Por Luis María Serroels, para ANALISIS DIGITAL

Entre Ríos se ubica entre las regiones más comprometidas financieramente. Ya se habla en el contexto nacional de ajustes fiscales, congelamiento salarial, despidos y elevación de la edad jubilatoria (Santa Cruz es un caso testigo dentro de un conjunto de provincias que este año deberán cancelar 12 mil millones de pesos). Aquí entrarán a tallar medidas de corte impopular que la hegemonía siempre busca convalidar y que los discursos nunca consignan de antemano. Se impone decir la verdad sin tapujos ni eufemismos.

Uno de los hechos políticos inaugurales del nuevo año, estuvo protagonizado por intendentes del radicalismo, timoneados por Ricardo Troncoso, jefe comunal de Maciá cercano al gobernador y con antecedentes tales como haber sido el fogonero de la resistencia a cualquier precio contra el juicio político al gobernador Sergio Montiel en su segundo mandato. Si se recuerda que el intento fracasó por el voto negativo del peronista Félix del Real, ¿porqué no suponer que se trató de una tregua entre ambos partidos? Es que frustrado el juicio, para la UCR se aseguraba a Montiel arribar al final del mandato. Y para el PJ, esa continuidad acentuaría el desgaste oficialista a punto tal de que sufriría una contundente derrota en 2003, como sucedió. El desplome evitado en aquella pulseada legislativa, apenas si se postergó para llegar a lo que hoy queda del centenario partido en términos de relaciones de fuerza.

Troncoso se la pasado coqueteando con Sergio Urribarri, mientras la dirigencia radical sumaba errores conceptuales y metodológicos que al final fueron funcionales al kirchnerismo provincial (el costo terminó siendo altísimo). Una suerte de ensayo de esta particular convivencia de una porción de intendentes ucerreístas con el poder, fue duramente fustigado por el congresal Ramón Cuadra (un antiguo rebelde con causa), quien tras un encuentro de los díscolos con funcionarios del gobierno, le recomendó a Troncoso que haga un partido vecinal y, en tono más áspero y escatológico, reflexionó “se corta solo y juega la personal para beneficio propio, cagándose en el partido” (sic).

Lo curioso es que este esquema de cooptaciones y cambios de vereda centrado en los intendentes, se dio en sentido inverso en la última gestión montielista. En ese tramo institucional, la UCR nutrió su lista de diputados con los pejotistas Marcelo Maidana y Mónica Torres, pero debió sufrir luego el alejamiento de Ana D’Angelo, Hernán Burna (flamante delegado ante la Cafesg designado por el oficialismo en una decisión impugnada por le UCR por “carecer de legitimidad política y validez jurídica”) y Julio Rodríguez Signes, hoy Fiscal de Estado. Se les llamó los “díscolos”.

Para el gobierno actual este tipo de visitas siempre serán bienvenidas para sus planes de construcción colectiva, pero no tuvo el mismo carácter la que realizaron por su lado los diputados del partido de Alem, molestos porque en la cámara baja no se tiene en cuenta la importancia de la oposición como contrapeso y parte del debate. Es que la peregrina práctica de economizar tiempo que lleva al oficialismo a sancionar leyes con el mero análisis de su bancada, transformando “a los otros” en convidados de piedra, más que desairar a los legisladores, agravia a la porción de ciudadanos que los votó el 23 de octubre. Si esto no es abuso de posición dominante, entonces se ha perdido el sentido de balanceo democrático que tiene por eje el respeto recíproco y la saludable convivencia.

Desde la conducción partidaria se demostró que algunos reflejos se hallan intactos y en un encuentro llevado a cabo en Villa Clara, los quince intendentes de la UCR reflotaron el Foro que desde antes los venía agrupando y cuyos cimientos se han venido resquebrajando, sobre todo luego de la poco protocolar audiencia de marras que termina con el posterior lanzamiento mutuo de presentes florales. Nada distraído ni tonto, Troncoso se integró al Foro quedando con los pies dentro del plato radical pero con las manos extendidas hacia el rescoldo justicialista, No quedó peleado con sus correligionarios ni distanciado del urribarrismo. Son cuatro los jefes comunales que conducirán la mesa colegiada encargada de debatir cuestiones comunes y consensuar el idioma político que se irá empleando frente al mandatario y a los ministros cuyos despachos se reclama que estén siempre abiertos.

La posterior reunión con el gobernador ha resultado promisoria y resulta innegable que esta estrategia tejida por los pocos triunfadores en los municipios de la provincia, contribuye mucho a evitar el temido quiebre interno, recomponer el partido y alejar el fantasma de una peligrosa defunción política inmerecida y que resultaría desastrosa para la democracia.

Otro hecho se dio con las declaraciones del vicegobernador y titular del Consejo Provincial Justicialista, José Cáceres, refiriéndose al futuro alineamiento de las dos cámaras legislativas con el Poder Ejecutivo, que auguró por largo tiempo. Cáceres fue muy cauto al afirmar que uno de los principales objetivos del rol de la Legislatura es aprobar con “razonabilidad” las leyes cuyos proyectos se le envíe de la calle Córdoba, no sin recordar que en la anterior gestión se debieron afrontar situaciones que, dentro del propio peronismo, significaron “críticas más ácidas y más duras y desgastantes que las de la oposición de otros partidos”. Es cierto que el diálogo entre el Ejecutivo y la Legislatura puede ser productivo en tanto incluya a los opositores (en el Senado la oposición no existe). Pero por obra de su rol como uno de los poderes donde se asienta la división republicana, las cámaras no pueden actuar obedientemente para ejecutar cuanto se les instruya desde el segundo piso de la Casa Gris. Puede haber una forma inteligente de edificar políticas de crecimiento y desarrollo, pero ello no exime de preservar las autonomías que son inexcusables. Más allá del mensaje categórico de las urnas de 2011, está claro que gobierno y oposición se necesitan recíprocamente.

Este 2012 seguramente nos deparará sorpresas de todo pelaje. La suma del poder político que ostenta Urribarri y que se expresa en el control del Poder Ejecutivo y de la Legislatura, amén de intentar posarse en la cúspide del órgano partidario (qué contrasentido que por un lado extienda su mano hacia los adversarios y por el otro termine expulsando afiliados), no deben ser un cheque en blanco. Semejante acumulación conduciría a un seductor y peligroso unicato, donde se confunden en un mismo amasijo, partido, gobierno y Estado (con las consecuencias nefastas de casos históricos de acopio desmesurado de poder) con una complejidad de problemas que suelen obnubilar la visión global. Sin olvidar además, que el Poder Judicial no garantiza posturas deseables, especialmente cuando zumbidos indisimulables anticipan medidas urticantes para los entrerrianos. Una eventual judicialización de las decisiones, pondría a prueba esa autonomía sin la cual la democracia languidece. La defensa abierta que meses atrás hicieran funcionarios del Poder Ejecutivo de la titular de STJ Leonor Pañeda, no pareció una señal tranquilizadora. La equiparación salarial con la justicia federal, fue un puente de plata.

* Caza de morosos

El responsable de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, anunció severas medidas para terminar con la evasión y morosidad en que incurren numerosos contribuyentes a la hora de abonar sus obligaciones impositivas. Esta batería incluye el descuento automático en los haberes de funcionarios públicos, de las sumas que adeuden en materia de impuestos. Ello supone considerar sus retrasos en todo el menú de compromisos que les correspondieren, es decir, no sólo los rubros Inmobiliario y Automotor (se habla de vehículos de alta gama y embarcaciones), sino también Ingresos Brutos y Profesiones Liberales. Esto último alude a las obligaciones particulares de aquellos que el gobernador designa para su elenco. No se menciona a legisladores provinciales ni a los integrantes del Poder Judicial, quienes seguramente sólo recibirán las consabidas intimaciones no siempre satisfechas. ¿Sería inapropiado publicar la nómina de los morosos para que enfrenten el reproche social?

Es apropiada la idea de Casaretto de perseguir que los funcionarios políticos den el ejemplo dentro de una sociedad donde hay quienes realizan ingentes esfuerzos para cumplir con los pagos, haciendo una cultura de sus responsabilidades fiscales. No faltarán pícaros y quisquillosos que busquen judicializar los descuentos automáticos aduciendo que se trataría de una deducción con carácter de embargo sin mandamiento judicial previo. Una acción de este tipo debería ser el pasaporte para irse del gobierno.

Salvedad necesaria: no constituye ningún ejemplo regularizar pagos por obra de descuentos automáticos, porque se trata de una obligación natural, colectiva y de estricto cumplimiento para cualquier ciudadano. Terminar haciéndolo a través de una medida como la anunciada por el responsable del organismo recaudador para corregir una situación de censurable morosidad, es en verdad una vergüenza. Ejemplar es el contribuyente que no requiere que se le apliquen procedimientos por vía de apremio. Paga responsablemente y a otra cosa.

*La mano y el codo

“La nueva Legislatura de Entre Ríos, sin debate parlamentario y sobre tablas, es decir, imposibilitando el estudio y el tiempo democrático mínimamente necesario para la reflexión y la participación cívica, ha derogado la ley que prohibía la utilización del paquete tecnológico y químico de la cultura de los agroquímicos y plaguicidas en las islas privadas y públicas de nuestra provincia. Esta decisión viene acompañada de una razón sustantiva: concretar la privatización total de las tierras públicas en islas y por 99 años, en muy pocos personajes y de la mano de una Sociedad Anónima para la explotación agropecuaria y portuaria, ni más ni menos”. Así reza una carta que nos envió el especialista en derecho ambiental, doctor Jorge Daneri (Fundación M´Biguá), donde pone de relieve el daño que sufrirán Áreas Naturales Protegidas, sus habitantes y aún los niños por nacer. sin contar que habrá quienes no podrán hacerlo por obra y gracia de un delito ecológico anunciado y del cual serán responsables las actuales autoridades. ¿Se llegará a conocer la identidad de los favorecidos con la concesión de miles de hectáreas?

La política de compromiso ambientalista que tanto proclama el gobierno, se desploma cuando se adoptan estas medidas producto de la mayoría legislativa cuyos integrantes levanta brazos no se atreven a cuestionar los aspectos oscuros de acciones que van a contrapelo de la defensa de la vida y la naturaleza.

Sigue diciendo Daneri que “la misma provincia que ayer sancionó la protección de áreas cultural y ambientalmente relevantes, ahora autoriza irresponsablemente las fumigaciones aplicando el modelo productivo de tierra firme y sin estudios de nada. La misma provincia que suscribió un plan de estrategia de sustentabilidad en humedales con Santa Fe, Buenos Aires y la Nación en el año 2008, simplemente lo ignora y burla. La escala en la mala fe es de una dimensión que habilita a pensar cualquier cosa”.

Recuerden nuestros lectores que cuando hablamos de la posibilidad de reformar el régimen jubilatorio –para lo cual al gobierno le sobran bancas-, nos preguntamos qué otras medidas inconsultas estarían en carpeta. La respuesta va aflorando y esta cuestión tan escandalosa expuesta por Daneri, nos va dando la razón. El codo borra lo que la mano escribió antes, destruyendo la Ley Suprema que sabiamente manda hacer bien los deberes en defensa de la biodiversidad.

La sanción y promulgación de la Ley de Libertad de los Ríos Nº 9092 en setiembre de 1997 (conocida como Ley Anti Represas), sucedió a una pueblada que le torció la mano al gobierno nacional, pero también esa lucha había logrado un fallo favorable de la justicia federal. Ese antecedente sirve para luchar contra las travesuras legislativas que se cometen en desconocimiento de los artículos 41º de la Constitución Nacional y 22º de la carta entrerriana. Sería aconsejable que se los lea concienzudamente.

* Colofones

1- El dirigente de la Federación Agraria Argentina, Alfredo Bel, denunció que la Legislatura provincial posterga el tratamiento del proyecto que modifica la ley de uso y tenencia de la tierra, lo que impide el cobro de impuestos a los pooles de siembra. Mientras los pequeños y medianos productores se ven ahogados impositivamente, los terratenientes no tributan, dice Bel. Vergonzoso.

2- Coincidente con nuestras presunciones, los mismos legisladores que demoran tratar el proyecto sobre tierras, aprueba en tiempo récord otras iniciativas. En este caso temas vinculados con el sistema impositivo, reajustando valores. Trataremos de ser justos: adecuar o actualizar montos irrisorios en determinadas alícuotas que acusaban groseros retrasos, no puede ser calificado como impuestazo. Pasarse de la raya sí es arbitrario. Por supuesto que debe consultarse la situación real y, en el caso de los impuestos que agrupan a la mayor cantidad de contribuyentes, considerar que grandes franjas sociales no han recibido reajustes en sus haberes desde hace diez meses, pese al creciente costo de vida. No obstante resulta necesario advertirles a los ocupantes de las bancas, que la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo para establecer impuestos y readecuar montos, está vedada por el artículo 45º de la Constitución provincial y por lo tanto es nula. Cuando se sancionó la Ley 8.706 que fijó una cantidad determinada de empleados (2.605 agentes) a ser echados de sus cargos sin sumario previo en violación del Art. 21º de la Constitución por entonces vigente, esa norma delegó en el Poder Ejecutivo la ampliación de la cantidad a ser despedidos según se estime necesario. Fue ese desliz inconstitucional uno de los puntos más atacados en sede judicial. Finalmente la cadena de cesantías se interrumpió y los empleados debieron ser reincorporados. No es bueno tropezar dos veces con la misma piedra. Hasta la semana que viene.