Responsabilidad y sobreactuación

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El gobierno suelta el lastre de la CARU echando a Garín y Rojas por el tema de las papeleras

Américo Schvartzman
(de El Miércoles, especial para ANALISIS)

Aunque ahora coincidan en echarle la culpa a la Comisión Administradora del Río Uruguay, la realidad es que hasta hace pocos meses, el gobierno provincial y nacional sólo pedían al Uruguay que les permitiera monitorear la instalación de las papeleras. Muy tarde, recién en mayo de este año, empezaron a solicitar la relocalización de las plantas. La sobreactuación de distintos protagonistas responde a una convicción tardía o a un cálculo electoral. Mientras tanto, la expulsión de los actuales delegados de la CARU -sin discutir el rol de ese organismo ni replantear su conformación- termina siendo un fusible para que todo siga igual.

No son documentos reservados ni tampoco inaccesibles: han sido publicados en distintos medios, y uno de ellos forma parte de las actas de las comisiones del Parlamento. Están a la vista. Sólo sucede que es difícil verlos. Se entiende: es notable (y confusa) la hojarasca provocada por la tardía pero descomunal difusión de los distintos aspectos de la controversia por las papeleras. A eso contribuye la sobreactuación de los protagonistas, que hasta abril de este año creían que el conflicto no superaría los confines de Gualeguaychú, y de repente vieron -con espanto- el monstruo que se alzaba sobre el puente internacional, más precisamente el 30 de abril, un monstruo que aún no había sido descubierto por los grandes medios porteños, y que ya era tarde para frenar.

Pero esos documentos muestran que hasta hace muy poco -a excepción de la dirigencia de la vecina ciudad- nadie en el gobierno provincial o nacional, pedía que no se instalen las papeleras. A lo sumo, solicitaban injerencia para controlar. Recién en mayo Jorge Busti empezó a pedir formalmente que las papeleras se instalen en otro lado.

El informe de la Cancillería -cuyo facsimil se reproduce en esta página- deja constancia de que los delegados a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) no actúan por su cuenta.

“La labor, desarrollada en esta primera etapa por la CARU, responde a lo solicitado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, en su nota P-74/2 (Anexo A) de fecha 24 de marzo de 2004, en cuanto a que la Comisión Administradora del Río Uruguay acuerde los procedimientos para establecer mecanismos de control y monitoreo, tanto en lo correspondiente a la etapa de obra como, en particular, al período de operación, a los efectos de contar por parte de este organismo binacional y conforme al Estatuto del Río Uruguay, con un programa capaz de mantener un estricto control sobre todo el proceso”. En otras palabras: aunque ahora quieran sacrificar sus peones (como en el ajedrez) fueron las máximas autoridades las que no vieron lo que se venía, y reaccionaron tarde. De allí la sobreactuación que llega hasta hoy, con el vicegobernador teatralizando una presentación en Montevideo, en la sede legal de las papeleras, como una suerte de John Wayne entrerriano.

La bisagra

“Ahora se pelean por ver quién es más opositor a las papeleras”, dijo hace poco al semanario El Miércoles el diputado nacional Hugo Cettour (PJ-Entre Ríos), el hombre que llevó a Darío Garín a la CARU, y que no obstante estuvo aquel histórico 30 de abril en el puente, entre los miles de entrerrianos que fueron a reclamar contra la instalación de las industrias celulósicas. Dijo más: aunque trató de evitar que su postura se interpretara como una defensa del impresentable Garín, marcó que los delegados de la CARU no hacen otra cosa que cumplir con lo que les ordenan.

Hasta comienzos de este año, ni el gobierno entrerriano ni la Cancillería le pedían al Uruguay que desistiera de la instalación de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay.

La impresionante movilización del 30 de abril parece haber sido la bisagra. Recién en mayo de 2005 el gobierno de Entre Ríos pidió “considerar la relocalización de la instalación de las dos plantas, con el fin de evitar su funcionamiento frente a poblaciones entrerrianas” y “evaluar la aplicación de una medida de no innovar por un plazo de 180 días”. Recién en mayo el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Rafael Bielsa, a pedido del gobierno de Busti, le hizo entrega a su par uruguayo, Reinaldo Gargano, de esa solicitud formal.

Mal que le pese al gobierno de Jorge Busti, no puede culpar a la Cancillería por no exigirle al Uruguay lo que recién ahora empezó a pedir.

(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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