Antonio Tardelli
La libertad de expresión es una de las bases de los derechos y las libertades democráticas. Por ello, cuando los periodistas y los profesionales de la comunicación son silenciados, ellos no son las únicas víctimas de las leyes y las prácticas represivas; también lo son todas las personas que se ven privadas de su derecho a la información. La distribución arbitraria de la publicidad oficial es utilizada para premiar o castigar a periodistas y medios de comunicación por su línea editorial. En efecto, la discriminación, el abuso y la falta de criterios transparentes en la adjudicación de publicidad oficial constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión.
La adjudicación de publicidad oficial para premiar a los medios dóciles u oficialistas, así como la amenaza o directamente el retiro de ella por parte de organismos públicos a los medios críticos e independientes, constituye un mecanismo de censura indirecta. En las democracias establecidas, donde es impensable o ciertamente difícil aplicar la censura grosera y la persecución física, la discriminación en el otorgamiento de publicidad estatal suele ser un instrumento privilegiado de los gobiernos para acallar las críticas.
En su último informe regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), por medio de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuestionó la falta de regulación en la asignación de la publicidad oficial en la Argentina. “Tomando en cuenta las denuncias sobre asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial en el país -indica el texto-, la Relatoría Especial considera importante que se pueda avanzar en la consideración de proyectos de ley pendientes en el Congreso que procuran regular la asignación de publicad oficial”.
No es la primera vez que esa entidad pone la mira en la forma en que el gobierno nacional distribuye la publicidad oficial. Las críticas empezaron casi desde el inicio de la actual gestión, que dispuso un aumento exponencial del gasto en propaganda en los medios y abrió la puerta a denuncias sobre la aplicación de “premios y castigos” a los medios según su política editorial.
La mención del problema con la publicidad oficial sólo aparece en el apartado correspondiente a la Argentina, mientras que los otros nueve países sobre los que se hacen comentarios específicos registran problemas de otro tipo, según el análisis del relator especial. Diversas organizaciones no gubernamentales argentinas reclamaron a la Casa Rosada que promoviera una ley de regulación de ese gasto, que por el momento se distribuye según los criterios de la Secretaría de Medios a cargo de Enrique Albistur.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
