Silvio Méndez

De acuerdo con un relevamiento del Ministerio de Salud de la provincia, existirían 35 instituciones que prestan servicio de atención geriátrica en Entre Ríos. El número no es certero, ya que no existe una cifra actualizada y muchos establecimientos que hospedan a adultos mayores no están registrados como tal, y figuran como pensiones o bajo otra actividad. La estimación oficial señala que estos albergues, distribuidos en ocho departamentos, alojan un poco más de 1.000 personas.

Del total, 23 corresponden a hogares sin fines de lucro, y por lo cual reciben una asistencia del Estado. Pero en rigor, tal ayuda que consiste en un subsidio de 460 pesos por empleado en blanco y una tarjeta Sidecreer con crédito para adquirir alimentos, no se está cumplimentando como debiera. En lo que va del año, la provincia no ha girado dinero para sueldos de los trabajadores que atienden a las personas mayores.

Y si bien se comprometieron partidas para mediados de septiembre, las necesidades son aún muchas.
Quienes administran diariamente esos hogares no comerciales señalan que se hace muy difícil sostener el funcionamiento con una asistencia tan limitada. En este sentido, se argumenta que el servicio que prestan cubre y beneficia ampliamente una prestación de la cual es propio Estado carece.

Ya a fines del año pasado, la organización que nuclea geriátricos en la provincia advertía que “la situación económica financiera de la gran mayoría de los hogares es grave y agobiante. Varios tenemos deudas con AFIP y con ART, algunos en instancias judiciales, uno con sentencia de remate del inmueble. A la vez, debido a la implicancia que tiene en el presupuesto, los montos destinados a sueldo del personal, no se pueden atender otras necesidades, ya sea relacionadas a mantenimiento y mejoramiento de edificios y equipamiento, como a la vida cotidiana de los viejos en cuanto a recreación, ocupación del tiempo libre, atención psico-emocional, relación con familiares, etcétera”.

Con relación a la ayuda para los haberes de los empleados, no sólo se ha pedido una asignación del subsidio en tiempo, también una actualización. Este punto es relevante respecto a que las garantías para una adecuada atención e infraestructura para albergar a los adultos mayores se vinculan con la disponibilidad de recursos que hoy se destinan básicamente a personal y servicios básicos como luz o gas.
En definitiva, el planteo que subyace es que realice un reconocimiento de la problemática para que la atención de la gente mayor se torne prioritaria en la agenda de la acción social y salud desde el Estado.

Leyes

Desde el 21 de noviembre de 2007 rige en la provincia la Ley Nº 9.823 de Instituciones y Servicios Geriátricos. La normativa regula la habilitación y control de establecimientos gerontológicos aunque, a pesar del tiempo transcurrido, aún no se reglamentó y, por ende, no se efectivizó su aplicación.

(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)