Ley de pesca: la demora es la peor red

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Reflexiones de cierre

Luis María Serroels

La noticia, lamentablemente, no provoca en la sociedad la respuesta que el tema exige y es el correlato de otras que permanentemente nos hablan de cómo los recursos pesqueros se van reduciendo, mientras se aguarda una decisión pronta y definitiva de los poderes públicos.

“La Prefectura Naval de Paraná decomisó en un operativo nada menos que 5.000 metros de redes ilegales”. La información indica que estos elementos estaban ocultos en bañados y esteros entre las localidades de Pueblo Brugo y Curtiembre, tenían calado entre nudos entre 8 y 12 cm (cuando lo permitido es de 14 cm) y su precio fue estimado en 500.000 pesos.

El problema de la depredación ictícola, que abarca todo el territorio nacional y está alcanzando niveles inéditos, ha llegado a amenazar la supervivencia misma de algunas especies, desprotegidas por la falta de una política conservacionista más severa que vuelque los mayores esfuerzos en el control preventivo y que, ante el hecho consumado, aplique sanciones lo suficientemente aleccionadoras que desalienten la reincidencia. Los recursos se hallan hoy sometidos a la insaciable voracidad de empresas frigoríficas y acopiadores, favorecidos en ciertos casos por la lentitud con que se establecen normas rígidas para evitar una extinción prácticamente irreversible.

Revisando la edición número 8 de la revista Nuestra pesca, editada en Santa Fe por gente muy capaz y comprometida, hallamos datos sumamente útiles y precisos sobre la gravedad de este problema.

Es que con la violación de las medidas del tejido, peces pequeños quedan atrapados y todos van al acopiador, al que poco parece importarle el compromiso generado al ecosistema. Esa captura irresponsable y desaprensiva atenta contra la reproducción, impide la continuidad del recurso y la variabilidad genética de la población, de acuerdo a un estudio realizado en 2003 en aledaños de la capital de Entre Ríos, donde se registró una más que preocupante disminución y deterioro tomando las últimas tres décadas, según revela la publicación.

En esta situación de crisis han tenido mucho que ver las obras civiles (represas y conexiones viales) que atraviesan total o parcialmente el cauce y la llanura de inundación de los ríos y producen la interrupción del normal desplazamiento migratorio de los peces. Pacú, manguruyú, surubí atigrado, salmón de río, pejerrey, tres puntos y tape son especies que raramente se encuentran en las actuales incursiones.

El caso del surubí pintado es el que más alarma porque, según la investigación, hace 30 años constituía para la pesquería de Puerto Sánchez el 22 por ciento en peso y hoy sólo representa un magro 2 por ciento.

Ni qué decir del sábalo, sometido a acciones depredatorias para cumplir con la demanda del mercado exterior (por ejemplo, en ciertos países de nuestra América del Sur, los restaurantes exigen ejemplares que, abiertos, no superen la medida del plato, y para ello esa condición comienza a satisfacerse desde la captura, tal como los frigoríficos lo requieren). El sábalo es nada menos que el pez que transforma en proteínas el sedimento del fondo del río (residuos vegetales y animales) y así se convierte en la base de la cadena alimenticia de las especies más importantes del Paraná.

Cuando esta explotación deje de ser buen negocio, seguramente habrá traslado de capitales a emprendimientos dignos de inversiones. Conclusión lógica: las especies ya no estarán y los pescadores deberán emigrar hacia otras ocupaciones, lejos de su hábitat y, lo que es peor, de lo que sus ancestros les fueron enseñando -con misterios y secretos incluidos- como digno medio de subsistencia.

De allí que tanto se insista en mantener un recurso sustentable para una producción también sostenible sin comprometer las especies, para lo cual están funcionando talleres regionales en los cuales intervienen investigadores, productores, pescadores, artesanos, organizaciones no gubernamentales, funcionarios y técnicos, en una carrera contra el tiempo. Pero no basta con las intenciones, porque existen dificultades económicas, técnicas y organizativas a las que se debe prestar atención.

Los santafesinos no quieren quedarse en meras protestas. No hace mucho en Reconquista se presentó un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo en busca de que la Justicia ordene la reglamentación de la Ley Número 12.212 e implemente controles permanentes.

En tanto, en Corrientes se advirtió sobre la posibilidad de vedar la pesca por un par de años hasta que se restablezca el perdido equilibrio entre captura y reproducción.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

La empresa OIC SA tiene cuatro probation por corrupción y construye el anexo de Tribunales.

La mala distribución de la tierra o, dicho de otra forma, la concentración al extremo, no es nueva en Entre Ríos. Y es un debate que será necesario dar en algún momento.

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