Papeleras y papelones
En medio de las discusiones entre radicales, alguien se encargó de recordar que el actual apoderado legal del Comité Provincial, Alejandro Carbó, tiene su nombre inscripto en la nómina de autoridades del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, nada más y nada menos que con el cargo de secretario de Medio Ambiente. “No ves que nosotros nos metemos solitos en despelotes; si se entera cualquiera que Carbó es secretario de Medio Ambiente… el papelón que puede llegar a pasar si le piden alguna opinión fundamentada sobre las papeleras del Uruguay”, dijo un radical enojado.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS)
Discriminación cero
Mientras el gobierno de la provincia ha decidido jugar fuerte para sacar la reforma de la Constitución y sus máximos dirigentes se hallan enfrascados en convencer a los entrerrianos sobre las bondades de participar en la consulta popular del 23 de octubre, la conducta de algunos de funcionarios parece a punto de generarle un nuevo dolor de cabeza al gobernador Jorge Busti. Ocurre que la estrategia de exhortar a la ciudadanía para que “ponga en la Constitución”, algunos de los temas más sensibles a la opinión pública, se da de bruces con ciertas decisiones y gestos que bajan determinados directores y jefes de la administración pública provincial. Los spots televisivos y los numerosos afiches que se han pegado en las últimas semanas en las principales ciuadades enterrrianas hacen alusión a la “discriminación cero”, uno de los ejes temáticos que el oficialismo quiere consagrar en la nueva Carta Magna. Sin embargo, varios trabajadores estatales, entre los que figuran afiliados al Partido Justicialista, han levantado su voz para denunciar que en el gobierno existen quienes se empeñan en sostener una marcada persecusión “ideológica y personal” contra ciertos agentes públicos. Las quejas hacen referencia a la manera discrecional con que ciertos funcionarios están promoviendo la recategorización de su personal, contrariando incluso las normativas dispuestas recientemente por el Poder Ejecutivo. Los estatales que dicen sentirse afectados por estas prácticas autoritarias de sus superiores, han comenzado a elaborar un documento que darán a conocer a través de los medios de comunicación -sin intervención de los dirigentes gremiales-, para denunciar “los numerosos sumarios administrativos” que se les han iniciado a muchos empleados.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS)
Vivienda propia
Para el intendente de San Benito, Hugo Vásquez (PJ), significó un gran logro de su gestión la reciente inauguración del conjunto habitacional que construyó el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) en su territorio. El barrio no se aparta de las construcciones habituales que desarrolla el ente, que consisten en un grupo de casas sencillas de tres ambientes, pero bien acabadas y con suficiente espacio como para que cada beneficiario pueda añadirle las reformas y las ampliaciones que su deseo y presupuesto le permitan. Aunque las 40 viviendas no solucionarán por sí solas el déficit habitacional que experimenta esa localidad, habida cuenta de la expansión demográfica que ha tenido en el último decenio, lo cierto es que vienen a dar respuestas a muchas familias que hacía años que ahelaban el sueño de la casa propia.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS)
Asesor
El ministro de Economía de la provincia, Diego Valiero, fue uno de los primeros que advirtió que la administración pública había comenzado a quedarse sin profesionales entre sus filas, sobre todo sin contadores públicos, como consecuencia de las jubilaciones anticipadas a las que muchos se acogieron y a la decisión del gobierno de ocupar esas vacantes con los agentes reincorporados de la Ley 9.235. El funcionario expresó su preocupación por este tema en más de una oportunidad frente a algunos miembros del gabinete, con el propósito de que se buscara una solución que frenara lo inevitable: una disminución en la calidad de los servicios. Es que ciertos trabajos vinculados al presupuesto o la liquidación de sueldos, u otros temas específicos, que antes eran efectuados por profesionales o por el personal idóneo que contaba con una larga trayectoria en determinadas reparticiones, comenzaron de pronto a ser ejecutados por agentes que conocían muy poco de esos menesteres.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS)
Abrir el paraguas
Cuando el jueves de la semana pasada al secretario de la Producción, Daniel Welschen lo llamaron por telefóno y le leyeron la tapa de la edición de ANALISIS, se le hizo un nudo en el estómago. Más tarde, superando la resistencia inicial, leyó con suma atención el artículo titulado “El inversor”, en la que se daba cuenta de sus presuntas incompatibilidades por ser propietario de un frigorífico y al mismo tiempo estar al frente de un área que tiene poder de decisión sobre el sector, tratando de descifrar segundas intenciones en la nota o de determinar el origen de las fuentes del periodista. Ya más calmado, y después de recibir los consabidos llamados de solidaridad de sus camaradas, Welschen le anunció a sus familiares y amigos más cercanos que “estén preparados para escuchar o leer en los medios cualquier cosa de mí, ya que estamos en tiempo de campaña”. El funcionario abrió así el paraguas, por si la nota de marras disparaba alguna queja de los productores con quienes compite en desigualdad de condiciones, o alguna crítica y pedido de interpelación de los legisladores opositores.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS)
Sin códigos
El delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la DGR, Elbio Ruiz, Díaz no las tiene todas consigo. Después de denunciar al director de ese organismo, Aurelio Miraglio, y al propio ministro de Economía, Diego Valiero, por las irregularidades detectadas en las cuentas de varios contribuyentes, no sólo se quedó sin la solidaridad de la diregencia de ATE, sino que fue sometido a una investigación sumaria por sus jefes. A Ruiz Díaz se lo acusa de haber cometido presuntamente una “falta de respeto” hacia sus superiores, conducta penada por el artículo 40, inciso a, de la Ley 3.289, que podría significarle desde un apercibimiento hasta una suspensión de su cargo. Para elevar sus cargos, la Fiscalía de Estado solicitó a LT 14 Radio General Urquiza las grabaciones de los dichos del empleado, pues ése fue uno de los medios que había escogido para denunciar a Miraglio. Desde la emisora le entregaron gustosos a la fiscal Claudia Mizawak un disco compacto con cada una de las palabras proferidas por Ruiz Díaz en dos de sus programas.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS)
Visita radical a Manzano
No todo lo que encierran las paredes de la vieja casona radical, en calle San Martín 543, es cordialidad correligionaria. Si hay silencio de puertas afuera sobre los enojos cruzados, es porque en el calendario asoma cercana la fecha de elecciones legislativas. Lo cierto es que no son pocos los radicales que expresaron su enojo con el titular del Comité Provincial y candidato de exposición pública única, Sergio Varisco, por haber acudido a la fiesta de lanzamiento del diario Uno de Santa Fe. “Hay que averiguar, porque parece que Varisco fue a la fiesta de Manzano”, dijo un dirigente radical, ante el asombro de sus interlocutores por lo que consideraron una sublime muestra de ingenuidad y desinformación.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS)
