Valentín Bisogni
(desde Concepción del Uruguay)
El corresponsal de ANALISIS participó de la primera visita para el periodismo argentino desde que la planta de Botnia está funcionando. Fue a finales de enero y allí estuvieron presentes los principales medios de Buenos Aires y también algunos periodistas entrerrianos de Colón, Gualeguaychú y Paraná. Aquí un informe que muestra las contradicciones de los directivos de Botnia en torno al tema ambiental y además el reflejo de cómo la bonanza económica ya terminó en esa ciudad. También el testimonio de la ambientalista Julia Cóccaro y la lucha prácticamente solitaria contra la cuestionada multinacional.
Botnia es muy grande, casi tanto como la misma ciudad de Fray Bentos, está emplazada en 550 hectáreas. Un gigante de acero y madera despoblado, en el que sólo trabajan menos de 300 personas. Al llegar al lugar es obligatorio dejar los documentos, ya que al ser una zona franca, allí funciona una aduana. Sin embargo, en ningún paso de frontera es necesario dejar los documentos para pasar. La sensación es que se ingresa a otro país. Un mundo el que es necesario ingresar con casco, antiparras y protectores de oídos. El tránsito de camiones es intenso, van y vienen, y las máquinas no dejan de funcionar, triturando los troncos de eucaliptos los cuales se elevan en montañas a lo largo de muchas hectáreas.
Antes de iniciar un recorrido por todo el proceso de producción de la celulosa se brindó una conferencia de prensa. El momento más esperado fue en el que Gervasio González, gerente de medioambiente de Botnia, respondió a los cuestionamientos sobre el impacto ambiental. Muchas de las respuestas fueron evasivas. González afirmó que “la operación ininterrumpida de la planta” es lo “que aseguraba el mejor desempeño ambiental”. Sin embargo, más adelante se contradijo al afirmar que se pueden generar “derrames de los productos químicos porque es una planta que opera las 24 horas, hay tanques de almacenamiento que pueden tener desbordes”.
Sobre el tratamiento de los efluentes se explicó que permite mitigar los impactos en el río y evitar que cualquier efluente proveniente de la planta cause un efecto negativo en el río Uruguay. Pero ante la repregunta de este cronista sobre si la empresa puede contener los efluentes cuando los niveles de contaminación del río Uruguay excedan lo permitido, insistió en que “la descarga de la planta no afecta el río” y que “lo que sí puede haber en una situación de contingencia, es un derrame dentro de la planta” que sería retenida para ser procesada en la planta de efluentes.
Luego el gerente de medioambiente de la empresa afirmó que el río Uruguay “presenta algunos parámetros por encima de lo que establece el digesto de CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) o el decreto uruguayo, tiene algunos valores puntuales que están permanentemente por encima de los establecido”. Sobre posibilidad de que la CARU viaje a inspeccionar el lugar y a tomar muestras indicó: “La empresa, en las primeras etapas de la instalación invitó a delegados a Finlandia, a conocer otras plantas de celulosa”, y se excusó: “Hubo un contacto con la CARU”.
La planta está prevista para funcionar casi 40 años y desde la misma empresa se confirmó que el impacto ambiental no se nota en el corto plazo, por lo que las primeras mediciones no se pueden tener muy en cuenta. Este punto fortalece lo que viene sosteniendo la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y debilita los primeres estudios ambientales que fueron dados a conocer como grandes logros. Además, en el recorrido se pudo observar que el galpón, desde el cual se despachan los fardos con planchas de celulosa, estaba vació y, teniendo en cuenta su gran dimensión, llamó la atención a muchos porque se sospecha que la pastera no está un su máximo nivel de operatividad.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
