Mediante la aprobación de esta ley, el Ministerio de Economía podrá emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), además de un Pagar‚ de Ahorro para el Desarrollo Económico.

Según consta en el proyecto, quienes deseen cambiar divisa extranjera por estos bonos no estarán obligados a revelar su origen ni la procedencia de los recursos con los que se obtuvo. Además, estarán exentos del pago del impuesto a las Ganancias y de cualquier gravamen especial.

Tras nueve de horas de exposiciones y más de veinte oradores, quedaba en claro que las posiciones estaban polarizadas entre el Frente para la Victoria y sus aliados permanentes y los legisladores de los bloques de oposición, con una ecuación matemática que favorecía al sector próximo al gobierno nacional.

El ex jefe de gabinete Aníbal Fernández destacó que "con la exteriorización voluntaria de depósitos de moneda extranjera, en el exterior o en el país se busca dar una herramienta más que nos permita seguir en la senda del crecimiento y de la creación de empleo".

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda agregó que "se busca recuperar dinero ocioso, clandestino, al margen del mercado, que está afuera y puede ser generador de nuevos negocios inmobiliarios y de infraestructura energética", al tiempo que negó que se puedan filtrar capitales de origen ilícito porque se tomaron recaudos para que "no puedan entrar imputados por delito de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo y el control se extienda a sus cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad".

El radical Gerardo Morales expresó, en cambio, que la iniciativa de blanqueo apunta a generar "un paraíso fiscal para que se beneficien todos esos delincuentes que se han llevado cientos de miles de dólares del país", en tanto Laura Montero calificó al gobierno de disponer de un "pragmatismo cínico" y sostuvo que "en los paraísos fiscales el dinero que sobra, es dinero de origen delictivo".

Jaime Linares, del Frente Amplio Progresista, sostuvo que la propuesta oficialista "es un retroceso desde el punto de vista impositivo, es malo desde el punto de vista de la equidad" y agregó que "en algunos casos le abrimos la puerta al delito complejo" y sostuvo que su sanción "desnuda una crisis, un problema en el desarrollo de este económico que está en marcha".

La justicialista disidente Liliana Negre (San Luis) afirmó que la iniciativa es "una inmoralidad fiscal" y advirtió que "abre el camino a una narcoeconomía" y sostuvo que se está "creando una cuasimoneda en dólares".

El socialista Rubén Giustiniani indicó que la norma generará "una marcada e intolerable desigualdad" frente a quienes han cumplido con sus obligaciones tributarias, "le están poniendo un cartelito de -tonto- a todos los que cumplen con la ley".

En el mismo sentido se expidió el disidente Juan Carlos Romero que calificó de "injusto y absurdo" el proyecto y consideró que la iniciativa "es un premio para los evasores".

El santafesino Carlos Reutemann advirtió que el gobierno "corre a quien compró cinco mil dólares en un año y por la misma ventanilla otro trae bolsos de dinero inexplicablemente conseguido y le dan un diploma verde".

El radical chubutense Mario Cimadevilla dijo que "más que una ley de blanqueo estamos debatiendo una ley de lavado" y la calificó de "injusta para los que pagan impuestos" y además "es ineficaz porque ni nos propios funcionarios saben cuánto van a recaudar".

En tanto todos los legisladores del Frente para la Victoria que hablaron para respaldar la decisión y opinaron que contribuirá al crecimiento de la economía y la inserción social de sectores marginados.

El senador oficialista José Mayans (Formosa) criticó "el ataque feroz que sufren" la presidente Cristina Kirchner, el vicepresidente Amado Boudou y los gobernadores con las denuncias sobre "eventuales actos de corrupción" y advirtió que las críticas de la oposición son "propias de las campañas electorales".

Fuente: Infobae