pasos interoceánicos y por la Antártida. Ya hemos aportado en esta columna sobre al sustento legal de nuestra soberanía y las razones de orden histórico, geográfico y jurídico que nos avalan. Las Malvinas siguen siendo un manchón colonial pero, con mayor fuerza, una inexcusable causa nacional.

¿Poder ostentado o detentado?

Una legitimidad de origen fuera de toda discusión como la que se observó el 23 de octubre, no supone en absoluto convalidar la ilegitimidad de ejercicio. Vulnerar las normas constitucionales es tan malo para un gobierno de facto como lo es para una administración surgida de las urnas. La Ley Suprema ampara y exige, concede derechos y a la vez impone obligaciones. Y fija que los primeros que deben respetar y garantizar el estado de derecho, son los gobernantes administradores de la cosa pública. Esa legitimidad primaria no vale si no se sustenta en la legalidad. Las cámaras legislativas deben tener en sus bancas a personas que debatan ideas, confronten pareceres, comparen opiniones y construyan verdades que se plasmen en leyes sabias y justas. Que no sean escribanos del Poder Ejecutivo. Ignorar frenos y sacar normas con rapidez, fuera de toda instancia de diálogo con la oposición, genera una disvalía para el Poder Legislativo y el propio republicanismo, comprometiendo su funcionamiento.

A raíz del raid en que se embarcaron ambas cámaras para sacar en tiempo récord distintas leyes (con mayoría de proyectos del Ejecutivo), la oposición –que sea cual fuere su dimensión cuantitativa sigue siendo cualitativamente respetable-, encontró elementos que a su criterio estarían invalidando lo resuelto en virtud de prácticas inconstitucionales.

Los ostentadores del poder no necesariamente son dueños de la razón y aunque a veces no se den cuenta, deben entender que no se puede violentar la Constitución Nacional ni la Provincial haciendo alarde de mayoría contundente. Al poder lo presta el pueblo y tiene un plazo perentorio en el que su ejercicio debe respetar la integridad de las instituciones. Delegar facultades por fuera de los preceptos fundamentales no sólo se encuentra explícita y taxativamente vedado constitucionalmente, sino que se hace acreedor al reproche en ámbitos judiciales. Al poder y la autoridad que no se saben ostentar, se lo comienza a detentar.

Desde la oposición radical en la cámara baja y a través de un comunicado llegado a ANALISIS, el diputado Jorge Monge opinó que las modificaciones efectuadas a la ley 9.622 y al Código Fiscal, “introducen fuertes incrementos en impuestos y tasas a todas las actividades productivas y de servicios ya gravadas y no sólo a los juegos de azar y servicios financieros como se pretende vestir la aparición pública de esta iniciativa”.

La aserción no pasaría de ser una reflexión propia del viejo y previsible tironeo político, pero tiene un aditamento que merecería una clara respuesta oficial. Y es el tema de la delegación de facultades –ya comentado en esta columna la semana pasada- por la que la Legislatura deja en manos y a criterio del gobernador la autorización para adecuar anualmente y por decreto los valores e importes para los diferentes tipos de operaciones previstos en la ley impositiva.

Insiste Monge en que se han transferido facultades indelegables, advirtiendo no sin exageración que “de convalidarse ello, en este terreno se prescindirá por completo en el futuro de las cámaras legislativas y cada vez que fuera necesario o se pretendiera ajustar el monto de impuestos o tasas, el Poder Ejecutivo estará exento de acudir al ‘iter’ legislativo”. Le guste o no al oficialismo, es necesario aclarar las razones de este deslíz. Y esto nada tiene que ver con su resonante victoria electoral de octubre pasado. Una resonancia que no habilita en absoluto a ejecutar acciones por fuera de las normas.

Incompatibilidad ignorada

Una escueta información indicó que el presidente de Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa), Hugo Ballay, designado a principios de enero, continuará al frente de la Comisión Administradora de los Fondos Excedentes de Salto Grande (Cafesg). Ante esta simultaneidad, el vocal de este organismo, Walter Doronzoro, avaló la doble tarea diciendo que ambos cargos no son incompatibles. No se ha advertido la diferencia existente entre incompatibilidad funcional e incompatibilidad horaria. Talvez ésta última resulte la más clara, porque no se puede estar en dos sitios al mismo tiempo, salvo que se disponga del don de la ubicuidad, como el Espíritu Santo. Cuando se está trabajando en un lugar no se puede estar haciéndolo en el otro, más aún en este caso donde la sede de Enersa y la de la Cafesg están separadas por más de 250 kilómetros.

De todos modos la norma que reglamenta estas cuestiones para la función pública, no hace especificaciones de distancia, función ni carga horaria (el mismo impedimento alcanza al concejal de Federación, Hernán Burna, designado vocal de la Cafesg). Para ello el artículo 40º de la Constitución entrerriana es muy preciso: “No podrán acumularse en una misma persona dos o más empleos, aunque el uno sea de la Provincia y el otro de la Nación, municipio o comuna con excepción de los del magisterio y los de carácter profesional técnico cuando la escasez del personal haga necesaria la acumulación. Fuera de estos casos, la aceptación del nuevo empleo hace caducar al anterior”. Ballay y Burna tendrían que resignar una de las dos funciones encomendadas. Hasta la semana que viene.