La causa que se transformó en escándalo en mayo, comenzó un año y medio antes, cuando se investigaba la presunta vinculación del hombre de Concepción del Uruguay Javier Caire con Carlos Antonio Callero, procesado por un contrabando de estupefacientes en la ciudad de Colón. La Delegación Toxicología de la Jefatura de Colón la Policía de Entre Ríos, junto a personal de la Prefectura Naval Argentina, comenzaron seguimientos y vigilancia, informes, fotografías, filmaciones y, fundamentalmente, escuchas e intervenciones de líneas telefónicas. De éstas surgió la posible existencia de una asociación o banda destinada al tráfico de drogas. Se ordenaron una veintena de allanamientos en Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, San José, Paraná y Buenos Aires (en los que se secuestraron unos pocos gramos de droga en un par de viviendas), donde resultaron detenidas unas 18 personas.

El análisis de las pruebas (sobre todo de las escuchas) derivó en el procesamiento de 14 personas por el delito de Asociación ilícita, según su rol en la banda: Javier Caire y Mario González (que estaba prófugo por otra causa narco), como organizadores. Cuatro integrantes de fuerzas de seguridad habrían otorgado protección e intercambiado información sensible para la subsistencia y el crecimiento de la banda: el entonces jefe de Operaciones de la Dirección Toxicología de la Policía entrerriana, Mario Núñez, el gendarme Carlos Francisco Acosta, y los integrantes de la Policía Federal José María Gómez y Sergio Andrés García. A estos se sumarían con roles secundarios pero claves Orlando Caire, Mirta Saavedra, Cristina Caram, Nicolás Stur, Isabel Gonzalez, Rosana Tenis, Carlos Segovia y Néstor Neuvirth.

“Acuerdo de voluntades”

Los abogados defensores de los acusados habían pedido que se revoque el procesamiento, tanto por la falta de pruebas como por la figura de Asociación ilícita que eligió el juez para calificar el delito. El fiscal general Ricardo Álvarez, sostuvo que debía confirmar la resolución aunque hay que seguir investigando, porque la prueba colectada es escasa.

Los camaristas sostuvieron en el fallo que “se advierte que los elementos cuya valoración llevaron al magistrado a tener por conformada la hipótesis de existencia de una asociación ilícita, encuentran resguardo en la actividad probatoria constituida a partir de las tareas investigativas previas, principalmente en las escuchas e intervenciones telefónicas y sus desgrabaciones, sumado a otros elementos producidos en la causa, como allanamientos y requisas, testimoniales y pericias”.

En este sentido explicaron que “la materialidad del delito de asociación ilícita consiste en tomar parte de una banda, ser miembro de la misma, pertenecer a ella. Esta pertenencia supone la existencia de una ‘asociación o banda’ constituida por un acuerdo de voluntades de sus distintos integrantes en orden a la consecución de los objetivos de la asociación. Pero no es necesario para la existencia el conocimiento o el trato directo de los distintos asociados, o un lugar común de reunión. Este acuerdo y el posterior trato sobre las actividades a desarrollar por la asociación pueden lograrse por los más diversos medios de comunicación (telefónico, postal, por emisarios o delegados, por internet, etcétera) que no requieren directa vinculación física entre sus integrantes”.

Además, los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná plantearon que hay elementos para sospechar de la “distribución de funciones entre los distintos intervinientes y un determinado nivel de jerarquización”.

Respecto de las escuchas, se advierten conversaciones pero que no se pudo probar que hayan logrado el tráfico de drogas, explicaron que “la asociación es punible con independencia de la comisión efectiva de alguno de los delitos que constituyen su objeto: pues se trata de un delito autónomo”.

Por otro lado, Gómez, Alonso y Busaniche aseguraron que los supuestos líderes de la banda tienen muchas pruebas que los comprometen: “En el caso puntual de Mario González y Javier Caire, existen elementos que han puesto de relieve la naturaleza de la conexión que existía y, en particular, la profusa prueba consistente en las escuchas telefónicas y sus desgrabaciones permite reconstruir el rol preponderante que ejercían aquellos en la gestión de la tarea ilícita, cuyo liderazgo operativo detentaba González mientras que Caire revestía un rol de organizador; el aporte de infraestructura, medios económicos y logística y, asimismo, la configuración de los roles y funciones de los demás miembros de la organización”.

“Un aporte determinante”

Acerca del rol de los integrantes de la Policía de Entre Ríos, la Federal y la Gendarmería, la camarista Cintia Gómez en su voto fundamentó: “Las numerosas escuchas dan cuenta del asiduo contacto de Caire y González con los integrantes de las fuerzas de seguridad, cuyo aporte ha sido determinante y necesario para la operatividad del grupo, poniéndose de relieve el pasaje de información sobre procedimientos realizados y a realizarse por las fuerzas a la cual pertenecían”.

Además, calificaron de ingenua la versión que dieron los uniformados: “Las explicaciones acerca de que solo se comunicaban con un informante o ‘buchón’, desconociendo sus verdaderas identidades e incluso que se trataba de una persona prófuga , es una versión ingenua de los hechos, no es conteste con las funciones que detentaban y la experiencia adquirida durante años, ni con las restantes pruebas y testimonios recabados en la causa, siendo ello indicativo de la conciencia de que realizaban su aporte a una empresa ilícita”, consignó Uno.

“No existen pruebas serias”

El defensor del comisario Núñez, Rafael Briceño, planteó en el recurso de apelación que “es errónea la calificación legal”, y que “no existen evidencias serias y concretas (...) La relación y contactos entre las personas no significa que haya voluntades para la comisión de un delito”.

Foto: Uno.