Luis María Serroels

Dime qué cosas ocultas y sabré cómo gobiernas, podría ser un buen aforismo a la hora de analizar de qué modo se diseña, planifica y direcciona la publicidad oficial que, por ese carácter, es financiada con dineros públicos. "No se hace propaganda oficial, no se paga un centavo en diarios, revistas o radios para la exaltación de los hombres de gobierno", decía el gobernador de la provincia, Raúl Lucio Uranga, en su mensaje anual dirigido a la Legislatura el 1º de julio de 1959.

Transcurridos largos 46 años, la costumbre de utilizar partidas dinerarias para difundir mensajes con sentido propagandístico y hasta electoral que se ha venido acentuando desde 1983, ha quedado en el centro del debate y en el ojo de la tormenta a partir no sólo de muy concretas y palpables muestras exhibidas en los distintos medios, sino también porque desde el poder se ha llegado a negar información sobre montos invertidos y destinatarios de los avisos, asentado en normas de dudosa legitimidad e impresentables argumentaciones.

Resulta un verdadero contrasentido que mientras el Presidente de la Nación impulsa desde la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) una desclasificación de ciertos documentos secretos de altísimo voltaje, colocándolos al alcance del colectivo ciudadano, en nuestra provincia se retacea información vinculada con el origen y destino de la propaganda que a diario satura los sentidos al punto de ponerse ante el riesgo de lograr efectos opuestos a los perseguidos.

No es por cierto una metodología exclusiva de la administración de estos días y si desafiáramos a que dé un paso al frente aquél que nunca lo hizo en las últimas dos décadas, seguramente que la espera nos terminaría extenuando.

¿Algún gobernante se atrevió acaso a dictar normas precisas que otorguen seguridades a los gobernados sobre el manejo de los recursos volcados a la autopropaganda y coloquen un bloqueo jurídico y sobre todo moral a la vieja tentación de malgastar fondos del Estado?

Hemos escuchado varias veces que se busca vedar la publicación de encuestas a partir de una cierta cantidad de tiempo previo a cada acto eleccionario. También rige la prohibición de revelar públicamente resultados obtenidos a boca de urna o de cualquier otra fuente antes de determinado horario posterior al cierre de cada comicio.

Entonces, ¿no sería una medida atinada y austera establecer que durante un período razonable anterior a las elecciones internas o generales, el gobierno de turno se abstenga de difundir campañas de publicidad cuyo contenido -aparentemente institucional- apunte a instalar en el electorado mensajes nada subliminales que hilvanan sin sutilezas acciones de gobierno con necesidades proselitistas?

La mezcla que suele darse entre partido, gobierno y Estado es mucho más que una ingenua confusión. Es lisa y llanamente un modelo operativo al que los órganos de contralor deberían observar con mayor celo y severidad.

Debemos colocar las cosas en su debido sitio. Existen regímenes para la concesión de espacios publicitarios que, en algunos niveles, dejan grietas por donde se filtran irregularidades e inequidades cuyos fundamentos en términos de leyes contables y réditos válidos rara vez se conocen.

Una correcta y completa regulación de la publicidad oficial -se sabe que existe un proyecto legislativo en cierne- resultaría muy útil para que la republicana obligación de difundir los actos de gobierno se cumpliera sin aviesas distorsiones ni ardides.

Los recursos asignados al organismo de Información Pública para una acción global no deben ser considerados como un botín destinado a premiar discrecionalmente las opiniones que agraden o encolumnar medios y comunicadores en una común sintonía comprometida con los intereses del gobierno. Revelar destinatarios y montos librará a los responsables de suspicaces desconfianzas y apresuradas críticas.

Una cosa es publicar llamados a concurso y a licitación sobre la base de puntuales especificidades, que provienen de normativas contables ineludibles destinadas precisamente a dar un marco de "licitud" a la convocatoria y lograr mejores ofertas para bien de la economía del Estado. No así cuando se trate de comunicados de interés general que por sus características y trascendencia no admitan dilaciones.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)