Fuentes del Ejecutivo dijeron que la semana pasada hubo contactos informales entre autoridades de los dos países y siguen las versiones de un posible encuentro o contacto telefónico entre los presidentes Cristina Fernández y José Mujica.
"Nosotros seguimos objetando. Y lo que decimos es: si miembros del gobierno uruguayo manifestaron que hubo tentativas de cohecho, o tentativas de influir para favorecer a Riovia, o que Riovia intentó beneficiarse de una manera indebida, entonces hay que fijarse bien antes de firmar un contrato. ¿Cómo se va a firmar un contrato con ese antecedente? Y eso está planteado por el Tribunal de Cuentas. Y yo no puedo desconocer ese hecho", expresó Timerman.
El jefe de la diplomacia argentina declaró que "en el Uruguay, el Tribunal de Cuentas dice: `está este hecho, pero no es judiciable, no hay material para llevarlo a la Justicia, que el gobierno haga lo que le parezca`. Hay que aclarar ese hecho".
"Yo no puedo firmar un contrato para llevar adelante una obra y que en medio de la ejecución del contrato aparezca una condena a la empresa a la que le adjudiqué la obra", acotó.
Según Timerman, "la Argentina está lista para firmar el dragado desde mayo. Lo sabe el gobierno uruguayo. Y a partir de que nosotros informamos de que estábamos listos para firmar, empezaron a filtrarse todas estas denuncias, que según el gobierno uruguayo son denuncias que no se pueden llevar a la Justicia".
"Entonces no queda claro. Si mañana a mí me dicen que no hay ningún problema, si me dan alguna demostración del Tribunal de Cuentas que no hubo ningún acto que podría ser considerado ilícito por la Justicia, entonces podemos firmar la profundización del canal en cualquier momento", agregó.
"Si ya está listo. Nosotros, el 9 de mayo mandamos una carta diciendo que la delegación de la Argentina (de la CARP) adjunta el pliego de condiciones de condiciones particulares. Ahora bien, nosotros esto lo anunciamos el 4 de mayo. ¿Qué día salió la denuncia de posible corrupción? El 5 de mayo", afirmó el canciller argentino.
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú solicitará hoy lunes al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que reactive la causa contra UPM (ex Botnia), mediante la citación de los funcionarios que aseguraron públicamente tener información acerca de la contaminación de la planta de celulosa instalada en Fray Bentos.
Ana Angelini, abogada de la asamblea, informó que pedirán al juez federal Pablo Seró, "una citación al senador nacional Pedro Guastavino, quien dijo conocer datos sobre el monitoreo realizado en la planta y en el río Uruguay; al intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo; al secretario de Salud municipal, Martín Piaggio, y al presidente de la delegación argentina en la CARU, Hernán Orduna"
La abogada recordó en medios argentinos que la causa judicial se abrió en 2006 por tentativa de contaminación antes de que Botnia comenzara a funcionar y que si bien desde un primer momento la asamblea se presentó como querellante, la misma fue impulsada por el entonces gobernador de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti.
En Gualeguaychú además, comienzan a pensar nuevamente en La Haya porque sienten que el gobierno uruguayo viola sistemáticamente los acuerdos binacionales.
El intendente entrerriano Juan José Bahillo, declaró necesario agotar la vía diplomática en el reclamo por la supuesta actividad contaminante de la pastera de UPM, pero "si lamentablemente estas negociaciones no dan resultado, como ocurrió en otras oportunidades, y si la información lo amerita y justifica, habrá que solicitar ir a La Haya nuevamente. Esto hay que decirlo con todas las letras", sostuvo el jefe comunal de Gualeguaychú en el diario Ámbito de Argentina.
El integrante de la asamblea Gustavo Rivollier, dijo a El País que Bahillo "es el primer funcionario que lo dice en público, pero hay varios que manejan en privado esta posibilidad". Bahillo se refirió además a los 14 ingresos a UPM por parte de los integrantes del Comité Científico binacional, resultados que aún no han sido divulgados.
"Los vecinos tienen el derecho de conocer y no vamos a cesar en este reclamo de tener la información. Después, una vez que accedamos, ahí se ameritará qué es lo que se va a pedir y exigir", sostuvo el intendente de la ciudad argentina.
Los técnicos de ambos países se encuentran trabajando desde el 20 de junio de 2011, pero de acuerdo a lo informado por las autoridades uruguayas, es por negativa de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay, que un total de trece informes científicos no han visto la luz.
Gustavo Rivollier sostuvo que la CARU se encuentra empantanada y el acuerdo de monitoreo "está a fojas cero por la postura uruguaya. Los técnicos entran una vez al mes y avisando quince días antes", señaló.
Cuando se refieren a la temperatura de los efluentes autorizados a 37 grados, "los uruguayos dicen que se ajustan a la normativa uruguaya, pero Dinama debería respetar el digesto del río Uruguay como está mandatado en el fallo de La Haya", expresó Rivollier.
El activista sostuvo que estas diferencias que impiden firmar los informes se repiten en otros parámetros y denunció que no se ha podido iniciar el monitoreo continuo, "porque las boyas perfiladoras están hace cinco meses esperando ser instaladas en la desembocadura del río Gualeguaychú y en la salida de los efluentes de UPM".
Es la temperatura máxima para los efluentes de UPM, habilitada por la Dinama. Argentina reclama que debe ser menor.
Timerman cargó sus dardos contra el jefe de gabinete de la Cancillería uruguaya y presidente de la delegación uruguaya ante la CARP, Francisco Bustillo. Reclamó que se le quite la inmunidad para que pueda declarar en dos causas judiciales que tiene en Argentina.
"Vamos a poner las cosas en claro: ya hay dos causas en las que Bustillo tiene que declarar y por las que Uruguay no le levanta la inmunidad diplomática. Y yo no lo puedo terminar de entender. Una es la de las franquicias de los autos, donde el juez de primera instancia dice que a Bustillo hay que juzgarlo pero que no lo puede hacer porque siendo un diplomático sólo puede hacerlo la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dice que no lo puede juzgar porque al señor (por Bustillo) no le levantan la inmunidad diplomática. Ahora, ¿qué hago yo?, además, no es cierto que la causa esté archivada", dijo a Tiempo Argentino. "Me llama la atención que el gobierno uruguayo le mantenga la inmunidad diplomática a una persona que trajo dos autos en forma ilegal al país. Lo dice el juez, no lo digo yo", declaró Timerman. Agregó que en la investigación judicial "todos los gobiernos levantaron la inmunidad diplomática, incluyendo el Congo. No así el Uruguay", publicó El País Digital.