Luis María Serroels
Especial para ANALISIS DIGITAL

Cuando Sergio Urribarri sintió endulzarse sus oídos al escuchar que la presidente lo había escogido como candidato a sucederla, un inefable paisaje se dibujó ante sí y creyó que de ahí en más el camino se le allanaría (hasta se apresuró a designar a quien le diseñaría una estrategia para posicionarlo en el orden nacional). Alguna vez escribimos en este sitio que no se debía subestimar a los K más rígidos que revolotean muy cerca de Cristina Fernández, porque en la mesa aparecían cubiertos para varios. Y que los argentinos tarde o temprano le demandarían pruebas convincentes de su gestión en Entre Ríos.

Una de las cosas que más se le reprochó al gobernador, fue su excesivo entusiasmo carente de ponderación para sopesar los pro y los contra. No midió las relaciones de fuerza, los avatares que la política genera ni las consabidas zancadillas que los contendientes tienen preparadas. Por lo pronto se dedicó a agraviar a Daniel Scioli e hizo causa común con Florencio Randazzo (otro entusiasmado por el gran sillón) para neutralizar al ex motonauta. Gastó mucho dinero de inexplicado origen para recorrer el país vendiendo su propuesta y hasta se llegó a los Estado Unidos para hablar con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, como una suerte de “propedéutica” para arribar a Balcarce 50 sin tropiezos. Fue como salir a vender los pollitos antes de echar la clueca.

La suspensión de obras públicas por falta de pago a las empresas y un pedido de informes de la oposición sobre una deuda de 1.000 millones de pesos mantenida con la Cámara de la Construcción, que podría provocar la paralización de tareas y pérdida de empleo de unos nueve mil obreros (Análisis del jueves 19), no habla bien de una gestión cuyos estragos le explotan en las manos al impulsor del “sueño entrerriano”.

El principal problema ha sido la reticencia en dar datos precisos y fidedignos sobre el estado financiero de la provincia, reducidos a un relato que se diluye confrontándolo con la simple realidad cotidiana.

Los impuestazos terminan negando la supuesta normalidad. La falta de adecuación de los salarios por la caída del poder adquisitivo; la emisión casi crónica de letras que requieren más letras para ser canceladas; el colosal endeudamiento que se le deja al sucesor como presente griego y la reprogramación de pagos de sueldos de octubre por falta de fondos, no se concilian con los auto elogios de quien se irá del cargo con pena y sin gloria.

Siempre ateniéndonos al informe de Jorge Riani en el quincenario Análisis -una bomba que tarde o temprano iba estallar-, la deuda consolidada asciende a 8.330 millones de pesos y la deuda flotante (derivada del funcionamiento cotidiano del Estado o de desajustes temporales) llega a 4.312 millones, ambas a junio de 2015.

En 2007, en que Urribarri llegó a la gobernación de la mano de Jorge Busti, el déficit de rentas generales fue de 82 millones de pesos; en 2008, 310,2 millones; en 2009, 425,7 millones; en 2010, 600 millones y en 2011, 1.008 millones. Ya en 2012 y en su segundo mandato, 1.475 millones; en 2013, 1.429 millones y en 2014, 2.500 millones de pesos.

Cuando Urribarri culminó su primer año de gestión, la deuda pública trepaba a los 3.028,1 millones y ahora en junio de 2015 se ubica en los 8.300 millones.

Nuestra provincia le debe a la Nación (que le sustrae arbitrariamente mes a mes muchos recursos de la recaudación primaria de impuestos), 5.981 millones de pesos; 1.568 millones al Nuevo Banco Bersa por préstamos tomados para afrontar pagos urgentes y 1.675 millones que se deben desembolsar para rescatar los títulos emitidos (como se advierte, hoy llega a los 9.224 millones).

Si extiende la mirada hacia los datos sobre emisión de títulos, ha sido una constante, debiendo aclararse que cada rescate de deuda con más deuda no exime del pago de intereses (este año lleva lanzadas al mercado letras por 1.926 millones de pesos que Bordet deberá cancelas en 2016 y 2017, o sea que la fiesta que organizó el antecesor deberá ser afrontada por quien lo reemplazará el 10 de diciembre). Todo ello instaló la gimnasia de hacer malabarismos cada mes, para pagar sueldos a activos y pasivos.

La billetera del Estado se ha mostrado tan reticente a reajustar los sueldos de los empleados como firme a la hora de gambetear las paritarias, pero ello no se hizo al aumentar sucesivamente los haberes a los funcionarios un 115 por ciento en 19 meses. Cada vez que la impericia gestionaria desemboca en una calle muerta, no se tiene mejor idea que ajustar la presión tributaria y se da el fenómeno de que para incrementarles el sueldo a sus agentes, el Estado-patrón sube los impuestos, o sea que cada servidor público se convierte en financiador de su mejora salarial.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa ha dicho que Entre Ríos es la provincia donde mayor presión impositiva se carga a su población, dando detalle de cada imposición. Esta postura es ampliada por el lúcido académico y periodista económico Antonio Margariti, al afirmar que en realidad todos los argentinos sufren sobre sus espaldas una de las mayores cargas fiscales del mundo.

Margariti cita un hecho muy interesante vinculado con el hartazgo del contribuyente frente a los excesos. En su libro “Los límites del Estado populista”, se ocupa de lo que llama “rapiña fiscal” o “deseo inmoderado de quedarse con el dinero ajeno”, citando la rebelión fiscal de California (EE.UU.) en 1978 cuando el gobierno quiso aumentar un 50 por ciento el gravamen inmobiliario, porque era un gobierno despilfarrador.

Ello determinó que se organizara un sindicato de pagadores de impuestos y una unión de trabajadores y empresarios contribuyentes. Publicaron un aviso en un diario anunciando que suspenderían el pago de todos sus impuestos hasta que se apruebe una enmienda constitucional en ese Estado. Dejaron de pagar por 90 días y lograron varias medidas, entre ellas, que la revaluación de inmuebles sólo sería legal cuando haya un cambio de propietarios o nuevas construcciones.

En Inglaterra, a Margaret Thatcher los contribuyentes le devolvieron las cédulas inmobiliarias poniéndoles al dorso la frase “No te concierne”. ¿Por qué? Porque la Dama de Hierro había inventado un impuesto especial para reconstruir la flota británica averiada durante la guerra de Malvinas.

No hacemos en absoluto apología de la rebelión civil, pero es hora de que los poderes públicos reflexionen que la solución no reside en utilizar graciosamente el lápiz rojo, sino en revisar con equidad la base tributaria y ajustar el cobro a los morosos de solemnidad (que suelen ser los más pudientes).

Esto es sólo una parte de los desatinos cometidos en la provincia y que el contador Gustavo Bordet deberá atender rodeado de un buen equipo. Sería prioritario que tras asumir brinde un informe completo y descarnado de las cuentas provinciales.

Así las cosas no debería sorprender que se difunda un llamado a la solidaridad, solicitando ubicar el paradero de un sueño entrerriano prometido años atrás y esfumado sin dejar rastros.