En abril de 2008, Argentina aprobó la ley Nº 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, como resultado de un largo proceso en el que se logró una mayor visibilidad social e institucional del problema, en todo el mundo. A nivel internacional, esa toma de conciencia llevó varios años y derivó en el 2000 en tres documentos de Naciones Unidas, para diagnosticar y combatir la trata: la Convención contra el Crimen Organizado Trasnacional, y dos de sus protocolos, fundamentalmente el conocido como Protocolo de Palermo, ratificado por nuestro país en 2002. Entre ese año y la sanción de la ley 26.364, que incorporó al Código Penal delitos específicos para sancionar esas violaciones, varias noticias sobre rescate de inmigrantes explotados sexual o laboralmente en Argentina fueron poniendo en evidencia la importancia del problema.

En cuanto a la explotación sexual, (“la vertiente más impactante de la trata”), el funcionario del Ministerio Público Fiscal destacó que si bien en el imaginario social siempre existió la certeza de la existencia del comercio sexual, la figura del cafisho y el burdel, ahora “hablamos de algo distinto: la explotación de personas de determinada edad y con cierta vulnerabilidad, o directamente por medio de mecanismos más ofensivos”.

Cultural

Para el fiscal general, estamos ante un “cambio de paradigma de lo que se debe combatir, y cómo se deben valorar algunos lugares identificados con eufemismos como wisquería. Esa fachada semántica se desmorona tan pronto como advertimos que detrás de esos lugares muchas veces se ejecutan comportamientos abusivos y explotadores, de trata de menores o mayores de edad”. Por eso, sostuvo que la legislación “sale al cruce de todo esto y procura instalar la convicción de que esto ya no puede ser asumido como algo corriente y cotidiano. Hay un cambio paradigmático que debe llevarnos a dejar de percibir este tipo de emprendimientos como algo culturalmente aceptado. Eso deberá cambiar definitivamente”.

Esa modificación cultural, según el fiscal, deberá ser internalizada por todos los estamentos del Estado, las organizaciones no gubernamentales y también los medios de comunicación en el tratamiento de las noticias referidas a la trata. Por ejemplo, cita que la Procuración General de la Nación insta a los municipios a privar de la habilitación a locales comerciales donde se ejerza la prostitución. “No se puede permitir más la instalación de este tipo de locales, por muchísimas razones previas o concomitantes al delito de trata” explicó.

Por otro lado, resaltó que conviene desmitificar la situación de la víctima. “Durante mucho tiempo se partió de un enunciado falso, según el cual estas personas están allí porque lo desean y en todo caso es preferible que se mantengan en prostíbulos y que no trabajen en sus casas. Son enunciados irracionales con los que se convive de manera muy sorda en ciertos sectores sociales. Esa forma huidiza de pararse frente al problema también hay que erradicarla. Es una versión adaptada del por algo será y es lamentable”, criticó.

El entrevistado tuvo en claro que “los grandes procesos sociales no se generan a partir de una ley, pero la norma contribuye en determinados procesos de renovación social valorativa”. Las herramientas legales para combatir la trata están. Ahora, la sociedad tiene una deuda pendiente: “Comprender que la explotación sexual o laboral no se puede seguir tolerando, en un esquema de verdadero respeto a los derechos humanos”.

Resultados

Cuando se le preguntó si los operadores judiciales y policiales están preparados para prevenir y reprimir la trata, Álvarez respondió que “se están preparando”. Sin embargo, destacó que hubo procedimientos exitosos en la jurisdicción federal entrerriana. “No fue producto de la intervención de una elite policial entrenada para esos hechos, sino de los auxiliares con que contamos. Por eso creo que se hace camino al andar. Las fuerzas seguramente en sus órdenes internos estarán entrenando a sus agentes y capacitándolos en el tema”, calculó. Advirtió, de todos modos, que se trata de “una criminalidad compleja porque no se trata de captar aisladamente un fenómeno que se agota en un solo acto (como puede ser un asalto callejero), sino de estados. La servidumbre es un estado de la persona, detrás del cual hay redes, una pluralidad de intervinientes, y en muchas ocasiones se puede percibir que la víctima es utilizada como parte de la explotación en la generación de otros hechos delictivos, por ejemplo, si se le exige ofertar drogas a los clientes, o si es obligada a reclutar compañeras”. Y agregó que el laberinto se complica aún más cuando hablamos de trata internacional.

Sin embargo, el fiscal detalla que actualmente hay causas por presuntos casos de trata investigándose, y que existen dos condenas en la jurisdicción federal. “Hay tres o cuatro procesos radicados en el Tribunal Oral y otros tantos en etapa de instrucción, algunas de las cuales ya llegaron a conocimiento de la Cámara”, explicó. Son casos de distintos lugares de la provincia, tanto de la costa del Uruguay como la del Paraná. Por ejemplo, se investiga uno ocurrido en Oro Verde. Como dato relevante, Álvarez menciona que una de las primeras condenas a nivel nacional por aplicación de la ley 26.364 se impuso en Entre Ríos, por la investigación de un hecho de trata de personas en un local de Villaguay.

Local

La ley 26.364 otorga competencia a la Justicia Federal para la investigación de la trata de personas -por sus características de trasnacionalidad y por el desplazamiento por diferentes provincias de víctimas y victimarios-, pero, los tribunales provinciales también están enfocando la problemática, capacitándose y requiriendo cierta infraestructura.

Así lo explicó el procurador general de Entre Ríos, Jorge García y la fiscal de cámara Cecilia Goyeneche. Esta última, participó recientemente en una actividad de capacitación en La Plata, con especialistas de la OIM. Allí se trabajó sobre las tácticas e infraestructura necesarias para descubrir y desarticular estas redes. Y para que a partir de los delitos conexos, como la reducción a servidumbre y la privación de la libertad, entre otros, se pueda detectar la presencia de criminalidad organizada y dar intervención a la Justicia Federal.

“Hay mucha actividad, sobre todo, preventiva, en la que intervienen los operadores judiciales y policiales de las provincias, por lo que la idea es generar cruce de datos sobre estas organizaciones criminales, que en el caso de las más grandes están vinculadas con otros crímenes como el lavado de dinero y el narcotráfico”, manifestó García. En ese aspecto, los fiscales provinciales aseguraron que “se está comenzando a trabajar preventivamente en los prostíbulos encubiertos que funcionan bajo el nombre de wisquerías, bar y pool, entre otros. En algunos sectores se manejan datos sobre la procedencia de las chicas, acerca de quiénes las traen, y el gran desafío es que la sociedad pueda establecer redes para colaborar en la investigación del origen de ese tipo de explotación, como así también el caso de la explotación laboral de niños o inmigrantes que aparecen en ciertos lugares del país”, opinó García.

Para el procurador general, lo más importante del tema es “armar una red a nivel social para articular el trabajo preventivo y poder evitar este tipo de casos. Queda mucho por hacer, esto recién empieza y las policías se están aggiornando”. Sin embargo, García es consciente de que “el sistema penal abarca un porcentaje mínimo del problema”, y que si no se trabaja sobre prevención y asistencia a las víctimas “el derecho penal va a pasar como un elefante en un bazar, haciendo un destrozo y siguiendo su curso sin solucionar nada. La protección del testigo y de la víctima durante y después de la investigación judicial del delito de trata es prácticamente la única competencia que le queda a la provincia en este tema, pero creo que es lo más valioso”.

Al margen

La fiscal Cecilia Goyeneche resaltó que hay que tratar “con sumo cuidado a las personas explotadas. En la mayoría de los casos es uno de los testigos principales de la investigación. Si la víctima no se asume claramente como tal, no hará ningún aporte en la causa y eso genera un esfuerzo adicional para obtener recursos para probar la trata”.

Asistencia

Para el procurador García, “el trabajo con la víctima todavía es muy embrionario pero es el camino a seguir. La persona explotada se encuentra muchas veces en un dilema. Salir de esa situación puede derivar en encontrarse sola frente a la nada, en un país o provincia extraña, sin red de protección. Si el Estado no adopta medidas de asistencia se atacará el delito pero se dejará a la persona sometida en una situación de desamparo similar a la que se encontraba”.

Estrategias

Los asesores de la OIM -explicó Goyeneche- comentan que Estados Unidos ha volcado mucho presupuesto para la prevención y represión de la trata. Entre otras medidas, buscan afectar económicamente a las organizaciones, incautándole fondos y decomisándole bienes. Con el dinero obtenido se indemniza a las víctimas calculando cuánto hubiesen cobrado durante el tiempo en que fueron sometidas, si hubieran realizado un trabajo registrado. “Buscan contener a la víctima en el futuro y motivar a quien está siendo sometido a explotación para que se convierta en un testigo contra los tratantes”, afirmó.

Diferente

“No toda prostituta se encuentra en una situación de explotación. Habrá trata siempre y cuando, en alguna medida, se afecte la voluntad de la víctima, sea una prostituta o un trabajador”, distinguió la fiscal Goyeneche.

II Declaración de Villa María

Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos se reunieron en Villa María con motivo del II Congreso Nacional del Interior contra la Trata y Tráfico de Personas los días 12 y 13 de este mes. Producto de las deliberaciones surgió un documento reafirmando la primer “Declaración de Villa María”, elaborada en 2010, con planteos a los tres poderes del Estado. El objetivo es aportar el escrito a la próxima Reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que tendrá lugar en el Salvador a principios del próximo mes.
En el texto solicitaron la reforma de la actual ley Nº 26.364 de trata de personas, “una moderna forma de esclavitud que debe explicarse y tipificarse en función de la definición de esclavitud universalmente aceptada, considerada un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y una norma imperativa del derecho internacional que no admite acuerdo en contrario”.

Reclaman asimismo que se tipifique como delito la compra y venta de seres humanos, prestando especial atención a la temática de la trata de bebés y al derecho de las personas a conocer su identidad. En este sentido, consideran imperioso preservar el Banco de Datos Genéticos y permitir el acceso gratuito a quienes buscan su identidad biológica o a los familiares que buscan a los hijos e hijas de las víctimas de trata que han sido apropiados por los tratantes y apropiadores.

Protección

Otra demanda es la creación de un Fondo Especial contra la Trata de Personas que administre los bienes incautados y los destine exclusivamente a la asistencia y reinserción social de las víctimas.

También propician un “Programa Nacional de Combate contra la Esclavitud y Asistencia y Protección a las Víctimas” que establezca estándares mínimos de protección y asistencia integral, que aseguren la reinserción social de las víctimas y garanticen la no repetición de las violaciones sufridas. Sostienen que en ningún caso la asistencia y protección podrán estar condicionadas a la participación de las víctimas en el proceso judicial contra el tratante. Para ello, propugnan el diseño de un “mecanismo administrativo de determinación de la condición de persona tratada”, que podría ser aplicado por las Defensorías del Pueblo, para asegurar a las víctimas que no se atreven a declarar (que son la mayoría) los beneficios, la asistencia y la protección a la que tienen derecho. Es imprescindible también, crear un “comité de evaluación de riesgos”, con participación de las ONGs, que obligatoriamente deba intervenir luego del rescate para evaluar medidas de protección y también previo al retorno o la repatriación de las personas tratadas, para acordar una protección adecuada y garantizar que no se las devuelve a lugares donde su vida o su integridad física corran peligro.

Finalmente, el Programa Nacional, debe incluir un “mecanismo de seguimiento” de las personas tratadas que hayan escapado o hayan sido rescatadas, que pueda ser supervisado por organismos de control y por las organizaciones de la sociedad civil. En ese orden, la Declaración sostiene que “las organizaciones sociales y los organismos estatales desconocen cuál ha sido el destino y en qué situación se encuentran la mayoría de las, aproximadamente, 2000 personas que el Estado ha rescatado. Se desconoce si las mismas han sufrido represalias, si han vuelto a ser captadas por las redes o si se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que las ponen nuevamente en riesgo”.