Jorge Riani
Diputado, candidato a repetir gestión en el mejor lugar de la lista -sólo detrás de Jorge Busti-, titular de UPCN, mandamás sin cargo en el IOSPER, José Ángel Allende ha tenido una carrera ascendente en la arena política entrerriana. Su figura concentra el poder suficiente que le permitió desparramar nombres entre las listas de concejales de los dos precandidatos peronistas-oficialistas a la Intendencia de Paraná y en otras del interior. La ubicación que se reservó en la boleta de diputados recobrará importancia si -como lo señalan algunas especulaciones- Busti no completa su gestión en la Cámara Baja provincial que se iniciará en 2007. Allende ha hecho un excelente negocio político, gracias a la experiencia negociadora que adquirió en los tiempos de buena relación con el gobernador Mario Moine, a quien le bancó la ley de despidos masivos. Pero también con lo aprendido en los acuerdos acuñados con el entonces gobernador Sergio Montiel, que le permitieron al radical completar su gestión en medio de la crisis política. Dueño de un considerable patrimonio, Allende aún no conoció el techo de su propio crecimiento.
En política -en lo que para la provincia de Entre Ríos es política-, los territorios se ganan y se sostienen con hechos. Como los predadores que señalan su porción de dominio, las faunas suelen mostrar sus uñas y gruñidos.
En Nogoyá, los docentes que reclaman mejores condiciones laborales desde la trinchera de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) instalaron su carpa de denuncias y exigencias con no pocos inconvenientes. Se gastaba el día 18 de octubre último y era tiempo de que la carpa itinerante llegara a la plaza nogoyaense. Allí la esperaba todo un clima de hostigamiento creado por el capataz territorial del Partido Justicialista, el diputado y gremialista José Ángel Allende.
El sindicalista Allende se molestó por la acción gremial de los docentes y les contestó con el lenguaje político de quien se erige como dueño territorial. ¿Instalar una carpa de reclamo al gobierno en el dominio propio?: Jamás -fue el razonamiento de quien ya tiene asegurado un lugar de privilegio en la lista de diputados para el período que se inicia en 2007.
Allende arribó al momento preelectoral fortalecido, al punto tal que no sólo logró asegurarse repetir gestión en la Cámara de Diputados, sino que también pudo proyectar varios nombres que pueblan listas municipales y provinciales. El peronismo oficialista llegará a la interna con dos precandidatos a intendente de Paraná, y allí el dueño de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) instaló los primeros candidatos en sendas listas a concejales.
Quienes conocen los asombrosos vericuetos formados en la lógica del poder, aseguran que dentro del bustismo quien menos incidencia tuvo en la conformación de la lista que acompaña a José Carlos Halle ha sido José Carlos Halle. Una vez más apareció allí el poder del blondo legislador para instalar el primer candidato a concejal: Pablo Biaggini, asesor legal de UPCN y uno de los lugartenientes del titular del gremio.
El otro contrincante en la batalla por la candidatura justicialista paranaense es Daniel Ruberto, quien conformó una lista con nombres ligados a las gestiones de Salud del bustismo, pero también allí aparece expresada la voluntad de Allende. Concretamente la inscripción del nombre de Graciela Traverso como precandidata a concejal es una jugada suya. Traverso es la coordinadora de la comisión fiscalizadora del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), territorio donde el diputado se mueve con total discrecionalidad, luego de los convenios logrados durante la gestión anterior con el gobernador Sergio Montiel.
El diccionario de peronismo elemental le ha dictado a Allende que estos tiempos son propicios para adornar cualquier cuestionamiento con la acusación de colaboracionismo con la gestión del ex gobernador radical. Sin embargo, él mismo ha sido un exitoso negociador, a juzgar por el poder acrecentado en el IOSPER, sin dejar de considerar su invisible pero decisiva participación en la operación salvataje -cristalizada a partir del bochornoso voto del entonces diputado Félix del Real- con la cual Montiel finteó el juicio político.
Su relación con el poder ya se sostenía en la experiencia de haber realizado negociaciones con el gobernador Mario Moine, en tiempos de menemismo duro -durante la negada década de 1990- en la que las leyes de despidos masivos de empleados estatales estaban de moda. Allende aplaudió la Ley 8.706, y cuando la Justicia le asestó un duro golpe con un fallo adverso, convocó a conferencia de prensa para intentar despegarse. En la antesala de la oficina gremial en la que se realizaría el encuentro de prensa, los periodistas acordaron no preguntar nada como estrategia para no facilitarle alguna explicación.
Allende hizo un relato inconexo e inentendible, mostró fotos con las que intentó acreditar que alguna vez fue trabajador estatal (en las imágenes se lo veía junto a una carpa, supuestamente en misión laboral), dejó escapar unas lágrimas y dio por terminada la conferencia.
Gremialistas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguraban que para ese entonces, Allende ya había dejado sus huellas en las listas negras de los despidos que afectaban al bando contrario y en ningún caso al propio.
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