En la audiencia en el subsuelo de Comodoro Py, en la que estuvo presente Menem, también pidió ocho años para el supuesto traficante de armas, Diego Palleros; así como siete para el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión; y cinco años y seis meses para Manuel Cornejo Torino, ex director de Fabricaciones Militares.

Para Jorge Cornejo Torino, quien ocupó el mismo cargo que su hermano, el fiscal pidió la pena de cinco años, la misma que para Carlos Alberto Núñez; y la ex jefa de Abastecimiento y Comercio Exterior de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Teresa Irañeta de Canteiro.

Previamente, la querella a cargo de la Aduana había reclamado la pena de cinco años para Menem, Camilión y Palleros.

Por otra parte, el fiscal Agüero Vera pidió ante el Tribunal el desafuero del actual senador Menem y su inhabilitación por el doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos.

Según consignó Ámbito, tanto la querella como la fiscalía consideraron a Menem como el máximo responsable del contrabando que tuvo lugar entre 1991 y 1995 a Croacia y Ecuador, cuando los destinos originales indicaban Venezuela y Panamá.

Este viernes, el abogado defensor de Menem, Maximiliano Rusconi, planteó la nulidad de la audiencia, lo que fue rechazado por los jueces Luis Imas, Luis Losada y Jorge Pisarenco luego de un breve cuarto intermedio.

Además, criticó que el mismo tribunal que absolvió a los imputados ahora impusiera las penas no por convicción propia sino porque se lo ordenó la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, la cual revocó la absolución de la totalidad de los acusados. “No encuentro caso en que un Tribunal Superior obliga a uno inferior a ir en contra de sus propias convicciones”, criticó Rusconi.

Pero el Tribunal rechazó el planteo y prosiguió con la audiencia, en la que el ex mandatario escuchó con atención, aunque tanto al ingreso como al retirarse de Comodoro Py evitó el contacto con la prensa.

La causa se inició en 1995 luego de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans por el contrabando que tuvo lugar entre 1991 y 1995 de más de 6.500 toneladas de armas hacia Croacia -cuando allí pesaba un embargo internacional- y a Ecuador, entonces en conflicto armado con Perú, y que tenían como destino original Panamá y Venezuela.

La Cámara consideró culpable al actual senador del delito de contrabando de armas ya que “existía una prohibición de exportación de material bélico a los destinos a los que en realidad estaban dirigidas las operaciones”, a través de los decretos que habilitaron la venta, firmados por Menem.